El debate económico parece centrado hoy en el problema de los precios. El gobierno nacional está preocupado por la evolución de los valores pagados por los consumidores, el único dato discordante en las estadísticas públicas, esperable en un período de fuerte crecimiento. En el sector agropecuario, en cambio y según deja trascender su dirigencia, la preocupación –el enojo– es porque no reciben el precio pleno por sus productos. Algunas agroindustrias clave, muchas de ellas instaladas en el podio de los que más crecieron luego de la devaluación, como la láctea, ya no se preocupan por el torniquete de Comercio Interior. Lo que antes obtenían vía mayores precios, ahora vendrá por el lado de millonarios subsidios, aunque se supone que con el compromiso de trasladarlo en parte a la producción primaria.

En este contexto, resulta interesante abandonar por un instante el centro geográfico de la escena y analizar la misma problemática en una economía regional extrapampeana. Por ejemplo, la de la fruticultura del Alto Valle del río Negro. Esta semana productores primarios y Estado “acordaron” un precio de referencia para la manzana de descarte, el que se fijó en 7 centavos de dólar el kilo. A fines del año pasado, también se había acordado el valor para la fruta de primera calidad: 17 centavos de dólar por kilo. El dato de esta semana parece marginal. Sin embargo, no lo es.

La base de los valores “consensuados” fue un estudio técnico de costos realizado por economistas y agrónomos de la Universidad Nacional del Comahue y de la estación experimental del INTA Alto Valle. El origen de todo fue la voluntad política del estado provincial, que hace algunos años decidió dirimir las tensiones de precios al interior del subsistema sentando a todos los actores a una misma mesa, a la que bautizó como “Mesa de contractualización frutícola”. Pero desde el mismo comienzo de la iniciativa hubo un problema. Los empresarios –empacadores-comercializadores y jugueros– se negaron sistemáticamente a participar de la Mesa, a la que se suponía debían sentarse por ley (por la “de transparencia frutícola”). El consenso alcanzado esta semana, entonces, es más que relativo. Quienes volvieron a faltar a la cita son precisamente los que tienen que pagar el precio “acordado”.

Llegado este punto podría agregarse la discusión medieval de si el precio consensuado es justo, considerando que las manzanas de descarte, que se supone deberían ir a la industria juguera, se vendían en diciembre a 2 pesos en los supermercados porteños y las de primera calidad tocaban los 7 pesos. Siempre en el mercado interno, porque en el de exportación el valor se multiplica, en especial en Europa. Pero esta no es la cuestión; el precio, finalmente, lo pone “el mercado”. Este es, precisamente, el argumento empresario: no sentarse a la mesa en rechazo a la intervención estatal en el mercado.

De acuerdo a datos del Senasa, en base a las declaraciones juradas de los empacadores, durante la pasada temporada el 66 por ciento de la fruta fue “descarte”. Estos dos tercios de la producción son adquiridos por la industria juguera. El producto final, jugo concentrado de manzanas y peras, se destina totalmente a la exportación a Estados Unidos. La actividad juguera es además monopólica. Una sola empresa controla en forma directa o indirecta prácticamente la totalidad de la producción. Esto significa la existencia de un monopsonio en la compra de la materia prima. Una situación de mercado con un solo comprador para una multitud de oferentes. Se trata de lo que aun la teoría económica más ortodoxa define como grave “falla de mercado” y que, en consecuencia, reclama la intervención estatal.

El problema, entonces, no es ideológico –la mayor o menor intervención del Estado esgrimida por el sector empresario–, sino absolutamente técnico. Cuando hay monopsonio u oligopsonio, como en el grueso de la cadena frutícola, la ley de la oferta y la demanda deja de existir porque la competencia desaparece. Sólo hay lugar para el “esto o nada”.

Cuando las fallas de mercado son evidentes, los Estados modernos suelen intervenir. Estados Unidos, con su poderosa legislación antimonopolio, fue un pionero en la materia. El estado rionegrino, en cambio, optó por autolimitarse a la búsqueda de consensos. Los reiterados pito catalán de los grandotes del barrio, como el de esta semana, deberían ser un llamado de atención suficiente para ensayar estrategias alternativas.

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