Por Alan Cibils *

Uno de los argumentos esgrimidos en círculos oficiales para justificar el último y oneroso acuerdo con el FMI fue que, con el acuerdo, se separaba al Fondo de la negociación con los acreedores privados defolteados. Esta razón se esfumó cuando se hizo evidente que, por enésima vez, el Fondo había errado sus proyecciones de crecimiento de la economía argentina. Como todo parece indicar que el crecimiento sería mayor al proyectado por el FMI, también serían mayores a lo proyectado los recursos fiscales. Dado que el Fondo se cree dueño del superávit fiscal argentino, ha decidido que dicho excedente se asigne al pago de la deuda, convirtiéndose de este modo en lobbista de los acreedores privados defolteados. De estos hechos se desprenden las siguientes observaciones:
1) Ahora que el Fondo y los acreedores privados defolteados negocian juntos, ¿cómo justificar un acuerdo con dicha institución? Es necesario resaltar que la Argentina no recibe préstamo alguno del FMI, sólo recibe una postergación de vencimientos de capital. A cambio de este magro beneficio, la Argentina se compromete a una serie de políticas de ajuste con un altísimo costo social, económico y político. Convendría blanquear la situación de una vez: la Argentina tiene un serio problema a causa de su abultada deuda, incluyendo la deuda con el FMI. El lugar del Fondo, por lo tanto, es en la cola con el resto de los acreedores y no el de “superministro” que impone al país las mismas recetas que causaron la crisis.
2) La recuperación económica argentina no se debe a los acuerdos con el FMI, más bien se produce a pesar de ellos. Recordemos que, para el 2004, Kirchner y Lavagna comprometieron algo más del 16 por ciento del gasto público al pago de la deuda. Uno no puede más que preguntarse qué ocurriría si esos recursos fiscales, generados por los contribuyentes, se asignasen a la educación, a la salud, a la promoción de la inversión y el crédito, a la generación de empleo y a la redistribución del ingreso. La reactivación económica seguramente sería mucho más impresionante, con posibilidades reales de bajar las tasas de indigencia, pobreza y desempleo sin necesidad de recurrir a manipulaciones deshonestas de las estadísticas oficiales.
3) La nueva arremetida del FMI resalta, una vez más, una falla estructural de nuestra democracia: los argentinos podrán elegir mandatarios y representantes, pero los límites de la política económica los establece el Fondo, que ningún argentino elige ni controla. No nos engañemos: plantarse en un superávit del 3 por ciento del PIB no representa un accionar independiente. Autonomía sería decidir qué uso se le va a dar al excedente generado. El accionar del Fondo representa una verdadera subversión de nuestro sistema democrático, hecho que seguramente no sería tolerado en un país en serio.
Pareciera que la historia vuelve a presentarnos con la oportunidad de poner las cosas en su lugar. Y el lugar del FMI no es el que actualmente se le ha asignado.

* Economista.