La desmesura del lamento de los taxistas porque un par de días no pudieron cargar el baratísimo combustible GNC puede ser material de reflexión para sociólogos interesados en analizar el comportamiento de esa colectividad que, en general, manifiesta escasa tolerancia a la protesta social. También resulta curiosa la exagerada prudencia que le tributa la mayoría de los medios y la temerosa actitud de funcionarios frente a esos empresarios, algunos cuentapropistas y otros con importantes flotas de origen incierto. Con casi 30 personas muertas por el frío, cerca de 50 escuelas sin calefacción en la Capital y el aumento especulativo del 20 por ciento en las garrafas que utilizan los pobres, se presenta como mínimo exagerada la queja por tener que pagar unas monedas más por otro combustible para reemplazar el GNC en jornadas donde el sistema energético funcionó al límite. La restricción en el abastecimiento de GNC permite evaluar, más allá de esos aspectos sociales y culturales, la débil matriz energética que se ha desarrollado en los últimos 20 años con el mercado definiendo el rumbo de esa actividad. Y dentro de ese esquema precisar también la descontrolada matriz gasífera.

La participación del gas en la oferta primaria de energía alcanza al 51 por ciento, seguida por el petróleo con el 38,9 por ciento, según datos de la Secretaría de Energía. La energía hidráulica aporta el 4,7 por ciento, la nuclear el 3,4, el carbón mineral 1,1 por ciento y otros combustibles el restante 1,0 por ciento. De esas cifras se desprende que la Argentina tiene una matriz energética sumamente dependiente de los hidrocarburos en general y del gas natural en particular.

En la distribución del consumo de gas natural, la industria se queda con el 33,6 por ciento, seguida por las usinas de generación de electricidad con el 30,8, luego los hogares con el 23,3, el GNC con el 6,4, los comercios con el 3,5 y otros destinos con el 2,4 por ciento. Estos números elaborados por la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido, en base a información oficial, revelan que la matriz gasífera cruza a todos, desde productores y comerciantes, pasando por las empresas eléctricas, casas de familia y el transporte. En este último sector, el GNC representa el 17 por ciento de la matriz de combustibles. Y de la matriz de GNC, apenas el 4 por ciento del parque convertido representan los taxis, mientras que los particulares concentran el 83 por ciento de los vehículos a gas. A propósito, una información al usuario de GNC: una pequeña palanquita en el tablero permite el funcionamiento del automóvil con gasoil o con nafta, según el motor.

De todos estos datos surgen dos conclusiones contundentes: 1. El gas es un recurso estratégico en la matriz energética argentina y, por lo tanto, el Estado tiene que definir las reglas de juego. 2. La restricción de GNC en las estaciones de servicios es un tema menor en el actual cuadro energético.

La recuperación del rol del Estado en la planificación y orientación de la matriz energética y, en particular, en el mercado del gas resulta fundamental si el objetivo es mantener un sendero de crecimiento sostenido. La enajenación de Gas del Estado con la consiguiente lógica del negocio privado estaba en función de un país sin una base industrial relevante, de un modelo basado en explotar al máximo los pozos ya existentes con destino a la exportación, y de un mercado interno reducido y de consumo concentrado en los sectores de medio y alto poder adquisitivo. Cuando la economía comienza a crecer a tasas elevadas y continúa a ese ritmo ese modelo entra en crisis porque no puede dar respuestas, puesto que las que tiene son para otro. No está preparado para dar gas para todos: para el transporte (de pasajeros y de carga), para calefaccionar hogares (por red y con garrafas), para las industrias y comercios y para las centrales térmicas (generación de electricidad).

Como en casi todas las intervenciones del Gobierno en la renegociación de condiciones con las privatizadas, los avances quedan a mitad de camino hasta que estalla una crisis que no permite el retorno y reformula aspectos más relevantes de un modelo agotado. Aparece, entonces, como insuficiente la injerencia estatal en la realización de inversiones mediante controvertidos fideicomisos para gasoductos o subsidios para trenes. Con los trenes se presentó un proyecto para intentar cambios sustanciales; con el mercado energético, en cambio, no ha habido hasta el momento respuestas en esa dirección.

No existe una crisis energética. La crisis es la del modelo privatizador de la energía que provoca fuertes restricciones de abastecimiento. Los economistas Félix Herrero y Diego Mansilla, integrantes del Grupo Moreno, precisaron esa idea en el documento La renta petrolera y los problemas energéticos de la Argentina, al señalar que “lo que está en crisis es el modelo privatizador que, en lugar de conducirnos, como lo habían prometido sus impulsores, a una economía energética moderna de tipo tecnológico postindustrial y postservicios, nos ha retrotraído a una economía primaria”. Apuntan que “cuando no llueve no hay electricidad en los embalses, cuando hace frío no tenemos gas natural, cuando hay cosecha no alcanza el gasoil, cuando aprieta el calor hay cortes de energía eléctrica”.

La tecnocracia energética, ideóloga y ejecutora de ese modelo, concentra la crítica en el Gobierno, apuntando a la imprevisión y a la falta de coraje político por no aumentar tarifas. En realidad, la debilidad de la actual administración no se encuentra en esas críticas interesadas, sino en la de haberse limitado a maquillar el modelo energético de control privado de recursos estratégicos. Herrero y Mansilla explican que “la crisis obedece a la falta de inversión, a la carencia de exploración, a la falta de nuevas destilerías y de ampliación de las existentes”. Se preguntan: ¿cómo se logra la inversión en un sistema donde la decisión de hacerlo no está en el Estado concedente sino en la empresa concesionaria, en función de sus utilidades y remesas? Y se responden: “es preciso recuperar la renta petrolera y con ella llevar a cabo las inversiones, dentro de una política de largo plazo”.

La desregulación energética ha fracasado no sólo en Argentina, sino en otros países que la aplicaron. Los apagones de 2001 en California y la estafa escandalosa de Enron fueron la muestra en Estados Unidos. En Rusia se volvió a nacionalizar el crudo, en Venezuela se recupera la renta petrolera y en Bolivia se renacionalizan el petróleo y el gas. Aquí, en cambio, junto a la política del parche a un sistema operando al máximo, lo relevante pasa por la especulación sobre qué grupo privado se quedará con un cuarto de la filial argentina de la española Repsol-YPF.