Revisar los ingresos empresarios es casi una obligación cuando, a juzgar por las amenazas de lockout, el descontento entre los productores agropecuarios se generaliza.

Uno de los cambios estructurales en el ciclo ganadero luego de la salida de la convertibilidad fue que las decisiones de inversión de los “hombres de campo” dejaron de regirse por tres precios: los agrícolas, los ganaderos y la tasa de interés, tal como lo hicieron entre 1976 y 2001, ciclo largo durante el cual el stock de ganado vacuno pasó de 61,1 a 48,9 millones de cabezas, para volver a tomarse enfrentando los precios tradicionales. Es decir, los ganaderos versus los agrícolas.

De todas maneras, antes de avanzar en el análisis de la racionalidad económica de los empresarios del campo, conviene tener presente que la “tradición ganadera” de los grandes terratenientes pampeanos operó, al menos hasta mediados de la década pasada, en sentido contrario a dicha racionalidad. Un trabajo realizado por los investigadores de Flacso Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo, publicado en 2005 en el número 177 de Desarrollo Económico y en el que se analiza el comportamiento de cerca de 1300 propietarios bonaerenses, que a mediados de los ’90 controlaban alrededor de 8,8 millones de hectáreas –casi 6800 por cabeza en promedio–, demostró que, a pesar de la mayor rentabilidad agrícola, los latifundistas dedicaban el 70 por ciento del suelo a la ganadería y sólo el 30 a la agricultura. Y ello a pesar de que este último 30 por ciento generaba en 1996 casi el 60 por ciento del valor bruto de la producción total de estas casi 9 millones de hectáreas.

En una nueva investigación que será publicada en Realidad Económica, Basualdo y Arceo analizan el ciclo ganadero desde mediados de los ’70 para concentrarse en los cambios producidos a partir de la devaluación. Algunos datos, aunque desmenuzados, son conocidos. El más relevante es la evolución desigual de consumo interno y exportaciones. Entre 2001 y 2005 las ventas al exterior aumentaron a una tasa anual acumulativa del 49,9 por ciento, alcanzando el último año el nivel más alto en tres décadas. Este crecimiento exponencial de la demanda externa impulsó una suba del 164 por ciento en los precios internos (diciembre de 2005 versus igual mes de 2001). Mientras tanto, el consumo de la población, con 61 kilos por habitante/año, se encuentra en sus mínimos históricos. Luego de haberse recuperado desde el piso de 59 kilos tocado en 2002 hasta 63 kilos en 2004, volvió a caer en 2005 aun en un contexto de relativo aumento de salarios y reducción del desempleo. A principios de los ’90, este consumo era de 76 kilos.

La suba de precios incrementó la rentabilidad sectorial. Siempre en los tres años considerados, el novillo mejoró su relación de valor con el trigo un 26 por ciento y con la soja un 36 por ciento. Comparado con el promedio de los ’90, el margen bruto de las explotaciones ganaderas (ingresos menos gastos antes de impuestos) más que se duplicó. Directamente vinculado, el precio de la tierra creció “en dólares constantes” el 51,5 por ciento. Desde la perspectiva del ingreso de los terratenientes, esto quiere decir que a la ganancia de explotación debe sumársele también la ganancia patrimonial.

Pero, a pesar del aumento de la rentabilidad ganadera, el stock de ganado bovino, a su vez el capital sectorial, no se recupera. Entre las razones de la aparente paradoja se destaca que, entre 2002 y 2004, la rentabilidad agrícola más que se triplicó en relación con la ganadera. En este contexto, las políticas económicas adoptadas resultarían contradictorias. La elevación del peso mínimo de faena significa mayor oferta en el mediano plazo, pero menor en el corto. La veda a las exportaciones mayor oferta en el corto, pero un incentivo a la continuidad de liquidación de stocks en el mediano. Dada esta realidad, las soluciones serían dos. O dejar que el mercado equilibre hacia arriba la rentabilidad ganadera con la agrícola, lo que aplastaría el consumo interno, o bajar la rentabilidad agrícola mediante el aumento de retenciones, el único camino que no afectaría el consumo interno –propuesta de Basualdo y Arceo–. La medida debería ser acompañada también por un plan ganadero que permita aumentar en el mediano plazo el deprimido stock de vacunos. Claro que estas iniciativas difícilmente apacigüen los ánimos empresarios, a quienes les gusta poco que el Estado llegue a este nivel de intromisión en la ecuación microeconómica de sus campos y quienes están poco convencidos de la supuesta rivalidad agricultura-ganadería.