En Estados Unidos, dice el lugar común, ocurre primero lo que terminará ocurriendo en los otros países. Es cierto, pero no tiene por qué tener una connotación positiva. Tómese lo que está ocurriendo en Alemania, por ejemplo. Si en Estados Unidos la administración Bush habló de recuperación económica hasta el 5, día de las elecciones legislativas (que ganó), para empezar a admitir el 6, a través de Alan Greenspan, titular de la Reserva Federal, que había señales “preocupantes”, en Alemania crecen las sospechas de que el gobierno de Gerhard Schroeder retuvo información clave sobre la crisis del presupuesto hasta su propia reelección en septiembre. Y si en Estados Unidos las tácticas interpretativas de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro para simular la recuperación pueden constituir una expansión a escala gigantesca de los fraudes contables que distinguieron a la auditora Arthur Andersen en Enron, WorldCom y otros casos similares, en Alemania el ya alto nivel de desempleo, del 9,5 por ciento, encubre una proporción peor.
La crisis alemana estalló en la segunda semana de este mes, cuando los técnicos descubrieron que este año faltarán 15400 millones de euros (igual cantidad en dólares) en el presupuesto, y que el agujero el año que viene se ahondará a 16.000 millones. En diciembre, el Bundestag considerará investigar si el gobierno de Schroeder –como acusa la oposición democristiana y socialcristiana de Angela Merkel y Edmund Stoiber– cometió una “estafa electoral”, lo que sería la primera vez que una acción parlamentaria de este tipo ocurre en la historia de la República Federal. Los conservadores golpean sobre caliente: debido a la gravedad de la situación, Schroeder ya había tenido que adoptar una seguidilla de medidas impopulares que traicionaban todo lo prometido en campaña: fuertes recortes del gasto, congelación de sueldos (de los médicos, entre otros) y un fuerte aumento en la presión fiscal (combustible, venta de acciones, tasas a las empresas y los ciudadanos, entre otras). Todo esto en contra de lo que el canciller socialdemócrata prometió en la campaña: no habrá más subas de impuestos. El resultado es que un 56 por ciento del electorado se siente defraudado por Schroeder, y la popularidad del gobierno (34 por ciento) está hoy 10 puntos por debajo de la oposición conservadora, una caída de aprobación sin precedentes para un gobierno con menos de tres meses de existencia. Incluso si la comisión investigadora del Parlamento no encuentra la “pistola humeante” –alguna comunicación del Ministerio de Hacienda, o algún borrador de la Cancillería sobre previsiones financieras–, los conservadores esperan grandes ganancias en las importantes elecciones regionales de los estados de Hesse y Baja Sajonia, el 2 de febrero de 2003.
Esto ocurre en un contexto de estancamiento económico, donde las cifras de desempleo también están fuertemente dibujadas. Los cuatro millones de desocupados “oficiales” no toman en cuenta los cientos de miles de desempleados que se encuentran en programas de reentrenamiento laboral pagos por el gobierno, y que no han producido ningún nivel medible de reinserción en el mercado de trabajo, debido en parte al carácter anticuado de esos programas y a los intereses creados de la burocracia en mantener y aumentar la importancia de su posición. Tampoco son contabilizados 800.000 casos de desocupados que se encuentran bajo subsidio estatal, ni cantidades de trabajadores mayores que han sido inducidos a retiros voluntarios con tentadoras ofertas de jubilaciones. Y todo esto suma números rojos al agujero presupuestario, en momentos en que la Comisión Europea está estudiando sancionar a Alemania por exceder en ocho décimas de punto porcentual (en 3,8 por ciento) el límite de déficit presupuestario acordado en el Pacto de Estabilidad del euro, un límite que, irónicamente, está ahí por insistencia de la Alemania de Helmut Kohl.