Por Jose Manuel Calvo *
Desde Washington

Casi dos meses después de haberse lanzado con bombos y platillos a convencer a los norteamericanos de la necesidad de reformar el sistema de pensiones, George W. Bush se encuentra con una resistencia mayor de lo que esperaba. Sus visitas a 18 estados hasta ahora –con la intensidad de una campaña electoral– le han rendido escasos beneficios: el 40 por ciento de los estadounidenses, según Gallup, aprueba sus propuestas, y el 53 por ciento las rechaza. Un nuevo informe señaló esta semana que el fondo de pensiones dejará de tener superávit en 2017 e irá a la quiebra en 2041, en ambos casos un año antes de lo calculado.
Las nuevas proyecciones dan munición a ambos mandos: “Hay un clamor que exige respuestas; hacen falta reformas, y hacen falta ya”, proclamó el secretario del Tesoro, John Snow. Pero el informe también respalda el argumento de los que dicen que no se trata de una crisis urgente: “La llamada crisis de la seguridad social existe sólo en un lugar: las mentes de los republicanos; el programa tiene por delante décadas de solidez”, dijo Harry Reid, líder demócrata del Senado.
Las dos posiciones tienen parte de razón. Los expertos coinciden en que algo hay que hacer y que una reforma de ese alcance hay que empezarla cuanto antes, pero también señalan que la urgencia es relativa y que, en todo caso, en la estrategia de solución no hay por qué incorporar las cuentas privadas voluntarias que Bush propone, y que los trabajadores más jóvenes podrían poner en marcha desviando parte de sus impuestos destinados a la cobertura de las pensiones.
Sólo el 33 por ciento de los encuestados apoya la iniciativa; en cambio, cuando el sondeo plantea si hay que reformar el sistema sin tocar los beneficios, el plan de Bush tiene un respaldo del 45 por ciento.
Con este panorama, la Casa Blanca estudia cuidadosamente cómo mantener la reforma –un compromiso electoral de Bush– rectificando quizá sus puntos más chocantes. “Todas las opciones están sobre la mesa”, reiteró el presidente. Y lo volvió a hacer en Nuevo México: “El problema no se va a resolver con una iniciativa republicana o demócrata; va a ser una iniciativa nacional de ambos partidos”.
Los expertos advierten un giro más conciliador, a la vista de la frialdad o la preocupación con la que incluso su electorado contempla la reforma de un sistema que ha funcionado muy bien desde hace 70 años y que tiene 47,6 millones de beneficiarios. Los demócratas se oponen frontalmente a la reforma, pero son conscientes de que deben ofrecer alternativas: el sistema de pensiones ingresará menos de lo que gasta en 2017 –también un año antes de lo calculado– e irá a la quiebra, como señala el informe, en 2041, si no se introducen ya medidas correctoras.
El problema de Medicare –equivalente a la seguridad social para ancianos y minusválidos y con 41,7 millones de beneficiarios– es peor, porque desde el pasado año ingresa menos de lo que gasta y estará en bancarrota en 2020. Esa es la verdadera crisis, dicen los demócratas, de la que Bush prácticamente no habla.
La fuerte campaña personal del presidente está respaldada por destacados miembros del partido, como el senador John McCain, que ha criticado duramente al lobby de los jubilados, radicalmente opuesto a los planes y con un despliegue antirreforma de prensa y televisión que se está demostrando letal para la Casa Blanca: “No podemos esperar; no sólo tenemos obligaciones con las personas mayores, las tenemos también con las generaciones futuras”, dijo McCain en Nuevo México.
El maratón presidencial de 60 días ya llegó a su fin. El momento es crítico: en las vacaciones de Semana Santa, los congresistas volvieron a sus distritos electorales a tomar la temperatura de los ciudadanos. A mediano plazo, el Congreso deberá tomar cartas en el asunto, con la preocupación –para republicanos y demócratas– de las elecciones de otoño de 2006 y el impacto de un asunto tan políticamente cargado como el de la reforma de las pensiones.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.