“Dentro de 10 o 15 años, cuando el mineral se agote y las corporaciones se vayan, nada volverá a ser igual, tanto los ecosistemas como la vida de las poblaciones nunca más volverán a ser lo que son hoy. ¿Por qué? ¿Quién tiene el derecho a decidir que esto ocurra?”
Norma Giarracca, “La catástrofe minera y el silencio”, en Página/12, 10/11/2008

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Como una broma del destino, un año después del derrame de solución cianurada ocurrido el 13 de septiembre de 2015 en la mina Veladero –explotada por la empresa Barrick Gold– la noticia de un nuevo derrame volvió a conocerse entre los vecinos de Jáchal e Iglesias en San Juan. Como suele ocurrir con estos “accidentes”, la empresa y el gobierno provincial demoraron la difusión de lo acaecido y, recién cuando la información se difundió en las redes sociales, aparecieron las explicaciones del caso.

En efecto, dos días después el gobernador Sergio Uñac anunciaba el “cierre preventivo de la mina hasta tanto se tenga información de lo sucedido”, mientras que desde Canadá la empresa Barrick Gold expresaba en un comunicado que “por las características del incidente no hubo amenazas para la salud de los trabajadores, las comunidades o del medioambiente”, minimizando, una vez más, la gravedad de los hechos. El silencio de las autoridades gubernamentales frente a este tipo de “accidentes” es duramente criticado por los pobladores locales, que no dudan en afirmar que si no se manifiestan públicamente, “los derrames no existen”.

Desde hace décadas la actividad minera a cielo abierto es cuestionada por amplios sectores de la sociedad a nivel global: habitantes de las poblaciones adyacentes a las minas, científicos e investigadores de diferentes disciplinas, asambleas de vecinos, ONG, y diferentes movimientos sociales han denunciado las consecuencias sociales y ambientales que provoca esta actividad. Lejos de ser una situación excepcional, la contaminación producto de las explotaciones mineras a gran escala –en sintonía con otras de tipo extractivo como los hidrocarburos o el agronegocio– resulta intrínseca a esta actividad. La utilización intensiva de químicos nocivos para el medioambiente y la salud (cianuro, ácido sulfúrico y/o xantato) y el requerimiento de volúmenes cuantiosos de agua en zonas donde la misma es escasa, generan un impacto irreversible sobre la biodiversidad, los cursos de agua, el paisaje y los modos de vida de las poblaciones locales.

Asimismo, el avance de la megaminería se legitima a través de un relato productivista y modernizador, que se presenta como el único modelo capaz de dinamizar las economías locales y hacer posible las promesas de “desarrollo” y “progreso” de la modernidad. Frente al discurso hegemónico del “desarrollo sustentable” las asambleas vecinales locales irrumpen en el espacio público cuestionando esta actividad extractiva e, incluso, la idea misma de “desarrollo”.

Así, las poblaciones que conviven con los emprendimientos mineros o con su amenaza latente en sus territorios despliegan diversas formas de resistencia. Por un lado, interpelan al Estado a través de acciones legales como amparos, denuncias, presentación de peticiones para la anulación de las leyes mineras, demanda de consultas populares y leyes que prohíban la minería a cielo abierto. Por otro lado, realizan acciones directas que se caracterizan por ser deliberativas, autónomas y disruptivas: movilizaciones, caravanas, cortes de ruta, festivales, charlas informativas en plazas y escuelas, proyección de documentales y performances. Todas estas conforman el vasto repertorio de acciones desde el cual las asambleas han logrado instalar en la agenda pública el debate acerca de la (in)sustentabilidad de la megaminería.

El gobernador Uñac tuvo que afirmar que el objetivo de su gobierno es “ser una provincia minera pero con mucho control ambiental”, al tiempo que aclaró que la agricultura es también prioritaria. En este sentido, cabe preguntarse sobre las posibilidades reales de compatibilizar actividades económicas que utilizan los mismos y escasos recursos –el agua fundamentalmente– teniendo en cuenta que la megaminería es una actividad altamente contaminante e influye directamente sobre la calidad de vida de las poblaciones.

El desarrollo de la megaminería en la provincia se realizó en paralelo al perjuicio de las agroindustrias de las economías regionales, lo que se observa comparando los Censos Nacionales Agropecuarios 2002 y 2008, sobre todo en la disminución de la diversidad productiva. Según los últimos datos publicados por la Subsecretaría de Coordinación Provincial del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, en San Juan, “las exportaciones en los últimos años tuvieron un enorme crecimiento llegando a un valor de 2293 millones de dólares en 2012 (15 veces más que lo exportado en el año 2003)”, lo cual se vincula directamente con la producción minera.

Por todo esto resulta problemático afirmar que es posible un “desarrollo minero sustentable” respetuoso del ambiente, las poblaciones locales y compatible con otras actividades económicas que se despliegan –o tienen potencialidad– en esos mismos territorios, fundamentalmente la agricultura o el turismo.

Como afirmaba ya en 2008 Norma Giarracca, fundadora del GER-GEMSAL y nuestra formadora como investigadores sociales: “¿Quién tiene el derecho a decidir que esto ocurra?”. Creemos, entonces, que son los pueblos quienes pueden y deben definir qué tipo de actividades se despliegan en sus territorios, son las poblaciones las que deben resolver las alternativas al “desarrollo” del extractivismo minero buscando en su propia historia y construyendo su propio futuro, una forma de producir y vivir en armonía con la naturaleza.

* Sociólogas/os e investigadores del Grupo de Estudios Rurales-Grupo de Estudios de Movimientos Sociales de América Latina (GER-Gemsal), Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA.