Imaginemos que el administrador del edificio en el que vivimos nos informa que ha logrado: 1) aumentar la recaudación por expensas; 2) equilibrar las finanzas del consorcio. Esto nos satisfaría. Supongamos también que por otra parte nos enteramos de que dicho administrador: 1) ingresó a las arcas del consorcio parte de los ahorros de algunos consorcistas, que se los habían dejado en depósito; 2) redujo el sueldo del encargado del edificio; 3) suspendió los pagos a algunos proveedores; 4) liquidó mal las expensas de algunos vecinos para hacerles pagar más de lo que el reglamento de copropiedad establece; 5) nos informó el aumento de la recaudación en “pesos nominales”, a pesar de la existencia de la fuerte inflación acumulada desde el 31/12/01. Esto nos disgustaría. En rigor, el administrador de este caso hipotético no sería más que un seguidor (en pequeña escala) del actual Gobierno, pues éste; 1) “pesificó” (inconstitucionalmente) depósitos en moneda extranjera efectuados en bancos estatales; 2) desató un fuerte proceso inflacionario y mantuvo (o aumentó levemente) las remuneraciones nominales de los empleados públicos, lo que le permitió reducir enormemente las correspondientes remuneraciones “reales”; 3) dejó de pagar los intereses y las amortizaciones de ciertos títulos públicos, algunos de los cuales también fueron ilegalmente “pesificados”; 4) trata de impedir que los impuestos a las ganancias se liquiden sobre resultados ajustados por inflación, gravando en algunos casos ganancias imaginarias y permitiendo en otros la deducción de pérdidas ficticias; 5) informa las variaciones de la recaudación impositiva en términos nominales, como si ella no estuviese afectada por el proceso inflacionario.” En estos términos –seguidos de otros similares o más drásticos aún– ve las cosas Enrique Fowler Newton, contador público de gran prestigio en la profesión, lo cual da una idea del grado de controversia y desacuerdo que reina en el ambiente. ¿Habrá forma de alcanzar una módica armonía?