Es como mínimo curioso que mientras Estados Unidos por un lado presiona, a nivel OMC y ALCA, en favor de regímenes abiertos y no discriminatorios para las compras gubernamentales, de modo que las empresas norteamericanas no queden apartadas de esos negocios, por otro restrinja a una lista de 63 países la posibilidad de competir por los contratos para la reconstrucción de Irak, que por ahora sumarían 18.600 millones de dólares. Esos contratos son típicas compras gubernamentales, de modo que deberían atenerse a las mismas reglas de apertura.
Obviamente, se trata de utilizarlas como premio para unos (los adictos a la estrategia norteamericana) y castigo para otros (opositores y remisos). Pero de esta manera, además de entrar en contradicción, se renuncia a la optimización en el uso de los recursos. Si empresas de países como Francia, Alemania o Rusia son excluidas de la puja, los precios a pagar serán en principio más altos y más baja la calidad de los trabajos, si es que se cree en los beneficios de la competencia. En realidad, ahora mismo ya hay un escándalo por sobreprecios y berretadas por parte de las compañías estadounidenses favorecidas con contratos por su cercanía al poder, en especial al vicepresidente Dick Cheney. Otra curiosidad es la insistencia de Washington en que otros gobiernos condonen al actual Irak las enormes deudas que contrajo en tiempos de Sadam Husein. Esta pretensión sienta el principio de que no toda deuda tiene que ser indefectiblemente saldada, y que la obligación puede ser suprimida por razones políticas o estratégicas. Así como EE.UU. ha sabido presionar a organismos como el FMI para asistir a determinados países, fuera de consideraciones técnicas (caso Turquía, entre otros), ahora quiere que Francia o Alemania perdonen la deuda iraquí. Es como si se planteara que con el derribo de Sadam se interrumpió la continuidad del Estado, y los actuales ocupantes no heredaron los compromisos del régimen anterior. ¿Kirchner y Lavagna podrían decir lo mismo respecto de Menem, De la Rúa y Cavallo?