Luego de varias décadas de liberalización financiera, a dos años y medio de su última gran crisis y a un lapso similar de la promesa del presidente estadounidense Barack Obama, Wall Street recibió lo que se merece. El Senado de ese país aprobó esta semana la mayor reforma financiera desde la Gran Depresión de 1930. A pesar del lobby financiero, la iniciativa logró la mayoría especial de 60 legisladores y tuvo 39 en contra. La flamante legislación prevé límites a los grandes bancos, entidades que contribuyeron a la debacle financiera global que se extiende desde fines de 2007.

La intención de Obama era limitar el tamaño y el abanico de actividades de los holdings bancarios. El objetivo era evitar que continúen tomando riesgo “con dinero de los ahorristas”. Esta idea recobró fuerzas a partir de que los bancos, asistidos por el Estado para evitar su colapso, utilizaron ese dinero para millonarios bonus a sus directivos y para colocarlos en activos de alto riesgo. En total, el gobierno estadounidense volcó más de dos billones de dólares para rescatar al sistema. Ese comportamiento de los banqueros generó malestar entre la población, que padecía al mismo tiempo el remate de sus viviendas. El auxilio de la Casa Blanca, con el guiño del Congreso, a los grandes bancos se convirtió paulatinamente en un lastre a su imagen pública. Por eso Obama volvió sobre su propuesta original: los grupos financieros deben orientar sus negocios como banca comercial o de inversión. Se trata de una medida de características similares a la Ley Bancaria de 1933 (Ley Glass-Steagall) con la que Franklin Roosevelt comenzó a sacar al país de la crisis del ’30.

El debate insumió varios meses. Si bien la propuesta original sufrió una serie de retoques, recibió una férrea resistencia del establishment financiero. La reforma contempla la creación de distintos organismos de control y amplía las capacidades de otros, como la Securities and Exchange Commission (SEC), para regular los mercados de derivados, como los instrumentos estructurados con las hipotecas de baja calidad.

La ley consta de 2300 páginas. Se estima que los órganos reguladores deberán diseñar más de 500 reglamentaciones complementarias para poner en práctica la reforma. En la misma línea se creará un nuevo organismo de defensa al consumidor y un consejo de monitoreo de estabilidad financiera que operará bajo la órbita de la Reserva Federal. Este último tendrá la capacidad de sugerir cambios adicionales a la flamante regulación. Además se amplía la capacidad de intervención estatal a través de la FED.

Los bancos que sobrevivieron con dólares de fondos públicos no atomizaron sus actividades. Por el contrario detentan una estructura todavía más grande y concentrada que antes de la quiebra de Lehman Brothers, a pesar de que la Casa Blanca ordenó separar las operaciones bancarias de las bursátiles, fusionadas a lo largo de varias décadas de desregulación. La actual reforma adolece de un mayor control sobre las calificadoras de riesgo, que quedaron en el ojo de la tormenta debido a su incapacidad en prever los peligros de las colocaciones que hicieron los holdings bancarios. Sólo se esbozaron algunos puntos acerca de futuros estudios al respecto