EL BAúL DE MANUEL › EL BAUL DE MANUEL
› Por Manuel Fernández López
Hace casi medio siglo –en 1958– la sociedad recibió alborozada la noticia de que las universidades formarían a futuros expertos en asuntos económicos. El primer caso fue el de la Universidad Nacional del Sur. El 17 de marzo su rector aprobó, impulsado por el profesor Lascar Saveanu, la primera Licenciatura en Economía. El plan comprendía veintiocho asignaturas y cinco seminarios. Entre las asignaturas de Economía figuraban: Introducción a la Economía, Teoría del Precio y del Ingreso Nacional, Moneda y Crédito, Economía Internacional, Fluctuaciones Económicas, Política Económica, Economía Social, Economía Agrícola, Economía de los Transportes, Historia del Pensamiento Económico, Finanzas (curso general), Política Financiera, dos seminarios de Economía Política y un Seminario de Econometría. El segundo caso es el de la UCA: el 7 de marzo el Episcopado argentino declaró fundada la Universidad Católica Argentina, en la que, sobre la base de la Escuela Superior de Economía (creada a fines de los cuarenta y en la que habían actuado Valsecchi, Moyano Llerena, García Olano y otros), se creó la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, que ofreció la carrera de economista. Y el tercer caso, la UBA: el 16 de octubre la Comisión de Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas, formada por Rosa Cusminsky, William Leslie Chapman, Elías A. De Cesare, Guillermo Díaz, Enrique García Vázquez, Alfredo A. O’Connell, Enrique J. Reig y Héctor B. Wencelblatt, presentó su informe sobre la creación de la Escuela de Economía Política en la FCE, con grado habilitante de licenciado en Economía Política. El 13 de noviembre, el Consejo Superior de la UBA, presidido por el profesor Risieri Frondizi, aprobó el nuevo ordenamiento de carreras. El currículum de la UBA era similar al de la Universidad Nacional del Sur, pero Economía Agraria, Economía de los Transportes y Econometría eran cursos optativos, en tanto Teoría del Crecimiento Económico y Sistemas Económicos Comparados, eran obligatorios. La carrera atrajo estudiantes que cursaban contador público, como Miguel Sidrauski (1939-68) y Héctor Diéguez (1938-91), que evolucionaron rápidamente, bajo la dirección del profesor Julio H. G. Olivera. La carrera se fortaleció en 1961 por la creación del Instituto de Investigaciones Económicas y el Programa de Desarrollo de la Escuela de Economía.
La creación de Licenciaturas en Economía no fue un capricho, sino el fruto de la maduración de décadas. El antecedente de la reforma de 1958 fue la propuesta de Prebisch al inaugurar el curso de Dinámica Económica, el 24 de abril de 1945: “Nuestros programas son absurdos. Que yo sepa, no hay facultad o escuela importante de economía en el mundo que los tenga parecidos. Se confunden entre sí carreras muy dispares y se agobia al estudiante con un recargo impresionante de materias que no contribuyen a formar su cultura general, ni su preparación científica, ni sus aptitudes técnicas. Cada vez que se habla de reformas suele proponerse el agregado de alguna nueva materia a ese conglomerado de asuntos heterogéneos. Faltan por lo contrario materias indispensables. Preconizo, en primer lugar, la separación de las carreras de contador, economista y actuario. El contador no tiene hoy los conocimientos técnicos que requiere en las distintas actividades a que se dedica en la práctica. Faltan materias esenciales. Sobreabundan, en cambio, los cursos de derecho y legislación. No niego que al contador que va a actuar en el terreno judicial deba exigírsele un conocimiento esmerado de ciertos aspectos de esas materias. No veo, sin embargo, por qué se ha de obligar a lo mismo a quienes no se proponen ni remotamente ejercer tal actividad, los cuales forman una buena parte si no la mayoría de los profesionales. El problema se resuelve muy fácilmente dividiendo el plan de estudios de contador en materias básicas y optativas. Las materias optativas podrían elegirse de acuerdo con las predilecciones de cada uno. Se exigiría al contador aprobar, digamos, ocho a diez materias básicas y cuatro optativas. Para optar habría, por ejemplo, 16 materias de las cuales algunas podrían seguirse en las carreras de economista o actuario. Tendría que haber grupos de materias optativas que respondan a la inclinación del futuro profesional por el trabajo de tribunales, o por las tareas de la administración pública y sus vastas reparticiones, o por las empresas y grandes organizaciones de la actividad económica privada. Más poderosas son aun las razones a favor de un criterio parecido en la carrera de economista, que podría terminar en la de doctor en Ciencias Económicas después de trabajos muy serios de investigación personal. El plan debiera tener materias básicas con el mínimo de derecho o legislación”.
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