La demorada aprobación de la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario confirma una evidencia que merece no dejarse pasar por alto teniendo en cuenta lo que se viene: los organismos financieros internacionales, controlados por los países más poderosos del mundo, han perdido la brújula sobre lo que quieren luego de la sucesión de fracasos de los ‘90. Las internas que se han precipitado en el seno del directorio del FMI por el caso argentino, las idas y vueltas en el discurso del gobierno de George W. Bush y la desorientación de los acreedores en default, tienen su origen en que desapareció el paradigma de la década pasada y no ha sido reemplazado por otro. Los millonarios paquetes para rescatar del naufragio a economías en crisis fueron desestimados por la administración republicana que desembarcó en el 2000 en la Casa Blanca. Pero se archivaron esos programas de socorro, en línea con la política del moral hazard (riesgo moral), sin construir otro mecanismo financiero para enfrentar descalabros de proporciones, como el default de la Argentina. Además, las instituciones multilaterales (FMI, Banco Mundial y BID) se encuentran desprestigiados, precisamente, por no haber sabido evitar las crisis de países que en otro momento se denominaban emergentes. Y para sumar desorientación, la Argentina emerge de su peor depresión por un sendero que ha registrado matices de independencia de la receta tradicional del Fondo.
En ese contexto se plantea la exigencia de “buena fe” por parte de Anne Krueger y el consejo de “una reestructuración colaborativa, comprensiva y sustentable” de Horst Köhler. Esos reclamos de la conducción del Fondo a la Argentina sobre la deuda en default revelan ese estado de confusión en que ha quedado ese organismo, emergente de la actual ausencia de un nuevo paradigma para los países con elevado endeudamiento. Si la refutación a esa cuestión refiere a que el modelo perdura por la exigencia de una mayor disciplina fiscal, con excedentes crecientes como lo muestra Brasil, su debilidad resulta más patética. El gigante de América del Sur no contabilizó crecimiento el año pasado y esquivó números negativos gracias al boom de la soja, que también allí impulsó al sector agropecuario a rendimientos extraordinarios. O sea, más ajuste fiscal para pagar más a los tenedores de bonos en cesación de pagos, que de eso se trata las presiones del FMI, adelanta menos crecimiento económico. Eso no es un nuevo paradigma sino un rebajado papel de lobbista de acreedores en default.
Como luce inconsistente incrementar el excedente fiscal, tal como lo prueba la recuperación acelerada de la Argentina frente al estancamiento de Brasil, las dos K del Fondo apelan a conceptos tan escurridizos como “buena fe” o “reestructuración comprensiva”. Esa desorientación tiene su origen, como ya se mencionó, en la ausencia de un nuevo paradigma en reemplazo al fracasado de los ‘90. Pero también a un diagnóstico equivocado sobre la responsabilidad del default. En más de una oportunidad se han detallado los groseros errores del Fondo que fueron incubando el estallido argentino. A la vez, se ha precisado los efectos devastadores de la convertibilidad de la dupla Menem-Cavallo (al margen, se acuerdan de la puja para definir la paternidad de esa criatura: ahora, ¿quién se quiere hacer cargo?). Además del FMI y del gobierno menemista y de De la Rúa, falta mencionar a un actor de esta obra que pasa desapercibido. Se trata de los principales bancos internacionales que colocaron los bonos argentinos a tasas exorbitantes engañando a sus compradores sobre la situación de la economía.
Si bien fueron embaucados por banqueros ávidos de cobrar comisiones elevadas, los inversores, pequeños o grandes, jubilados del Primer Mundo y fondos institucionales no han sido inocentes. Sabían que adquirían títulos públicos que ofrecían rentas desproporcionadas con relación a papeles de mercados estables. Asumieron un riesgo, inducidos o no por oficiales de cuenta de bancos, y deben asumir los costos implícitos de esa aventura. Se trata, en definitiva, de las reglas del mercado, que tanto publicita la ortodoxia local y la del Fondo. Quienes compraron los bonos que franquearon la puerta del default tenían la opción de otros títulos de deuda de países poderosos o de empresas líderes mundiales. En esos casos la tasa a percibir iba a ser mucho más baja que la ofrecida por la Argentina. Esa diferencia es lo que se denomina “prima de riesgo”. Cuanto más elevada, mayor es el riesgo de perder mucho como el de ganar mucho dinero. Ese es el dilema que se les presenta todos los días a los protagonistas que apuestan en el gran casino financiero internacional. Y en ese recinto no es de buen perdedor pedir al crupier que comparta los costos de fallidas apuestas.
En esa lógica elemental de mercado libre, los acreedores privados deben hacerse cargo de una parte sustancial de los costos derivados de los riesgos que asumieron al comprar bonos argentinos. La quita propuesta no es “agresiva”, de “mala fe” o “insustentable”. Esa poda es el costo que deben contabilizar inversores que apostaron a rentas elevadas y no las pudieron realizar porque esas mismas tasas les preanunciaban el colapso que no querían ver cegados por la tentación.
Ya es hora de poner las cosas en su lugar para dejar de escuchar el llanto hipócrita de acreedores que, en esta oportunidad, perdieron en la ruleta financiera y aspiran sin “buena fe” a que un país lleno de pobres les pague sus apuestas erradas.