Israel se encuentra hoy en una situación en cierto modo comparable a la de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial: con un enemigo implacable enfrente, una economía exhausta por el esfuerzo de guerra y unas colonias que aumentan ese esfuerzo pero de las cuales el Estado no puede desprenderse sin señalar debilidad al enemigo. La circularidad perversa de la situación estalló esta semana en la forma de una crisis de gobierno por el presupuesto presentado por el primer ministro Ariel Sharon al Parlamento, que prevé recortes de 2700 millones de dólares en el gasto público, un incremento de impuestos indirectos de entre el 17 y el 18 por ciento y el aumento del precio de la gasolina. Lo que disparó la crisis fue un recorte del 24 por ciento en los subsidios a las familias numerosas excepto en los casos en que el jefe de familia sirva en el ejército, lo que causó el veto de los ministros pertenecientes al partido sefaradí Shas, cuyos integrantes no cumplen servicio militar por razones religiosas. La crisis presupuestaria y de gobierno está en vías de superación; la crisis de fondo –causada por la situación de guerra–, no.
La economía atraviesa su más grave crisis en muchos años. Israel está en recesión, con un desempleo del 10 por ciento, y los ingresos turísticos fuertemente golpeados por la ola de atentados terroristas, gran parte de los cuales impacta precisamente en los lugares de recreación de las grandes ciudades. A esto se agrega el costo de los asentamientos en Cisjordania y Gaza. Más de 200.000 israelíes viven hoy más allá de la “línea verde” que define las fronteras previas a la guerra de 1967. En un principio, la empresa de colonización se vio justificada por la falta de profundidad estratégica del territorio de Israel, que la dejaba altamente vulnerable al ataque de sus vecinos; luego, el proceso adquirió una dinámica propia, aunque fuertemente alentada por el Estado. Comprar una casa en Cisjordania o Gaza puede costar 100.000 dólares menos que una igual dentro de la “línea verde”; los impuestos a los ingresos brutos son un 7 por ciento menores, hay préstamos de 20.000 dólares para los colonos que construyan en áreas consideradas prioritarias, y el costo del cuidado de niños es prácticamente nulo. En teoría, los subsidios a los asentamientos sólo totalizan 300 millones de dólares, pero el costo de defenderlos, sobre todo desde la Intifada palestina lanzada en setiembre de 2000, se refleja en el aumento de 1500 millones de dólares que el presupuesto militar experimentó en el último año. (No es que reubicar a los colonos dentro de la línea verde sea barato: el costo se calcula en 6000 millones de dólares.)
El destino de estas colonias es incierto, aunque es probable concluir que no todas permanecerán ni todas se irán como resultado de un acuerdo de paz que es hoy más improbable que nunca. Pero los problemas económicos de Israel no terminan allí, porque el Estado hebreo, más que masa territorial, necesita hoy densidad demográfica. Aunque la demanda palestina de “derecho al retorno” de su diáspora de más de 6 millones nunca llegue a materializarse, las superiores tasas de natalidad de los árabes ya estaban arrinconando a Israel desde los 80, y de hecho fueron la razón estructural de fondo que condujo a los fallidos acuerdos de Oslo. Para quebrar esta dinámica, Israel alienta hoy generosas condiciones de inmigración para los judíos de países que están en crisis –Argentina– o sufren olas antisemitas –como Francia–. Esto también tendrá efectos en la golpeada economía de guerra israelí.