La debilidad estructural de las cuentas provinciales, tarde o temprano, se manifiesta con los ingredientes típicos de peleas de poder de pueblo chico, desbordes sociales y desmanejos financieros. La megadevaluación, con la consiguiente licuación del gasto público por el congelamiento de los salarios y la casi nula inversión, provocó un espejismo sobre la salud de esas finanzas. Cuando la situación económica empezó a transitar carriles de normalización, las cuentas han vuelto a crujir. Los varios estallidos que existen en el interior, cada uno con sus particularidades, revelan que nada se avanzó en estos años de bonanza en diseñar una relación equilibrada entre Nación y provincias, y que poco y nada han realizado las propias administraciones del interior para mejorar sus presupuestos. La mayoría son manejadas como feudos por familias tradicionales o por una casta de políticos vinculada con el poder económico local. Sus crisis adquieren relevancia nacional recién cuando se producen asesinatos con complicidad del poder político, como fue el de María Soledad Morales en la Catamarca de los Saadi en los noventa, el doble crimen de La Dársena en el Santiago del Estero de los Juárez, y ahora por el brutal asesinato del maestro Carlos Alberto Fuentealba por parte de la policía de Jorge Sobisch en Neuquén. O también son noticia por ser la provincia del Presidente, en la década pasada fue La Rioja; hoy, Santa Cruz.

Si bien en un año de elecciones presidenciales se agudizan las tensiones y los conflictos se exteriorizan con más virulencia, las cuentas provinciales ya han empezado a mostrar signos preocupantes. Se ha agotado el ciclo de excedentes obtenidos por la contención del gasto público y, por ese motivo, las discusiones salariales con docentes, profesionales de la salud, empleados públicos y judiciales son y serán cada vez más intensas. El análisis habitual de consultores de la city apunta a la existencia de demasiados trabajadores estatales. Por lo tanto, el principal culpable de los desequilibrios pasa a ser el aumento de la masa salarial. La previsible recomendación es la de achicar el personal, congelar los sueldos o disminuirlos, como en su momento lo hizo Domingo Cavallo en el gobierno de la Alianza. Otra forma de encarar esa restricción presupuestaria es observar el renglón de los ingresos tributarios, en especial los de origen provincial, para evaluar con más amplitud la cuestión. Si recaudaran más las oficinas de rentas habría más recursos para pagar salarios, además de otros gastos prioritarios. Pero el cobro de impuestos locales es una de las principales deficiencias porque en esa tarea se pone en juego los vínculos de la gobernación de turno con el poder económico y con los sectores más acomodados de la provincia.

Resulta llamativa la escasa relevancia que tienen los ingresos por tributos de origen provincial en el total. Con la excepción de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires –ambos distritos con una complejidad especial–, la autonomía fiscal es bajísima en el resto. En un estudio muy completo y detallado de la situación fiscal y financiera de las provincias, realizado por el Idef-CTA, queda en evidencia que cobran poco y nada por ingresos brutos, inmobiliario y patente. El autofinanciamiento previsto para este año, según los presupuestos de cada administración, equivale al 32,4 por ciento en promedio. Pero ese porcentaje desciende a apenas el 18 por ciento excluyendo los dos distritos más ricos del país. El resto lo obtienen por fondos de la coparticipación girados por la Nación y unas pocas, además, por ingresos de regalías.

Los gobernadores se quejan –y muchas veces con razón– de la dependencia que tienen de la Nación, pero hacen muy poco para diseñar un sistema efectivo de recaudación tributaria en sus propios distritos. No cobrar impuestos y cargar sobre la discrecionalidad del gobierno central es no asumir su propia responsabilidad, al tiempo de construir una relación perversa: dependencia útil para no afectar intereses locales y sumisión dócil para conseguir fondos de la billetera de la Nación. Ese esquema resulta funcional a la estrategia de la construcción de poder del gobierno central, siempre y cuando haya excedentes como en la actualidad o en el ciclo ascendente del plan de convertibilidad.

(Para evitar confusiones, la crisis en Neuquén no tuvo su origen en cuestiones presupuestarias, sino en la política de control y represión del conflicto social que lleva a la práctica el gobernador Sobisch. Es la provincia con más ingresos por regalías petroleras, que equivalen a la mitad del total de sus ingresos. Por ese motivo tiene un enorme grado de autonomía fiscal de la Nación, pero no de las empresas que explotan sus recursos. Además, es una de las que tienen el menor impacto de la masa salarial sobre el gasto primario –41 por ciento–. El superávit obtenido en 2006 permitiría financiar hoy el 12 por ciento de incremento de la masa salarial del total de los empleados públicos, según datos del informe del Idef-CTA.)

Volviendo al análisis de la debilidad estructural de las cuentas provinciales, tanto en períodos de la dictadura (con Alfredo Martínez de Hoz) como de la democracia (con Domingo Cavallo) se promovió la descentralización de los gastos de salud y educación. “En los hechos fue una descentralización del gasto y una centralización del ingreso”, explica Mabel Manzanal en “La coparticipación de impuestos en la Argentina”, publicado en Realidad Económica Nº 225, enero-febrero 2007, del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Y agrega que “la Argentina es en América latina un caso extremo por el tipo de descentralización operado en los años ’90, como así también por sus desregulaciones y privatizaciones. No se destinaron fondos especiales o estuvieron muy condicionados a las nuevas funciones (salud y educación) asumidas por las provincias”.

Para equilibrar esa relación se plantea, a nivel general, una nueva coparticipación federal de impuestos, ley demorada hace más de diez años pese a que fue una de las normas contenidas en la reforma de la Constitución aprobada en 1994. Y se señala, en la coyuntura, la necesidad de un mayor autofinanciamiento de las provincias para evitar la dependencia con la Nación. Frente a esa situación, Manzanal considera que avanzar en esa dirección “resulta una quimera” porque “no condice con el propio ejercicio de la hegemonía del poder”, tanto a nivel nacional como provincial. Y se pregunta: “¿acaso los que ejercen el poder hegemónico lo delegarán a favor de la ciudadanía de los territorios, en beneficio de la trama del conjunto de sus actores?”. La respuesta no es muy alentadora.