Esta semana se conoció un paquete de medidas que busca reducir el margen de maniobra de los especuladores con el dólar. En su confección e implementación están involucrados el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP. La iniciativa conjunta, a una semana de la holgada victoria que obtuvo el oficialismo en las elecciones presidenciales, busca adecuar las normas locales a lineamientos internacionales, pero también detener la sangría de reservas. La mayoría de las operaciones que se realiza en la city, ya sea con arbolitos y en cuevas hasta transacciones con intervención de grandes bancos tiene como fin eludir los controles y disposiciones cambiarias y fiscales.

“Se está ocultando un termómetro del mercado”, escribió un economista de fuertes lazos con el sistema financiero, en referencia a las medidas oficiales. No son pocos los que pretenden introducir la idea de que la cotización del dólar informal o paralelo mide el humor del ahorrista común. Este razonamiento tendría algún sentido en caso de que existiesen límites concretos a la compra de divisas y el único canal disponible fuese el mercado informal. No existen tales restricciones, al menos para quien puede justificar los fondos con que realiza la compra de moneda extranjera. Las trabas se interponen sólo ante aquellos que ocultan el origen de los fondos.

Las maniobras son diversas y, por ese motivo, los controles, también. En el caso de los denominados coleros, personas que prestan su identidad en la compra de dólares para terceros, existe un doble encubrimiento. Por un lado, están los que utilizan el mecanismo –comprar en el formal y vender en el informal– con el objetivo de obtener una diferencia en el trueque, que en algunos momentos llega a los 40 centavos (pesos) por dólar. Pero también oculta a la persona que dolariza sus tenencias, aceptando pagar esa diferencia, escapando a los controles oficiales, ya que evita responder por los fondos utilizados.

Para evitar este tipo de operaciones, comenzó una serie de inspecciones en distintas agencias de cambio. Si bien resta todavía que se crucen los datos de varios coleros entre los organismos reguladores, ya se llevan detectados unos 150 prestanombres. Fuentes oficiales informaron a este suplemento que los financistas que están detrás de los coleros son un número reducido, aunque todavía la investigación no logró identificarlos. El segundo cerco tiene como objetivo el “contado con liquidación”: operación financiera que consiste en la compra de un bono o acción en el mercado local para su reventa en el exterior. El activo se adquiere con pesos y se vende en dólares, para lo cual el papel debe tener cotización en internacional. La lupa se puso sobre quienes financian la compraventa de activos en el exterior y luego liquidan nuevamente en el país, ganando con el diferencial de precios. El Central dispuso entonces que quienes compren más de 250 mil dólares al año deberán demostrar que los fondos aplicados estén justificados fiscal y patrimonialmente. Hasta el momento sólo estaban obligados a demostrar que la adquisición de los dólares estaban en línea con sus declaraciones de bienes personales.

El menú de herramientas se completa con la obligatoriedad de ingresar al mercado cambiario local los dólares provenientes de la venta de empresas e inmuebles. Lo mismo ocurrirá con las divisas provenientes de la actividad petrolera y minera. Esto le da mayor margen de maniobra al Central, sin sacrificar reservas, durante los meses de baja liquidación de divisas. Estas disposiciones no implican una limitación de las operaciones con moneda extranjera

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