El drama de muertes y desolación que se vive en la mina de Río Turbio es una imagen que refleja en el espejo a la Argentina que fue, es y aspiró a ser. Mineros atrapados en un socavón estremece y convoca a medios de comunicación para crónicas de desgarradoras historias familiares. La historia de YCF también merece ser contada.
La política económica de los últimos treinta años con el conocido deterioro socio-laboral afectó con más intensidad a áreas regionales cuyo desarrollo dependía del dinamismo de los complejos productivos estatales. Así fueron los casos de Hipasan, en Sierra Grande; de Altos Hornos Zapla, en Jujuy; de Somisa, en San Nicolás. La crisis de YCF y del sistema regional ubicado en la cuenca minera de Río Turbio constituyen un caso extremo de esos procesos. Los investigadores Agustín Salvia, Enrique Fette e Ignacio Aranciaga concluyen que “sobre ese complejo minero-industrial operaron en forma ejemplar tanto el modelo sustitutivo de importaciones como las políticas de crisis y ajuste estructural neoliberal”.
La década menemista, el grupo privado que manejó la mina y los estados provincial y nacional tienen su cuota de responsabilidad en el proceso de ajuste y desinversión, con el consecuente aumento del riesgo de trabajar en el yacimiento. La presente tragedia no se entiende sin tener una perspectiva de la dimensión local y sectorial, y a la vez histórica de la mina de Río Turbio. En el documento Crisis y reestructuración del complejo minero de Río Turbio en el escenario de la posprivatización, esa troika de investigadores puntualiza que la explotación carbonífera en Río Turbio se inició a mediados de los años cuarenta “en un contexto dominado por grandes transformaciones en las funciones del Estado y en la estructura productiva y social del país”. Ese proyecto estatal estaba orientado a superar las restricciones económicas de orden energético y reafirmar el control soberano en una zona patagónica desploblada. Salvia, Fette y Aranciaga afirman que YCF y su enclave minero deben su formación y desarrollo a dos condiciones históricas fundamentales: “la necesidad de acoplarse a las nuevas demandas estructurales que generaba la industrialización sustitutiva y el papel protagónico que asumió el Estado para garantizar el desarrollo de sectores estratégicos y la integración nacional”.
Esas dos condiciones quedaron relegadas durante los ‘90. En otro documento sobre YCF, La frontera después del ajuste. De la producción de soberanía a la producción de ciudadanía en Río Turbio, de Hernán J. Vidal, se destaca que “la progresiva solución de las disputas limítrofes entre Argentina y Chile hizo del oneroso aparato burocrático e industrial de YCF una víctima particularmente propicia para las políticas de ajuste estructural y reforma del Estado”. Desde mediados de los ‘80 se empieza a registrar una marcada caída de la inversión, la ocupación y los salarios, tendencia que se agudiza en los ‘90. De casi 4000 trabajadores la plantilla se reduce a menos de 1000, mientras que la remuneración media de los empleados de YCF cayó más del doble que el promedio nacional.
El 1º de julio de 1994 la explotación de la mina fue entregada en concesión por diez años a un grupo privado (liderado por Sergio Taselli, el mismo que controla Trenes Metropolitano, asociado con la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza). El concesionario se comprometió a abastecer con 370 mil toneladas anuales de carbón a un cliente cautivo, la usina térmica de San Nicolás, obligación que nunca llegó a cumplir. El Estado, por su parte, destinó 22,5 millones de dólares por año para subvencionarlo. Al tomar el control de la mina, el concesionario desconoció el convenio colectivo de trabajo, recortó beneficios y salarios indirectos, cerró la obra social y estableció nuevas reglas flexibles de contratación y despido. Como indicio de su sensibilidad, Taselli & cía. anularon la entrega gratuita de carbón a la comunidad.
Los investigadores Salvia, Fette y Aranciaga detallan que en esa etapa se produjeron cambios en la organización y de paradigmas productivos y no así en el orden tecnológico producto de las bajas tasas de inversión en ese período. Esas modificaciones implicaron un fuerte incremento en los ritmos de trabajo, ampliación y diversificación de tareas. “Estas medidas –apuntan– se pudieron llevar a cabo gracias al carácter disciplinador de las condiciones negativas del mercado de trabajo en la cuenca carbonífera”. Y como la crónica de una tragedia anunciada escribieron: “Uno de los efectos cuantificables que tuvo la reducción estructural de los gastos generales y la desinversión que se produjo en sectores fundamentales como el de equipamiento y seguridad industrial se ve en la cantidad de accidentes que se dieron a partir de la concesión de YCF”.
Cuando queden en el olvido los mineros atrapados en el socavón, el Estado debería definir una política nacional e internacional para el carbón extraído. Decidir si se incorpora a YCF a la ecuación energética nacional. Y pensar un proyecto estratégico para que los ineludibles subsidios que necesita el yacimiento, ubicado en un área casi deshabitada con un único centro poblacional a lo largo de 1340 kilómetros de frontera, tengan sentido.
En fin, falta saber cómo se presentará la imagen que en el espejo reflejará la mina de Río Turbio a la Argentina que será.