La convocatoria al Consejo del Salario es un hecho positivo. La discusión del nivel de ingresos mínimo de los trabajadores formales es un avance. Y es para subirlo y no para bajarlo, aclaración que no es intrascendente porque vale recordar la experiencia de ajuste inaugurada por Aluar, a comienzos de la década del noventa, con su propuesta de reducir en 25 por ciento los sueldos. La fábrica de aluminio gatilló una dinámica de poda de ingresos en el resto de las empresas, con el entonces titular de la UIA, Jorge Blanco Villegas, actuando de impulsor entusiasta de esa política. La relevancia de que funcione el Consejo del Salario no implica que el contenido de su agenda sea insuficiente, debido a que se ha restringido a definir solamente el sueldo mínimo excluyendo el análisis y debate sobre todo el universo laboral –incluyendo a los jubilados– que está fuera del área del salario formal.

En la Argentina con movilidad social y baja desocupación (en 1974, la tasa de desempleo se ubicaba cerca del 4 por ciento), extendido trabajo asalariado formal, una estructura sindical fuerte y un cuadro de mayor equilibrio entre las distintas regiones del país, el salario mínimo actuaba como un piso efectivo para el resto. Ahora, el escenario es otro. La definición del salario mínimo atiende a un selecto núcleo de empleados en el marco de la heterogeneidad y fragmentación del mercado laboral. Igualmente es un instrumento valioso en el camino de la recomposición de ingresos de los trabajadores, pero evidentemente no alcanza para dar respuestas a la complejidad que presenta el actual panorama laboral.

Esa cuestión fue destacada en un reciente documento del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, coordinado por el diputado Claudio Lozano, al señalar que con desarticulación geoeconómica del país, tasa de desocupación elevada, pronunciada informalidad y “un modelo sindical en crisis, seguir suponiendo que al fijar el salario mínimo se establece el piso de ingresos para todos los trabajadores es vivir en una burbuja y convalidar estrategias que, presentadas bajo el rótulo de la equidad, terminan discriminando al interior de los propios trabajadores”. En el Gobierno son conscientes de esa limitación y sostienen que su política de inclusión reúne otros instrumentos además del Consejo del Salario. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, afirma que “el empleo es el centro de la política oficial y que el crecimiento tiene que ser con inclusión social porque sino no es sustentable”. “Nos estamos preocupando, además de buscar disminuir la cantidad de desocupados, en mejorar la calidad del empleo, que tiene que ver con la informalidad”, asegura.

En el informe de la CTA, Lozano & equipo apuntan que “apostar a la mera recuperación de la economía y el empleo, y en este marco privilegiar la regulación sobre el mercado de trabajo formal, es una estrategia ineficaz para llegar al conjunto de los sectores populares, porque no incorpora los tres elementos que vienen caracterizando la evolución del mercado laboral: a) caída en la creación del empleo; b) elevado grado de ilegalidad laboral y desocupación; y c) menores ingresos en los nuevos trabajadores formales”. Tomada explica que el tema del trabajo en negro fue puesto en la agenda social por parte del Gobierno, que 9 de cada 10 empleos creados son en blanco y que por primera vez en 30 años el trabajo en negro empezó a descender. “Con el empleo en negro no hay que tomar medidas universales, como la receta que nos vendieron en los ‘90 de que había que bajar los aportes patronales, que sólo benefició a las grandes empresas”, indica, para agregar que “lo que sí hay que hacer son medidas focalizadas”. Pone como ejemplo el sistema de descontar en Ganancias el aporte social por las empleadas domésticas y el registro de las empresas de limpieza y seguridad como requisito para participar de licitaciones para la prestación de servicios en compañías públicas o privadas. “La política para disminuir el trabajo no registrado es una preocupación central del Gobierno”, asegura Tomada.

En una economía que crece a tasas chinas, con una todavía elevada elasticidad empleo/producto que despeja el camino a reducir el desempleo a un dígito en este año con planes Jefes y el año próximo sin planes, la cuestión principal pasa a ser la todavía elevada informalidad y el nivel de ingresos de los trabajadores. Aunque sigue siendo alta una tasa de desocupación en el rango del 10 por ciento, se trata de un índice promedio de la región. Además, “el analfabetismo laboral” por el prolongado período de destrucción de puestos de trabajo y exclusión social determina un importante núcleo permanente de desempleados. La mayor fragilidad en ese complejo y lento tránsito de reconstrucción del mundo laboral se exterioriza en el sector informal.

En el último documento de investigación de la consultora Equis, conducida por Artemio López, se analizan los efectos socioeconómicos regresivos del trabajo en negro, en base a la Encuesta Permanente de Hogares del Indec del primer trimestre de este año. Una de las conclusiones de ese informe revela que los trabajadores en negro reciben salarios un 63 por ciento más bajos respecto a los formales por igual carga horaria y actividad y el 40 por ciento reside en hogares pobres por ingresos. En cambio, sólo el 7 por ciento de los trabajadores formales vive en hogares pobres. “Este impacto diferencial es el que explica de manera muy consistente la persistencia de un núcleo duro de pobreza por ingresos, que dada la elasticidad empleo/pobreza (por cada punto de empleo cae 1,4 la pobreza), se estima que habrá de consolidarse en torno al 20 por ciento”, precisa Artemio López.

El empleo en negro del primer trimestre de este año se ubica en 44,4 por ciento, tres puntos menos que en igual período de 2005. Desde marzo de 2003 ha descendido 11 puntos, lo que indica que la informalidad va retrocediendo a un perezoso ritmo de tres puntos por año. Con esa intensidad, recién dentro de ocho años se alcanzarían cifras promedio históricos en torno al 20 por ciento. En el Ministerio de Trabajo sostienen que el descenso de la desocupación a un dígito terminará por acelerar el proceso de disminución del stock de la informalidad.

El desafío, por lo tanto, ya no es sólo festejar que la tasa de desempleo va camino a un dígito, sino la de reconstruir el tejido laboral en su conjunto para que el salario mínimo vuelva a representar a una mayoría y no como en la actualidad a una porción minoritaria de los trabajadores.