Todo lo que cabe afirmar razonablemente es que la emergencia dura todo el tiempo que duran las causas que la han originado”, concluían hace doce años los doctos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como quien dijera que el amor dura lo que dura. Los magistrados lo habían explicado luego de señalar que “la temporariedad que caracteriza a la emergencia, como que resulta de las circunstancias mismas, no puede ser fijada de antemano en un número preciso de años o de meses”. Dura lo que dura. Y es dura, durísima. Esos impactantes razonamientos fueron volcados en un histórico fallo de 1990, año en que el Alto Tribunal vio ampliado de cinco a nueve el número de sus jueces por iniciativa del presidente Menem.
Aquel pronunciamiento, destinado a cohonestar el Plan Bónex, parecía arrumbado en el pretérito, pero ha sido exhumado copiosamente días atrás en los considerandos del decreto 494/2002, que firma el Gabinete nacional en pleno y vuelve a cambiarles compulsivamente a los depositantes sus fondos por papeles estatales de deuda a largo plazo y con altísima incerteza de cobrarlos algún día. Pero lo simpático del caso es que la Maldita Corte, que está siendo procesada por el Poder Legislativo, es la fuente de respaldo a la que acude el Poder Ejecutivo para fundamentar la legalidad de su decisión. Ocho veces se vuelcan en letras de molde las siete palabras que componen el nombre del venerable jurado. (Por cierto, “Siete palabras” se llama un viejo tango prostibulario, cuyo verdadero título era “Siete pulgadas”, en obviable referencia. Hay una conocida versión de Carlos Di Sarli.)
En 1990, la Corte decía que el “descalabro económico generalizado” amenazaba con llevar a la sociedad a la anomia (falta de ley y reglas) y con tornar inviable la vida política organizada, hundiendo al país en la fragmentación y el desorden. Amparado y protegido por el Alto Tribunal, el Gobierno tomó medidas extraordinarias que, al cabo de un decenio, lograron reinstalar el descalabro económico generalizado.