El derecho a tener una política agropecuaria que defienda la menor productividad relativa de los agricultores de los países centrales es la única razón que trabó el avance liberalizador en las reuniones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Hong Kong. La aparición en la pasada reunión de Cancún, México, del Grupo de los 20, integrado por países como China, pero especialmente por los principales productores agrícolas del Hemisferio Sur, como Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Brasil, fue desde entonces clave en el cambio de las reglas de juego.

El objetivo inicial de estos países fue y sigue siendo oponerse a la continuidad de los multimillonarios subsidios que los más desarrollados aplican a sus ineficientes, en términos internacionales, producciones agrícolas. Pero en la simple defensa de sus intereses y casi sin proponérselo, esas naciones dieron un paso más allá y consiguieron ubicar en el centro del debate el “doble estándar” –para algunos esquizofrenia– del discurso de los países desarrollados al interior de la OMC.

En concreto: estos países reclaman su derecho a tener políticas agropecuarias (subsidios y barreras paraarancelarias), pero al mismo tiempo, rechazan enfáticamente que los países “en desarrollo” intenten lo mismo.

Así, conscientes de la menor productividad relativa de sus producciones primarias, los países “centrales” consideran deseable no tener una “estructura productiva desequilibrada” y, en consecuencia, subsidian generosamente a sus “campesinos”. En rigor, una centenaria oligarquía terrateniente, muchas veces de origen feudal, escudada bajo la cara visible de un reducido y pintoresco campesinado pequeño-burgués portador del estereotipo ad hoc (Bové).

La justificación para subsidiar a su sector primario –homogeneizar su estructura productiva– es completamente atendible, salvo por un detalle: son esos mismos países centrales los que rechazan el mismo estándar para los países en desarrollo, los que pretenden lo mismo: evitar una estructura productiva desequilibrada y subsidiar la producción de manufacturas, por ejemplo a través de un tipo de cambio desdoblado (con retenciones).

Salvo en la revolución industrial inglesa, cuando la naciente industria mundial no tenía competencia, no existen antecedentes históricos de países que hayan desarrollado su industria sin algún grado de protección. La teoría del desarrollo tiene mucho que decir al respecto. Entre los principales argumentos se cuentan los de la protección de la industria naciente o la justificación de los procesos de aprendizaje tecnológico.

Los países centrales, en tanto, se refugiaron hasta ahora en las vetustas teorías del comercio internacional, entre ellas, la de las ventajas comparativas (Ricardo) o de la dotación de factores (Hecksher-Olhin), visiones que en esencia intentan justificar la cristalización de la actual división internacional del trabajo.

El dato nuevo, sin embargo, es que los países en desarrollo se han apropiado de esta argumentación teórica que, a partir del siglo XVIII, funcionó como botalón de proa para la apertura de nuevos mercados al comercio mundial. Pero la apropiación no se detuvo en este paso. La periferia también compró el doble estándar: defiende la liberalización para su sector dinámico –el agropecuario– y el proteccionismo para el relativamente menos competitivo –la industria–. El aprendizaje fue completo.

Si algo demostró Hong Kong es que las reuniones de la OMC se han convertido en un complicado juego de espejos en el que la decodificación de los discursos resulta una tarea sólo asequible a los especialistas. Pero las acciones del Grupo de los 20 contra los subsidios consiguieron que, en adelante, las argumentaciones en favor del libre comercio se vean obligadas a resolver, como punto de partida, sus notables problemas de consistencia.