Los planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados “fomentan la vagancia” afirmó hace unos días el monseñor Jorge Casaretto, análisis repetido sin cuota de reflexión por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y luego avalado por el presidente Néstor Kirchner. Escasa reacción tuvo esa (des)calificación, con lo que ha resultado una brisa de aire fresco la intervención del sociólogo Javier Auyero que, en una entrevista publicada el jueves pasado en Página/12, demuele en pocas palabras lo que él denominó “esa teoría que mezcla elitismo con estupidez”. Especialista en temas sociales, profesor de la Universidad de Nueva York, Auyero explicó que “detrás de esa pseudo-teoría están dos acusaciones veladas: una, que los desempleados están sin trabajar porque no quieren trabajar. Nadie puede tomar en serio eso. Dos, que la protesta no sirve”. Para fortuna de una parte de la sociedad que no piensa que a los desocupados, cuya expresión política se da en forma diversa en decenas de organizaciones piqueteras, haya que barrerlos debajo de la alfombra ese debate no ha quedado monopolizado por el discurso que desprecia la protesta social. Un interesante documento de discusión, preparado por expertos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), aporta enriquecedoras conclusiones sobre el programa Jefas y Jefes. Además de las precisas críticas que realiza a ese plan asistencialista, revela la vagancia intelectual de aquellos que están convencidos de que los pobres se mantienen en esa situación porque quieren.
El trabajo del CELS, elaborado por Laura Pautassi, Julieta Rossi y Luis Campos, reconoce inicialmente el “esfuerzo importante” del Gobierno por extender prestaciones asistenciales a un número significativo de personas. Esa masividad la explican en el hecho de que el plan nace no sólo como herramienta de la política social sino principalmente como instrumento para apaciguar un conflicto social de características inéditas “que ponía en juego la continuidad del sistema político institucional”. El documento describe los rasgos generales del plan, cuestiona su pretendido carácter redistributivo y la eficacia en términos de reducción de la pobreza e indigencia, describe los mecanismos de asignación y sus irregularidades, entre otros aspectos. Aquí vale la pena detenerse en el capítulo referido a las “contraprestaciones requeridas” para refutar la teoría de la vagancia.
Se argumenta que el Plan Jefas y Jefes busca la “inclusión social” a través del desarrollo de tareas socialmente útiles de los beneficiarios,que les permitirá integrarse a la dinámica laboral. A la vez, se sostiene desde el saber oficial que así se evitarían las denominadas “trampas del desempleo”: que el desocupado perciba el dinero “sin hacer nada a cambio”. Los especialistas del CELS refutan esa idea en forma contundente: “No es éste el caso. La idea de contraprestación pierde peso en tanto no hay formas productivas estables para absorber a esta fuerza de trabajo desocupada”.
De acuerdo con la información disponible, aclaran los autores, el Plan Jefas y Jefes, a través de la exigencia de la contraprestación, está reemplazando puestos genuinos de trabajo, profundizando aún más el proceso de precarización y flexibilización laboral. Ponen como ejemplo el convenio del Ministerio de Trabajo con la Secretaría de Turismo que permitió emplear un total de 500 beneficiarios en tareas de asistencia turística en el Centro Recreativo Ezeiza y en las principales playas de la Costa Atlántica. De esta manera, apuntan, “los beneficiarios del plan trabajan por la suma irrisoria de 150 pesos, mientras que esa contraprestación no implica una relación de trabajo formal, ya que no garantiza cobertura previsional ni sanitaria”.
Para esclarecer en esa oscuridad a la que le teme la clase automotriz —nueva categoría social aglutinada al calor de los cortes de vías de tránsito–, Pautassi, Rossi y Campos afirman que “si se toma en consideración que desde los mentores del plan, ésta es una política redistributiva del ingreso, menos aún debería ser necesaria una contraprestación por ello”. Esto es, si se trata de distribuir rentas nacionales en forma equitativa y de ese modo “compensar” a los desfavorecidos por el proceso de concentración del ingreso, menos aún se justifica desde allí esa necesidad de la “devolución” del dinero recibido en tareas “socialmente útiles”. Además, remarcan que si no se estimula a los perceptores del subsidio a que se inserten en el sector educativo formal o en actividades de capacitación, la contraprestación seguirá actuando como mecanismo clientelar “permitiendo abusos por parte de los empleadores y generando una estigmatización de los beneficiarios del plan en desmedro de su integración”.
Ahora bien: ¿Dónde está la vagancia?