El debate sobre el desarrollo económico de las últimas décadas plantea una encrucijada difícil de abordar con recetas clásicas. La cuestión es de enunciación simple pero de una complejidad notable: el dilema que se presenta refiere a que el crecimiento económico no se traduce en una mejor distribución del ingreso.
Por el contrario, la torta de la riqueza que se genera año a año queda cada vez más concentrada en el selecto y pequeño núcleo que habita en la punta de la pirámide. El bienestar social ha quedado como una aspiración utópica, en un concepto olvidado.
No es una particularidad de esta Argentina de desigualdad perturbadora. Es una tendencia que se ha consolidado con intensidad en la dinámica de la economía global. Estados Unidos es el caso más paradigmático teniendo en cuenta el lugar que ocupa como principal potencia mundial. Pero también lo son modelos presentados como guía para naciones periféricas, como el de Chile, donde se ha consolidado un esquema de sostenido crecimiento económico al mismo tiempo de una inequitativa distribución de la riqueza.
Una forma de eludir la discusión, de relativizarla y de postergarla es proponer que el desafío pasa en estos momentos por bajar la tasa de pobreza y, después de logrado ese objetivo, avanzar en una política para alterar el injusto reparto del ingreso. Otra vía para escapar a ese necesario debate es alertar sobre que los aumentos salariales son un factor inflacionario. Esa estrategia resulta funcional a la lógica que no tiene la más mínima intención de cambiar el modelo de concentración.
Algunos pueden suponer que la pobreza y la distribución del ingreso deberían ir de la mano siempre en la misma dirección. Pero eso no pasa: cuando la pobreza aumenta empeora la distribución, y cuando baja la primera no mejora la segunda. El saldo de ese comportamiento es la constitución de una sociedad de excluidos permanentes, donde se ha archivado la idea –ciertamente alejada del discurso cotidiano– del bienestar social.
Para evitar confusiones vale la siguiente aclaración: es alentador, positivo y esperanzador que la economía crezca. Es una obviedad señalar que la encrucijada de la distribución de la riqueza se presenta en países donde existe crecimiento económico y no en uno que está barranca abajo. Por ese motivo, cuando el ciclo está en alza es que resulta imprescindible plantear ese desafío, porque en una economía en caída el problema es otro. Aunque, en todo caso, cuando se presentan esos ineludibles períodos de vacas flacas, un país con una mejor distribución del ingreso puede enfrentar las etapas económicas duras con más fortaleza, sin tantos desequilibrios sociales y con relativa paz política. Y por eso es tan importante abordar esa cuestión.
Ahora bien: ¿cómo se puede mejorar la distribución del ingreso? El libre juego del mercado no aporta nada bueno al respecto. Por eso el Estado tiene un papel estelar en esa misión. En primera instancia la forma de asignación del gasto es un potente instrumento en ese objetivo. Por ejemplo, construyendo escuelas, hospitales, caminos, redes de cloacas y aguas en zonas postergadas, en definitiva brindando las condiciones para el desarrollo del bienestar social y no simplemente construyendo redes de contención social. Un contraejemplo sería subsidiar a empresarios parasitarios, proteger a monopolios de servicios públicos, demorar regulaciones en sectores sensibles como el petrolero o enriquecer a contratistas del sector público pagando sobreprecios.
Otra de las herramientas en manos del Estado para alterar la dinámica del reparto inequitativo de la riqueza es la política tributaria. Aquí de lo que se trata es de una simple ecuación: quienes más tienen más deben aportar al fisco. Es decir que el Impuesto a las Ganancias sea más importante que el IVA en el total de la recaudación, y no solamente a nivel de montos, sino también en la progresividad de sus alícuotas. El IVA con una tasa del 21 por ciento implica una carga excesiva en proporción a los ingresos de la población de menores recursos. En cambio, el peso de la alícuota de Ganancias no significa una carga relevante sobre la riqueza de los sectores de mayor capacidad contributiva.
El gasto y los impuestos son dos de las armas más cercanas para encarar un camino de redistribución. Pero hay una que es más compleja, que requiere de una firme decisión política, y que apunta a determinantes estructurales del tipo de desarrollo de un país. Y ésos se refieren a la estrategia que define las bases del crecimiento económico. Fomentar y depositar las esperanzas en la inversión extranjera genera un proyecto de desarrollo de ciertas características. Apostar al fortalecimiento o resurgimiento de una “burguesía nacional” plantea otro trayecto, que no es opuesto al anterior pero muestra una preferencia sobre el origen del capital. También es diferente si se privilegia la producción de bienes de exportación o la que impulsa el mercado interno. Ninguna de esas sendas son excluyentes entre sí, sólo que se trata de una cuestión de a cuál de ella se le pone más énfasis en la implementación de las políticas.
En realidad habría que avanzar en ese análisis para distinguir si una y otra vía resultan, en definitiva, una sola ante la ausencia de uno de los protagonistas. En el caso argentino, ese lugar vacante sería el de la burguesía nacional, que casi no tiene presencia en el núcleo más dinámico de la economía, como precisó el economista Claudio Lozano en un par de recientes investigaciones sobre la cúpula empresaria.
Es cierto que no es sencillo encontrar el rumbo en esa encrucijada. Se sabe bien lo que no se quiere, aunque no tanto qué camino emprender para buscar un horizonte diferente. Lozano propone impulsar “una nueva institucionalidad democrática con mayor presencia organizada de los trabajadores y la comunidad”, junto a “la afirmación de pactos nacionales y sectoriales” y “la revalorización del papel de la regulación pública” como una cuestión estratégica.
Puede ser ese u otro sendero, pero lo que evidentemente sería frustrante es seguir transitando el mismo de los ’90, que ofrece lo que ya se conoce: un exitoso proceso de reestructuración de la deuda acompañado de crecimiento económico con pésima distribución del ingreso.