La reunión ocurrió hace poco más de una semana en el Ministerio de Economía. De un lado de la mesa se sentó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Enfrente, con semblantes de póquer, oteaba la elite de los comercializadores frutícolas con base en el Alto Valle del Río Negro, muchos de ellos gerentes de firmas multinacionales con origen en el capital supermercadista europeo. El motivo del encuentro fue el aumento interanual de más del 30 por ciento en el precio de la manzana en las góndolas de los supermercados porteños. Los empresarios mostraron buenas intenciones. Sin que mediara demanda ofrecieron, en adelante, mantener congelados los precios. Moreno les dijo: “Me parece que no entienden. Quiero que los precios bajen, no que dejen de subir”.

Ya fuera del Ministerio los empresarios pusieron el grito en el cielo. En declaraciones a los principales medios de prensa de Río Negro y Neuquén, con los que cruzan participación en los paquetes accionarios, hablaron de “seguridad jurídica”, de “continuo cambio de las reglas de juego”. También aprovecharon para decir que, lamentablemente, los afectados por la “interferencia del gobierno en el mercado” serían los productores primarios, pues se verían obligados a trasladar el ajuste “hacia abajo en la cadena”.

Los asesores de Moreno ya habrán puesto la lupa sobre el asimétrico funcionamiento del circuito frutícola. ¿Por qué el productor primario recibe alrededor de 30 centavos por el kilo de fruta que en las góndolas de Buenos Aires se paga desde 4 pesos? ¿O un techo de 60 centavos por las manzanas que en Europa los consumidores pagan entre 5 y 6 euros? Muchos chacareros, como se denomina en la zona frutícola a los productores primarios, adhieren al discurso empresario que atribuye toda la culpa de los bajos precios al 10 por ciento de retenciones a las exportaciones. Precisamente la última intervención del Estado se dio en este marco. La presunción de una elevada subfacturación llevó al reajuste de los precios de referencia de Aduana, precios que luego se utilizan para pagar la fruta al chacarero. Pero está claro que tratándose del mercado interno el argumento de las retenciones no corre.

En el circuito, que podría estar bajo la lupa de Defensa de la Competencia, los productores primarios entregan la fruta recién cosechada hasta marzo y la cobran a lo largo del año. Llegado octubre no son pocos los que todavía no han visto un peso de “la liquidación”. Mientras tanto el grueso de la fruta ya llegó a los consumidores finales y en las chacras están avanzadas las tareas de la próxima cosecha. Al momento de ser entregada la producción a los empacadores-comercializadores, y aunque existe una legislación en contrario, la fruta no tiene precio. Aunque por el producto de máxima calidad, el de exportación, se pagan al productor hasta 20 centavos de dólar por kilo, quien recibe entre 10 y 12 centavos en promedio se siente bien pagado; puede cubrir sus costos. Por debajo se encuentra el fantasma de “la industria”. La fruta de menor calidad se destina a las jugueras, donde existe un monopolio de hecho –hay sólo dos plantas, con comunidad de accionistas–, monopolio que permitió que tras la devaluación prácticamente no se ajustaran los valores en pesos pagados por la fruta “de descarte”.

Del cuadro descripto surgen, en principio, algunos efectos estructurales. 1. De acuerdo con cifras de la FunBaPa (Fundación Barrera Patagónica) sobre la base de las declaraciones juradas de los empacadores, en la última temporada dos tercios de las manzanas producidas fueron a “industria”, lo que sería un verdadero desastre sistémico de no presumirse sobredeclaración. 2. El precio de industria tira para abajo el valor de la producción primaria de mayor calidad. 3. El sector comercializador oligopólico eligió la estrategia de empacar sólo la fruta de calidad superior y muchos chacareros directamente no cosecharon. Mucha de la buena fruta que quedó en el monte podría hoy estar abasteciendo al mercado interno. 4. El subsistema frutícola regional está perdiendo competitividad y participación internacional frente a otros competidores hemisféricos. 5. A principios de los ‘90 existían 4000 mil chacareros en el Alto Valle, hoy, según los más optimistas, quedan menos de 2800.

Vale considerar que frente a la existencia de “fallas del mercado” aun la teoría económica más ortodoxa considera necesaria la intervención del sector público.

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