El Gobierno presentará durante el período legislativo que comienza en marzo un proyecto de ley para poner fin a la autorregulación corporativa en las operaciones bursátiles. La iniciativa apunta a reformar las regulaciones referidas a la oferta pública de títulos y acciones, el funcionamiento de las Bolsas de Comercio y el comportamiento de los individuos que operan en esos mercados virtuales tanto físicos como electrónicos. Hasta ahora “gestionar la ética y transparencia en las operaciones” era potestad excluyente de los mismos actores que participan de esos mercados. La nueva Ley de Oferta Pública, que pretende reemplazar la legislación vigente desde 1968 durante la presidencia de facto de Onganía, refuerza las herramientas de control y regulación que posee el Estado. Bancos, mesas de dinero, consultores privados y el resto de los operadores de la city porteña ya expresaron su rechazo anticipado a la medida.

El rediseño de la regulación de los mercados financieros no es un capricho de la Comisión Nacional de Valores (CNV) sino un reclamo global tras el estallido de una crisis que podría haber sido prevista y evitada con mejores herramientas de control y supervisión. En cambio, el nivel de autorregulación que posee el mercado bursátil argentino es una rara avis a escala mundial. El control de las operaciones diarias en el mercado secundario que componen el Merval y el Mercado Abierto Electrónico, las ofertas primarias de acciones y los lanzamientos de nuevos instrumentos escapan a la órbita de la CNV. El organismo que conduce Alejandro Vanoli no puede multar, suspender ni apercibir a los operadores de Bolsa que realicen actividades irregulares. El proyecto que está siendo analizado por el Ministerio de Economía revierte esta situación para ponerla a la altura de los estándares internacionales.

Si se aprueba la norma, que todavía está sujeta a las sugerencias del BCRA y el Parlamento, las funciones de la CNV serán “la supervisión, regulación y fiscalización de todas las personas y entidades que, por cualquier causa, motivo o circunstancia, desarrollen actividades relacionadas de cualquier modo con la oferta pública de valores negociables, contratos a término, futuros u opciones de cualquier naturaleza, otros instrumentos financieros y con otras actividades contempladas en la presente y en otras normas aplicables”. Además, otorga a la Comisión las herramientas para no sólo controlar la legalidad de los nuevos productos que se lanzan al mercado sino también las atribuciones para aprobar o rechazar un producto –como podrían ser las hipotecas subprime– si implican riesgo sistémico.

La Comisión Nacional de Valores llevó adelante el rediseño de un proyecto que había presentado en varias oportunidades el actual gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, durante su paso por el Senado, pero que nunca recibió tratamiento. El texto de la norma se encuentra en proceso de evaluación en el Ministerio de Economía. Avanzar en esos cambios también está en sintonía con los requerimientos internacionales establecidos en el marco de las reuniones del G-20 y las observaciones realizadas al país por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los cambios que propone la CNV están en sintonía con las facultades que tienen sus pares en Europa, Chile y Brasil.

“Quien tiene intereses comerciales, cuenta con escasos incentivos para sancionar a un par. Si así sucedió en Estados Unidos con las agencias calificadoras de riesgo que calificaban con la mejor nota los activos estructurados con hipotecas subprime, cómo no va a pasar en los mercados financieros del interior del país, donde son pocos los agentes que se turnan en el directorio de las instituciones”, explicaron a Cash técnicos vinculados con la redacción del proyecto.

A su vez, la iniciativa habilita el intercambio de información con otros organismos reguladores de otros países y facilita la fiscalización de las operaciones de lavado de dinero y evasión impositiva. Ese aspecto fue presentado por algunos analistas como el fin del secreto bursátil. Sin embargo, entre los autores del proyecto advierten que la norma habilita la cooperación internacional cuando existan pedidos fundados. Pero explican que, incluso en esos casos, se preserva la confidencialidad y se resguarda la información. La iniciativa permitirá también la capacidad de fiscalización y el trabajo conjunto entre la CNV y la Unidad de Información Financiera

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