Al igual que con las estadísticas de desocupación, con las de pobreza e indigencia, se debe empezar a realizar un análisis más fino que las brutas cifras globales. Esa posibilidad viene ofrecida por el importante descenso de esas tasas clave para evaluar la realidad sociolaboral. El desempleo en 8,7 por ciento y con Planes Jefes cercano al 10 por ciento, con tendencia a seguir bajando por el acelerado crecimiento económico, ubicará a ese indicador en valores “tolerables” socialmente. El estudio del mercado laboral por tasa de desocupación seguirá siendo relevante, pero habrá que prestar más atención sobre la calidad y las condiciones laborales, además de los niveles de ingresos. Hoy, debido al bienvenido ritmo de creación de puestos de trabajo, la cuestión principal pasa por la obscena informalidad que alcanza al 43 por ciento de la fuerza laboral. Esto implica desprotección social para el trabajador, por la carencia de cobertura médica y aportes para una jubilación futura. Como un motor de una sociedad es el reclamo para superarse, la mirada empezará a posarse sobre el empleo en negro para que políticas públicas particulares se hagan cargo de ese problema. Con las cifras de pobreza e indigencia pasará lo mismo, aunque todavía no han alcanzado esos rangos de “tolerancia” pese al fuerte retroceso que se ha verificado en la última medición.

De todos modos, resulta interesante precisar esos números fríos de la exclusión aproximándose al interior del universo de la población en condiciones de pobreza e indigencia. Las bases para ubicar esos indicadores sociales en magnitudes previas a la crisis tienen que ver con: 1. Fuerte crecimiento económico. 2. Suba del salario mínimo a 800 pesos, que antes de las elecciones se elevaría a 1000. 3. Alza del salario real de los trabajadores en relación de dependencia con el ajuste promedio del 19 por ciento en 2006, comportamiento que se repetiría este año con un acuerdo sindicatos-empresas del 15 por ciento. 4. Arrastre del ingreso del trabajador en negro por esos ajustes, que implicó una mejora del 20 por ciento el año pasado, según el Indec. 5. La moratoria previsional que incorporó a un millón de ancianos al sistema, que antes no recibían nada y ahora cobran unos cientos de pesos. 6. Recomposición de la jubilación mínima. 7. Los acuerdos de precios en productos de la canasta básica que contuvieron el alza de alimentos y bebidas.

Ahora bien, con esa estrategia oficial que continuará este año con elevada probabilidad de repetir resultados favorables, emergen algunas cuestiones interesantes. Una de ellas fue expuesta por el sociólogo Artemio López, en su blog rambletamble, al buscar una explicación a la caída de la pobreza teniendo en cuenta la calidad del empleo (elevada informalidad) y salarios (el promedio del trabajo en negro se ubica en 490 pesos, apenas 10 por ciento por sobre el valor de la línea de indigencia). La respuesta la encontró en las estadísticas de ingreso familiar total mensual del hogar: el salario principal –del jefe de la casa– es bajo pero es complementado por el ingreso familiar ampliado, debido a la suma de perceptores de remuneraciones (cónyuge e hijos) y eventuales changas. Esa adición de mensualidades por diferentes vías eleva el ingreso familiar total a 1520 pesos, según calcula López en base a datos del Indec. “La sostenida caída de los niveles de pobreza a indigencia por ingresos –explica López– está sostenida en una gran oferta de empleos de baja productividad, mala calidad y escaso salario, que logran, sin embargo, conformar un ingreso familiar total que triplica el salario del trabajador informal que ejerce la jefatura.” Para concluir que “esta dinámica de pluriempleo muy mal pago se refleja en la mejora de índices sociales relevantes y ofrece gobernabilidad al sistema”. La brecha entre tasa de desempleo (8,7 por ciento) y pobreza (26,9 por ciento) revela esa deficiencia, con un porcentaje importante de la población con trabajo pero con salarios de pobre.

Otro aspecto para comprender las recientes cifras de pobreza e indigencia se vincula a cómo se miden esas variables. Al margen de la torpe intervención oficial en la elaboración del IPC, índice que sirve para valorar las canastas/líneas de pobreza e indigencia y, por lo tanto, esa relación estará subestimada en el primer semestre de este año, el economista de la CTA, Claudio Lozano, expone falencias de la metodología actual. Entre ellas, destaca que el patrón de consumo está desactualizado porque es de hace 20 años; que no hay canastas regionales; y que se aplica un coeficiente único para alcanzar la canasta básica total, lo que supone que no hay diferencias entre los requerimientos alimentarios y el resto de los bienes y servicios que pueden demandar los hogares. El Indec ya cuenta con una metodología actualizada, que no es aplicada, según Lozano. Con ella, la pobreza subiría alrededor de 8 puntos y la indigencia, 3. Esto no significa –aclara– la existencia de una tendencia declinante de esos indicadores, aunque con la nueva metodología sería más lenta.

Una cuestión también relevante se revela en lo que se denomina la brecha de pobreza. El presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Martín Lousteau, remarca cuando habla de la cuestión social que el crecimiento económico y las mejores condiciones para conseguir empleo han acercado a los pobres por ingresos a la puerta para dejar de serlo (unos 900 pesos, según el Indec). Esto implica que en el universo de los pobres, la masa de recursos disponible es mayor que en la década pasada aunque el indicador porcentual de pobreza fuese el mismo. Es decir, en los noventa, con desempleo y recesión, el umbral monetario para abandonar la categoría de excluido estaba más lejos. O sea, en términos relativos los pobres hoy están mejor que los pobres de ayer, aunque en términos absolutos son tantos en uno y en otro período.

De ahora en más, las cifras sociolaborales obligarán a un análisis más complejo que la exposición de los números brutos. Además, demandarán de sintonía fina en la política oficial, con énfasis en estrategias focalizadas y regionales, para avanzar tras el objetivo de inclusión social más que de obtener satisfechas estadísticas.