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Durante las últimas semanas, los hoteles cinco estrellas de Washington han visto desbordada su capacidad. Lo que Barack Obama calificó como “un ejército de lobbistas” se ha trasladado a la capital norteamericana para influir en el último tramo de la discusión parlamentaria sobre la reforma financiera. El Centro para la Transparencia Pública informó que se registraron para este proyecto más de 3000 lobbistas, calculando que se llevan gastados cerca de 1300 millones de dólares desde el inicio de 2009. Curiosamente, en esa lista no sólo están los representantes de las grandes instituciones financieras. Entre los lobbistas registrados pueden encontrarse representantes de la Asociación de Cine de los Estados Unidos, de la Cámara de Productores de Sobres, del Comité de Granjeros de Illinois, por mencionar sólo algunas de las asociaciones.

Los dueños de los seis principales estudios de Hollywood buscan que la nueva ley prohíba las operaciones a futuro de ventas de entradas de películas a estrenarse, ya que de acuerdo a cómo anticipe “el mercado” esas ventas podría generarse publicidad negativa para sus películas. A la Cámara de Productores de Sobres le preocupa que se incluya un artículo en que se les permita a los bancos informar los resúmenes de cuentas a sus clientes en forma electrónica exclusivamente, lo que afectaría gravemente la producción de sobres de papel. Por su parte, los granjeros de Illinois buscan asegurarse de que podrán seguir utilizando productos financieros derivados, tales como futuros u opciones para proteger los ingresos provenientes de sus cosechas.

Sin embargo, éstos son ejemplos de poca relevancia, ya que los tres sectores económicos que más dinero destinan a contratar especialistas en influir sobre legisladores o funcionarios públicos son el financiero, el del seguro y el inmobiliario.

El tema de los lobbies se cruza peligrosamente con el financiamiento de las campañas políticas. La organización no gubernamental estadounidense Ciudadanos por la Etica y la Responsabilidad señala que los 14 congresistas electos que ocupan bancas en el Comité de Servicios Financieros recibieron para sus campañas un 56 por ciento más de fondos que los legisladores electos que no integran ese comité, remarcando que esos mismos representantes se encuentran actualmente compitiendo para lograr sus respectivas reelecciones. El miércoles pasado, el diario The Washington Post informó que la Oficina de Etica del Congreso está investigando a ocho legisladores que recibieron sustanciales donaciones para sus campañas por parte de empresas afectadas por el proyecto de ley de reforma financiera, 48 horas antes que la misma fuera aprobada por una de las Cámaras del Congreso en diciembre pasado. El Manual de Etica del Congreso instruye a los legisladores a rechazar donaciones para sus campañas mientras discuten leyes que afectan a los donantes.

La existencia de lobbistas constituye una realidad incontrastable, fenómeno que abre interrogantes respecto del funcionamiento del régimen de representación bajo el sistema democrático. Si bien en teoría todos los ciudadanos tienen iguales derechos (en el caso de los lobbistas estaría involucrado el derecho a peticionar a las autoridades), aquellos que disponen de mayores recursos se encuentran en mejor posición para ejercer una influencia significativa sobre los distintos estamentos del Estado.

Pese a sus falencias, el sistema norteamericano de registro obligatorio de lobbistas, acompañado por un régimen de transparencia respecto de qué posiciones defienden y cuáles son los límites a los “regalos o atenciones” a funcionarios, permite un escrutinio público sobre esta problemática superior al de otros países, donde los lobbistas operan en las sombras

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