Colombia no tiene un ejército profesional sino una armadura ineficaz y oxidada basada en la conscripción, cuyo peso frecuentemente recae en las clases más bajas, y cuya oficialidad es ineficiente para enfrentar a la guerrilla. La nueva Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), y los batallones de elite entrenados por los norteamericanos son numérica y funcionalmente incapaces de cumplir las funciones de una infantería en regla. Pero Alvaro Uribe Vélez, el candidato independiente que arrasó con un 52 por ciento en la primera vuelta electoral del último domingo, lo hizo precisamente sobre la base de su promesa de combatir a unas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, a través de su implacable campaña de secuestros y ataques contra la infraestructura urbana, llegaron a ser casi universalmente detestadas. Para eso, ha decidido que necesita un ejército profesional de 100.000 hombres, y una red de un millón de auxiliares e informantes civiles. Eso, sin embargo, requiere dinero. Y es allí donde la economía le juega en contra.
El Plan Colombia que dejó la administración de Bill Clinton estableció un cronograma de ayuda de 1300 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico, que la administración Bush aspira a reconvertir a la lucha antiguerrilla. En un punto, la distinción es semántica: el narcotráfico es una de las industrias de las que se alimentan las guerrillas; atacarlo es atacarlas. Pero en otro punto, el cambio de carátula a que aspiran Bush y Uribe es esencial, porque autorizaría el empleo de esos fondos (y de los asesores militares acompañantes) a la lucha antiguerrilla directa. En otras palabras, se pasaría de una posición de retaguardia y defensiva a una posición de vanguardia y ofensiva. No es imposible que el Congreso norteamericano, sobre todo si la posición republicana avanza en las elecciones de noviembre, se avenga a este cambio. Pero eso no alcanza para el ambicioso programa antiguerrilla de Uribe, que inmediatamente después de su triunfo pidió a la comunidad financiera internacional un alivio para sus obligaciones externas. Y el dato se explica.
El primer problema que debe enfrentar el nuevo gobierno es el déficit fiscal, por el excesivo gasto público en pago de empleados y pensiones, que es equivalente a 2000 millones de dólares. Otro de esos problemas es el de la deuda externa pública, que es de 23.172 millones de dólares. Hay quienes sugieren una nueva reforma al sistema tributario para cobrar más impuestos, elevar los ingresos pero reducir el gasto mensual en pago de salarios, con un recorte en la planta de personal. Pero esas medidas enfrentan por un lado la oposición de un sector que considera que nuevos impuestos debilitan la economía doméstica y estimulan la evasión, y por otro, de las centrales obreras que se oponen a despidos masivos. El segundo problema para el nuevo equipo de trabajo de Uribe es el creciente índice de desempleo, cercano al 18 por ciento, que equivale a tres millones de personas sin trabajo en siete ciudades principales. La cifra de desempleados creció por el crecimiento vegetativo de la economía, que entre enero y marzo de este año fue de 1,56 por ciento, muy por debajo de las estimaciones del gobierno. En medio del aumento del desempleo, existe la alarmante cifra del 63 por ciento de la población que vive por debajo de la franja de pobreza, lo que equivale a 26 millones de colombianos. Cuando Uribe asuma el 7 de agosto, deberá adoptar un plan de emergencia económica, que en su caso será otro modo de decir “economía de guerra”.