En la Argentina se evade entre 80 y 90 mil millones de pesos, un monto similar al que el fisco recauda en concepto de Ganancias. La principal causa de esa pérdida es el lavado de activos. Los canales a través de los cuales se producen estas maniobras son variados e incluyen bancos, agencias de cambio, financieras, empresas de transporte de caudales, joyerías y hasta negocios de compraventa de arte. El ente encargado de controlarlo es la Unidad de Información Financiera (UIF). A un año del nombramiento de José Sbattella al frente de la entidad, el gobierno nacional emitió un decreto que da a la UIF mayor poder de contralor, poniéndose por encima del accionar de otros organismos, como la AFIP, el BCRA y la Comisión Nacional de Valores.

El lavado de activos en el mundo es la mayor fuente de dinero ilícito. En el país se estima que en Ganancias se está recaudando la mitad, actualmente es de 5 puntos del PIB y podría ser 10 puntos, el equivalente a entre 80 mil y 90 mil millones de pesos anuales. Según cálculos realizados por la Universidad de Buenos Aires, el promedio de excedente líquido que atesora el 20 por ciento más rico de la población es de 10 mil a 20 mil millones de dólares anuales. “Es precisamente lo que coincide con el monto de evasión al fisco, aunque no tengan la misma generación. Además, en el país 15.000 millones de dólares están en fuga de divisas”, explicó Sbattella a Cash.

La dinámica de los negocios a nivel internacional, la liberación de los servicios y la rapidez y facilidad con las que se hacen las operaciones en todo el mundo permitieron el desarrollo del lavado de dinero. Para el titular de la UIF, “la mitad del dinero que circula en el país tiene un origen al menos sospechoso”. El control sobre las entidades financieras es más riguroso que en años pasados, aunque no por eso carece de falencias. Hasta el momento, el único encargado de regular esa actividad era el Banco Central. Sin embargo, su poder de policía era limitado, ya que sólo puede sancionar a aquellos bancos que no cumplían con la reglamentación dispuesta por el organismo. “El Central asumió roles que tenía que cumplir la UIF”, explicó Sbattella. En los últimos días, el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont definió una serie de medidas para combatir el lavado, en el que se establece un mayor control de las remesas. También permiten que se auditen los bancos y sus operaciones con sus casas matrices. La UIF tiene capacidad de aplicar multas si no se cumple el deber de informar sobre operaciones sospechosas.

En el mercado bursátil la fuga de capitales se hizo más notoria a partir del conflicto con las corporaciones del campo, y luego con la crisis financiera internacional. Pero, pasada esa situación de tensión, continuó verificándose una importante salida de divisas. En este caso no se trata de decisiones especulativas, mediante las cuales se busca proteger los ahorros en otras plazas o en el colchón. Esta situación responde a dinero proveniente de negocios espurios o evasión que busca ser blanqueado en el exterior.

La AFIP, por su parte, continúa avanzando en acuerdos de intercambio de información con otros países para evitar las operaciones con paraísos fiscales. En tanto, la UIF incorporó en ese espacio nuevos actores sociales y económicos como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y la inclusión de otros delitos, como ser la extorsión y el contrabando. De todos modos, las investigaciones de lavado de dinero presentan dificultades de carácter legislativo y sistémico. En cuanto a la legislación de fondo vigente en la Argentina, todavía se discute la necesidad de reformular la tipificación penal del delito de autolavado