El lugar común al uso dice que la inestabilidad de Bolivia se debe a la aplicación a rajatabla de medidas económicas neoliberales. La realidad es más compleja que eso, aunque el diagnóstico contiene semillas de verdad anticipatoria. Bolivia, uno de los semilleros más virulentos de oposición al acuerdo de libre comercio que la administración Bush quiere establecer desde Alaska hasta Tierra del Fuego, es en los hechos el país más proteccionista de América latina, y ha sido ayudada en vez de perjudicada por los acuerdos comerciales que negoció con Estados Unidos. Pero eso puede cambiar en el futuro, porque Estados Unidos está cambiando los términos de la negociación.
La clave de la crisis hay que buscarla en los programas de erradicación de cultivos de coca, que el ex dictador y luego presidente constitucional Hugo Banzer Suárez compró tan entusiastamente de sus socios estadounidenses. Los líderes cocaleros arguyen que su lucha contra esos programas es en defensa de sus tradiciones culturales, pero la verdad contante y sonante es que la erradicación destruyó para los campesinos el cultivo más lucrativo del país: el que los campesinos venden a los fabricantes de cocaína, cuyo precio está en alza en la plaza norteamericana. Es evidente que programas de sustitución que proponen la producción de zapallo, o de papas, no empiezan siquiera a competir con lo que ofrecen pagar los elaboradores de la pasta base. Pero ni la administración Clinton –que negoció los programas– ni el difunto general Banzer fueron tan cortos de vista como para pasar por alto ese detalle. El Acta de Erradicación de Drogas y Promoción Comercial Andina, un acuerdo que baja los tarifas norteamericanas sobre una cantidad de bienes, esencialmente es una recompensa a los países productores de drogas por su cooperación. Los exportadores bolivianos a Estados Unidos –un grupo heterogéneo que incluye a fabricantes de muebles, joyas y textiles– han salido beneficiados, con el consiguiente crecimiento del empleo en sus rubros. Pero este crecimiento es desigual, concentrándose en las áreas urbanas, especialmente en la convulsionada El Alto –epicentro de las revueltas que acabaron con el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Losada– en general desmedro de las áreas rurales.
Correspondientemente, esta irrupción de relativa modernidad ha causado una fortísima polarización de opiniones en uno de los países más pobres de América latina. Marcos Iberkleid, presidente de América Textil, un fabricante de prendas de vestir que vende a mayoristas como Ralph Lauren, dice que “los trabajadores saben que esto es bueno y conocen la diferencia”. Otros, como Pablo Solón, presidente de la Fundación Solón, que se opone a las negociaciones con Estados Unidos, dicen que el libre comercio apunta a arrebatarle a Bolivia el control de su gas natural y sus minerales, forzando una baja de las tarifas bolivianas sobre importaciones de productos norteamericanos y abriendo a los inversores extranjeros vastos sectores de la economía. “Mucho de lo que se nos está ofreciendo simplemente llevará a más inestabilidad en nuestro país”, dice Solón.
El aserto no es tan arbitrario como podría parecer. Bajo el Pacto Andino, negociado en 2002, docenas de productos bolivianos entran libres de impuestos a Estados Unidos. Ese pacto expira al fin de 2006. El problema para el gobierno de Carlos Mesa es que ahora Estados Unidos quiere cerrar un acuerdo diferente, que abriría las empresas de los exportadores de muebles y cueros a los inversores estadounidenses. Este acuerdo también entraría en contradicción directa con las presiones de la izquierda boliviana para poner en vigor una severa ley que expandiría el control del Estado sobre la industria del petróleo y del gas natural. “Es como si los norteamericanos nos dijeran: ‘Miren, éste fue un arreglo temporario, y ahora ustedes tienen que pagar. Tienen que hacer determinadas cosas y abrirnos la economía’”, ironiza Eduardo Gamarra, boliviano y director del Centro Caribe en la Universidad Internacional de Florida.