¿Por qué Roberto Lavagna habrá anunciado esta semana cifras de pobreza e indigencia que el Indec planeaba divulgar recién el 17 de septiembre? Las diferencias entre la medición del Indec (validada internacionalmente) y el cálculo (artesanal) del Ministerio de Economía, son apenas un detalle. Hay dos interpretaciones, no excluyentes, que apuntan a la cuestión de fondo:
La más obvia se refiere a la necesidad oficial de modificar la agenda de la opinión pública. No sólo por el espacio que ocupó en los últimos días la crisis ocasionada por la eyección de Beliz del Gabinete sino también por la atención que acaparará en el futuro la sinuosa relación con el Fondo Monetario. En la reunión que mantuvo el mismo martes con el Presidente, el ministro de Economía le anticipó que el FMI no aprobará la tercera revisión del acuerdo antes del receso estival (boreal), y que en septiembre, cuando los burócratas de Washington reanuden sus actividades, la cosa seguirá muy peliaguda. Lavagna estima incluso que, a menos que hubiera una mejora de la oferta a los acreedores, el G-7 no destrabaría la negociación, y por lo tanto habría que prepararse para vivir sin el Fondo. Esas impresiones fueron ratificadas el jueves, cuando desde Washington el vocero del organismo aseguró que “no están dadas las condiciones para avanzar con la aprobación de las metas”.
La segunda interpretación es más interesante. Existe un incipiente y saludable debate en el oficialismo acerca de los genuinos resultados de la política económica. ¿Basta con el crecimiento para resolver el drama de la pobreza (tesis de la nunca comprobada “teoría del derrame”) o habría que aplicar políticas redistributivas de ingresos más agresivas? El tema fue profusamente abordado en la literatura económica, donde se discute además si las políticas redistributivas atentan contra la inversión privada y el crecimiento (como arguye el denominado Consenso de Washington); o si, al revés, niveles groseros de desigualdad y concentración de la riqueza son un obstáculo para crecer en democracia.
No hace falta ser demasiado suspicaz para darse cuenta que Lavagna se apresuró a zanjar la polémica al estilo de los economistas más conservadores, enviando una señal no sólo a la opinión pública sino también a algunos compañeros de gestión. Dejando de lado el plan Jefas y Jefes de Hogar, instrumentado por Duhalde con un gran sentido de la oportunidad hacia mayo de 2002, no hay otra política de redistribución de ingresos que distinga a la administración Kirchner de sus predecesoras. Se diferencia, en cambio, por la estabilidad, las tasas récord de crecimiento, y el sobrecumplimiento de las exigentes metas de superávit fiscal acordadas con el Fondo.
Ahora bien, veamos si los números difundidos por el propio Lavagna pueden considerarse una “buena noticia”, que ratifica las virtudes del rumbo elegido; o si, por el contrario, constituyen una señal de alarma. Según el ministro, la pobreza se redujo del 56 por ciento de la población en octubre de 2002 al 46 por ciento durante el primer trimestre de 2004. Hay dos elementos peculiares que influyeron en esta baja del índice: por un lado, en octubre de 2002 se había alcanzado un pico histórico como consecuencia de la máxima erosión del poder de compra salarial ocasionado por el salto inflacionario posdevaluación. Por el otro, la totalidad de los planes Jefas y Jefes de Hogar empezaron a morigerar los indicadores de pobreza recién a partir de 2003.
La pobreza descendió 9 puntos durante casi dos años de crecimiento excepcional del PBI (8,4 por ciento en el 2003, algo más durante el primer semestre de 2004), tasas que no volverán a repetirse en el futuro. De acuerdo a las propias estimaciones de Economía, en los próximos años el producto se agrandaría a un ritmo muy inferior: 3 por ciento anual; es decir, bastante menos de la mitad. Sin cambios ostensibles en la política ¿cuántos años deberían pasar para que la pobreza en el país descendiera hasta niveles compatibles con una democracia estable?
Para no ser pesimistas, supongamos que la pobreza disminuyera a razón de 10 puntos cada 4 años. El pronóstico es consistente con las cifras aportadas por el ministro y con un país que progresa dentro de lo esperado por el equipo económico. Pero además no contempla la posibilidad de una recesión en el horizonte, un fenómeno inherente al capitalismo moderno.
Conclusión: en el año 2012, el 26 por ciento de la población seguiría bajo la línea de la pobreza. Esa tasa es similar a los máximos alcanzados durante la década menemista. ¿Son esos niveles “aceptables”? ¿Para quién? Dentro de 8 años, Kirchner ya no estará en la Casa Rosada. Se supone que Lavagna y Menem tampoco.