El aumento de la jubilación mínima a 470 pesos y la suba del 11 por ciento para el resto de los haberes, recibiendo los de más de 1000 pesos el primer ajuste después de 14 años, implica el pago de una cuota más de la histórica deuda social acumulada con uno de los sectores más postergados de la sociedad. Deuda que todavía no ha sido saldada en su totalidad. Como en muchas de las iniciativas en materia económica que tiene el Gobierno, el recipiente puede ser analizado deteniéndose en el espacio lleno o puntualizar el que está vacío. Evaluación necesaria para poder interpretar la tendencia de una determinada estrategia de ingresos.

En este caso, pese a la recomposición generalizada de las jubilaciones, se continúa con el fortalecimiento de la política de mejorar proporcionalmente más las mínimas. Con el último ajuste, el 65 por ciento del total del universo de jubilados pasará a cobrar el haber mínimo, convirtiendo la pirámide previsional en una figura con una inmensa base y ladrillos superiores bastantes estrechos. Puede ser que en un contexto de emergencia social ésa sea la política más adecuada porque atiende a los más postergados. Pero también es cierto que, si bien puede resultar progresista en la distribución de los recursos, va configurando un régimen previsional amorfo. El sistema de reparto culminará en un amplio –a partir de una lenta política de universalización de la asignación– y uniforme –por el lado de los ingresos– programa de asistencia a los jubilados. No importa en ese esquema si en la etapa activa el jubilado aportó más o menos a la caja previsional. Al momento del retiro todos cobrarán lo mismo. Además de la solidaridad intrageneracional, sustento básico de un régimen de reparto, en el modelo que se está configurando emerge a la fuerza la solidaridad entre jubilados: en la distribución de recursos, quien más debería recibir en función de sus aportes termina resignando parte de su ingreso teórico para mejorar el haber de la creciente masa que cobra la mínima.

Aunque el sistema así se presenta más igualitario, no es necesariamente más equitativo. Un modelo en el que todos cobran lo mismo es, sin duda, igualitario. Sin embargo, si en ese mismo sistema a quienes aportan más se les promete un haber mayor, para luego congelarlo o deteriorarlo en términos reales en función de la recuperación de los más postergados, no resulta equitativo al interior del régimen. Más aún, si el Estado quisiera podría reconstruir la distorsionada pirámide previsional con la holgura que registran las cuentas fiscales y también previsionales. El gasto total previsional sigue siendo, luego de los últimos aumentos, 16 puntos menor que el de 2001 en relación a las erogaciones totales. Sin desatender a la mínima, los ajustes en las otras escalas deberían empezar a ser proporcionalmente mayores. Pero se sabe que, después de haber transitado una de las peores crisis de la historia moderna, ésa no es una medida que un gobierno pueda incluir en el manual de lo políticamente correcto, reglas condicionadas por encuestas y la opinión histérica de la mayoría de los medios de comunicación.

La complejidad en la redistribución de los recursos previsionales es un análisis estático pues sólo aborda cómo se reparten los ingresos. En cambio, el origen de los fondos así como el modelo general de funcionamiento del régimen no está todavía en la agenda oficial. El sistema recuperó autonomía financiera por la recuperación económica y el consiguiente aumento del empleo, que implicó un mayor cumplimiento de las obligaciones previsionales, además de la incorporación de aportes por los nuevos trabajadores. De todos modos vale recordar que el sistema fue desfinanciado por el desvío de recursos hacia las AFJP y también por la rebaja de las contribuciones patronales a mediados de la década pasada.

Esa disminución fue instrumentada por Domingo Cavallo bajo la excusa de que permitiría bajar el desempleo y aumentar la competitividad en el marco de un tipo de cambio fijo. En realidad fue una “devaluación fiscal” en una convertibilidad que manifestaba así su inconsistencia. En la práctica, esa rebaja de aportes no mejoró la situación ocupacional –por el contrario, en ese período subió el desempleo–, lo que terminó convirtiendo esa iniciativa en subsidios a las grandes empresas por menores costos laborales. Ahora, en un contexto de una fuerte devaluación como salida traumática del 1 a 1 y con una política expresa de mantener un tipo de cambio alto, los costos laborales se han reducido sustancialmente aún más. Recién a partir del año pasado han subido un poco por las mejoras salariales. Por lo tanto resulta controvertido seguir manteniendo esa rebaja de las contribuciones patronales. Hoy esos aportes se ubican entre 17 y 21 por ciento del salario, según la actividad y la zona de residencia de la empresa. Antes eran del 33 por ciento.

Otra fuga de recursos fue la creación del sistema de jubilación privada. Aquí no se trata solamente de la pérdida de fondos, que provocó un bache fiscal de proporciones siendo éste uno de los factores endógenos que debilitó a la convertibilidad, sino de la necesaria contra-reforma de un régimen que se reveló como un gran negocio financiero exclusivamente para los bancos.

La recomposición de los haberes jubilatorios, con las particularidades que asumieron esos ajustes, es una de las facetas para poner en orden el sistema. Aún está pendiente avanzar en la reestructuración del modelo de AFJP. Todo esto siempre y cuando el objetivo sea reconstruir el sistema previsional para abandonar el actual de imprevisión social. Deuda que aún no ha empezado a saldarse.