Por Susana Diaz

El progresivo monocultivo de soja es conocido por todos y aceptado como un problema de mediano plazo por la gran mayoría de los especialistas agropecuarios. Las retenciones a las exportaciones agrícolas funcionan no sólo como mecanismo de control de precios internos sino también como una fuente de recursos para el Estado. Al impactar sobre uno de los sectores más beneficiados por la devaluación, que además se cuenta altamente concentrado, funcionan también como un instrumento de redistribución del ingreso.
Si se suman todas estas razones, la propuesta realizada recientemente por el diputado Mario Cafiero para elevar las retenciones a las ventas de soja al exterior al 35 por ciento contra el 20 actual –proposición realizada en el marco de la presentación de un Presupuesto alternativo– parece caer por su propio peso. Especialmente porque al margen de las cuestiones estrictamente presupuestarias, se trata del único instrumento de política económica que permitiría desalentar el monocultivo sojero y, adicionalmente, se transformaría en una prevención de futuros problemas económicos y ecológicos. Resulta inquietante pensar qué pasaría hoy con la recuperación de “salida de pozo” que vive la economía si, por ejemplo, se produjese una baja en los mercados internacionales de la principal commodity de exportación. O qué sucedería dentro de unos pocos años si se cumplen las predicciones de muchos informes del INTA y el rendimiento de los suelos locales comienza a declinar.
Si en el fondo del problema está la rentabilidad, entonces el Estado tiene la posibilidad de actuar directamente sobre la estructura de costos que produce dicha rentabilidad. Para que el campo no lo considere una nueva “exacción”, los fondos recaudados podrían destinarse nuevamente al campo. Por ejemplo, promoviendo los cultivos que perdieron participación a favor de la soja. En caso de que se quiera ir más allá, podría financiarse la reinserción de los pequeños productores que, como mostró el Censo Nacional Agropecuario, fueron excluidos durante la década pasada.
Pero, como era de esperar, la propuesta de elevar retenciones suscitó la furiosa reacción del lobby de los empresarios del campo. Tan violento fue el contraataque que el propio Cafiero debió ponerse a la defensiva aclarando que lo suyo había sido “sólo una propuesta que jamás sería aprobada en el Congreso”. Desde la Secretaría de Agricultura simplemente ignoraron la cuestión, un estilo que comienza a ser clásico.