Los pequeños productores son una especie diezmada en el campo argentino. El dato sobre la desaparición de 100 mil explotaciones entre los censos nacionales agropecuarios de 1988 y 2002, período que concuerda con el auge del ajuste neoliberal, es bien conocido. Un estudio reciente de los especialistas en economías regionales Pilar Foti y Alejandro Rofman –que fuera presentado a fines del año pasado en un Taller sobre Políticas de Desarrollo Rural realizado en el Ceur y que se ocupa específicamente de propuestas para el financiamiento sectorial– presenta algunos avances en la caracterización de la situación de los sectores más postergados.

Para la investigación se realizaron encuestas de campo entre los pequeños y medianos productores algodoneros del Chaco y cañeros y tabacaleros de Tucumán. El objetivo fue tener una muestra de las dos economías regionales en las que la presencia de esta clase de productores resultaba la más importante del país, el NEA y el NOA. Los datos sociales emergentes son críticos: el 90 por ciento de los productores con explotaciones promedio de 9,3 hectáreas en el NEA y 3,9 en el NOA obtienen ingresos por debajo de la línea de pobreza y un 10 por ciento por debajo del nivel de indigencia. La capitalización es prácticamente inexistente; el equipamiento productivo es para tracción a sangre. El tractor, cuando se usa, es contratado. El 60 por ciento de las explotaciones relevadas presentan irregularidades en sus títulos de propiedad. El acceso de la producción al mercado se produce mayoritariamente vía acopiadores e intermediarios y sólo ocasionalmente (horticultura) por vía directa, lo que determina una situación muy desventajosa en materia de precios. Los hogares aparecen envejecidos, con predominancia en la toma de decisiones prediales de adultos varones mayores de 50 años con bajo nivel de instrucción.

Los tipos sociales agrarios a los que pertenecen los productores encuestados son tres. Aproximadamente la mitad son “campesinos puros”, que subsisten en explotaciones familiares sin comprar ni vender mano de obra y con ingresos anuales que oscilan entre 2000 y 5000 pesos, un treinta por ciento son semiasalariados, los que obtienen menos de 2000 pesos al año. El 20 por ciento restante son pequeños productores capitalizados, que toman mano de obra durante la cosecha, con ingresos por predio de entre 5000 y 10.000 pesos anuales.

El trabajo de Foti y Rofman agrega que tanto las encuestas como los informantes clave coinciden en que la desaparición de productores, sea a través de las ventas de tierras o de endeudamiento, se produjo entre los medianos y los pequeños capitalizados. Los campesinos y semiasalariados, aunque más empobrecidos, permanecen en las explotaciones porque “han aprendido que en el campo se sobrevive mejor que en una villa urbana”. Unos están peor porque ya no consiguen trabajo asalariado estacional debido a la creciente mecanización de las grandes explotaciones, otros porque no pudieron dar el salto para modernizar o reconvertir sus cultivos. Cualquiera sea el caso, en muchas regiones también están amenazados los que resisten. El avance de la soja, por ejemplo, está causando estragos en Salta, Santiago del Estero y Chaco.

La investigación concluye que la permanencia en las zonas rurales de los sectores más postergados, preferentemente en mejores condiciones que las actuales, dependerá del tipo de apoyo que pueda brindar el Estado. Los ‘90, finaliza, “demuestran la falacia que encerraba la apuesta al mercado como único mecanismo de derrame de los beneficios del crecimiento”.