Esta semana el riesgo país superó los mil puntos. Desde el establishment buscaron valerse del dato como una demostración del supuesto pésimo concepto que tienen los inversores de la economía argentina. El riesgo país tuvo su momento de auge en los noventa y hasta el canje de deuda, en 2005, e intenta medir el grado de riesgo que entraña un país para las inversiones extranjeras. Sin embargo, es un indicador simplificado e imperfecto de la situación de una economía, además de arbitrario, ya que la elección de las variables y la ponderación de cada una son subjetivas.

Las ganancias se suelen medir usualmente por el rendimiento esperado. El rendimiento a su vez debe tener en cuenta el riesgo de cobro. Comparar ese retorno de cada inversión en cada país para conocer cuál es el que ofrece la mejor relación costo-beneficio en un momento determinado sería imposible. Así nació el artificio del riesgo país, que consiste en comparar la tasa interna de retorno con un instrumento internacionalmente considerado como el ejemplo máximo de la ausencia de riesgo. Para esto se utilizó el bono a un plazo de 30 años, emitido por el gobierno de los Estados Unidos. Primera arbitrariedad. Si bien es cierto que Estados Unidos es el emisor de una moneda utilizada por otros países como reserva, su emisión tiene un límite, lo que quedó demostrado en la crisis de las hipotecas subprime.

El índice se sustenta en la idea de que la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos está conformada sólo por el premio a la espera, ya que no tiene riesgo. Así, la diferencia de tasas será el componente de riesgo del país. Sobre la base de este artificio, el EMBI+, elaborado por el banco de inversiones JP Morgan, analiza el rendimiento de los instrumentos de la deuda de países de la región, principalmente bonos. En las últimas semanas, los bonos argentinos habían mostrado una importante recuperación, no obstante, el riesgo país avanzó posiciones. Dado que el indicador debe –aunque sea en apariencia– mostrar solidez, la comparación se hace entre instrumentos de características similares al título del Tesoro estadounidense elegido.

La última construcción del indicador para el caso argentino contemplaba –el JP Morgan no publicó aún su actualización– la serie de Global 2017 y los bonos Par y Discount, emitidos durante el canje, nominados en dólares y bajo la legislación de Nueva York. Dado que los papeles tienen que cumplir con estas dos últimas características, los títulos elegidos son los menos representativos de la deuda argentina y del desempeño de la economía. Los papeles con más volumen de negocios son los que están nominados en moneda local. De hecho, los títulos utilizados por el indicador tienen cierto rezago entre sí. Es por eso que la recuperación casi generalizada en los bonos en varias oportunidades este año no siempre se correspondió con una baja en el riesgo país, y viceversa. A esto hay que descontar el hecho de que el movimiento en los títulos del Tesoro impacta inversamente en el indicador.

Otra manera en que se mide el riesgo es basándose en la confiabilidad crediticia percibida del emisor. Se utiliza los análisis de agencias calificadoras de riesgo como Moody’s, Standard & Poors o Fitch, los cuales asignan un grado de calificación de riesgo crediticio para los títulos emitidos por los diferentes países. Estas calificaciones, que intentan definir a priori el riesgo, tienen un mayor grado de subjetividad porque dependen de las percepciones personales de sus analistas. Las notas se basan en indicadores analíticos y crediticios, desempeño económico, riesgo político, deuda en default o reprogramada, índices bursátiles, acceso a financiamiento bancario y de corto plazo y a mercados. El papel de las calificadoras en la última crisis financiera global dejó sus opiniones desacreditadas.

No obstante, inversores continúan utilizando este tipo de mediciones, a pesar de sus inconsistencias, arbitrariedades y de la nula predictibilidad de sus resultados. Esto es un riego en sí mismo, debido al impacto de sus pronósticos para la economía de cualquier país. Por caso, un riesgo alto no sólo eleva el costo de endeudamiento de un gobierno, sino que también lo aumenta para el sector privado, con efectos deprimentes sobre la inversión, el crecimiento y el nivel de empleo de los recursos humanos y físicos

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