Por Susana DíazLa Cuota Hilton representa para la Argentina la posibilidad de exportar a la Unión Europea 28 mil toneladas de carne de primerísima calidad con un valor promedio de 5300 dólares la tonelada. Se trata de la crema del negocio de la industria cárnica, que reporta a unos 25 frigoríficos en condiciones de participar con cerca de 150 millones de dólares anuales. Debido al problema de la fiebre aftosa, durante el período 2001-2002 los productores locales no pudieron exportar. Esta circunstancia posibilitó que, para el período 2002-2003, la diplomacia argentina obtuviera una ampliación de la Cuota a 38.000 toneladas, es decir, una “compensación” de 10.000 toneladas extra que significará ingresos adicionales por más de 50 millones de dólares.
Poder participar de este lucrativo negocio demanda que los frigoríficos estén habilitados por la propia UE y tengan al día aportes previsionales e impuestos. También que en la temporada anterior hayan exportado 300 toneladas de cortes “no Hilton”. Esto es, que hayan realizado un esfuerzo exportador en segmentos del mercado mucho menos rentables. En octubre pasado, la Secretaría de Agricultura modificó este requisito y lo redujo a 150 toneladas. Según argumentaron fuentes de la Secretaría, si no se hubiese producido este cambio solo 9 o 10 frigoríficos habrían estado en condiciones de entrar en la Cuota. Esta opinión oficial es compartida también por algunas cámaras empresarias, en especial la de los frigoríficos más pequeños como Cafra, que agrupa a Pymes de capital nacional y predominantemente del interior del país. El argumento de Agricultura es que la disminución de requisitos evitó la concentración del mercado.
Sin embargo, el “reparto” de la Cuota Hilton continúa sospechado de manejos discrecionales por parte de los funcionarios de la Secretaría de Ganadería y del Senasa. El frigorífico Subpga denunció al secretario de Agricultura, Haroldo Lebed, por distribución irregular de la cuota. La demanda motivó que el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 2, a cargo del juez Jorge Ballesteros, disponga el allanamiento del despacho de Lebed. De acuerdo a fuentes vinculadas a la causa, esto habría permitido secuestrar documentación que ratificaría los contenidos de la denuncia.