El miércoles pasado, la Comisión Investigadora creada por el Congreso estadounidense para analizar la reciente crisis financiera internacional citó a declarar a importantes ejecutivos de la calificadora de riesgo Moody’s, entre los que se encontraba su presidente, Raymond McDaniel. A nivel internacional, la industria de calificaciones de riesgo se encuentra concentrada en tres grandes empresas: Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, que controlan más del 90 por ciento del mercado global de calificaciones. Si bien sus notas son utilizadas por los reguladores de todo el mundo, estas agencias son empresas privadas con fines de lucro. Moody’s cotiza en la Bolsa de Nueva York, Mac Graw Hill es dueño de Standard and Poor’s y la empresa francesa Fimalac es la accionista mayoritaria de Fitch, que cotiza en el mercado europeo Euronext.

La mirada tradicional sobre las calificadoras como proveedores neutrales de información comenzó a opacarse la década pasada por diversos acontecimientos. La crisis mexicana (1994) y la asiática (1997), las caídas de Enron (2001) y Parmalat (2003), así como la reciente crisis financiera internacional evidenciaron la incapacidad de estas agencias para prevenir incumplimientos de emisores tanto públicos como privados. La comisión del Senado está investigando las causas por las que las agencias les dieron elevadísimas notas a productos hipotecarios que claramente no lo merecían. La decisión de los reguladores de controlar más de cerca a estas agencias ha hecho que, desde que se iniciaron las investigaciones, a mediados de abril, el precio de la acciones de Moody’s y de Standard and Poor’s cayera cerca de un 30 por ciento.

Resulta de utilidad contar con calificaciones independientes para valuar instrumentos financieros, en especial para orientar a inversores pequeños que no tienen los recursos para llevar adelante esos análisis. Sin embargo, existe un fuerte cuestionamiento al hecho de que quienes pagan esas calificaciones a las agencias sean las propias empresas calificadas, o los bancos que quieren vender esos productos financieros. El conflicto de interés obvio que surge del hecho de que una empresa privada “le cobre por calificar al calificado” pone en evidencia que el sistema está diseñado en forma errónea.

Uno de lo ex altos funcionarios de Moody’s que declararon ante el Congreso, Mark Froeba, señaló que los analistas de esa empresa “más cooperativos” –con las compañías a las que debían calificar– eran promovidos y recibían mayores salarios y mejores premios, mientras que los poco cooperativos eran despedidos. La propuesta del Senado trata de lidiar con este conflicto, evitando que sean los dueños de las empresas o los bancos colocadores de instrumentos financieros los que elijan a la calificadora, dejando esa decisión en manos de un directorio independiente designado por los reguladores. La presidenta de la comisión nacional de valores estadounidense (SEC), Mary Schapiro, ha sido muy clara al señalar que “mientras no se corrija el modelo de compensación de las calificadoras no va a poder resolverse el principal conflicto de interés, por lo que la gente no va a confiar en las calificaciones”.

En Europa tampoco tienen muy claro cómo desactivar este problema. Por ahora, la Unión Europea sólo plantea crear una agencia de calificaciones regional, concentrando el control de las calificadoras en un nuevo regulador: la Autoridad Europea de Mercados y Valores

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