ENFOQUE
› Por Enrique Martinez *
La pobreza es la evidencia más inmediata del mal funcionamiento social. Diría que no cualquier pobreza. Es especialmente la de los niños, que no pueden hacerse cargo personalmente de su desgracia. De ella, en caso de tener vocación de mirar a otro lado, sólo puede echarse la culpa a sus padres pero, aun así, el imaginario social se carga de remordimiento frente a los ojos tristes de un niño hambriento o su cuerpito flaco y mugriento. Parece que estamos profundizando un proceso de búsqueda de soluciones para este drama. Afirmo que si tal es el caso, es necesario ser prudentes y comprometidos al máximo, porque sería terrible encontrar los mismos ojos tristes al final del camino que se recorra, cualquiera sea. La primera y esencial prudencia, o el primer y esencial compromiso, es establecer relaciones causa efecto correctas, sin que por un momento se construyan mitos en esta cuestión.
Primera idea: Universalizar el ingreso por hijo, se trabaje en blanco o no, se trabaje o no se trabaje, se puede discutir como un derecho ciudadano. Pero, ¿por qué se califica esta decisión de “eliminación de la pobreza”? ¿Alguien está seguro de ese vínculo lineal proclamado?
Segunda idea: Gravar la renta financiera es una acción de equidad tributaria básica en un país donde los alimentos básicos pagan IVA. Pero, ¿por qué se discute este tema o impuestos similares, sólo como forma de financiar el ingreso universal por hijo? ¿Por qué no se avanza unilateralmente en esto?
Tercera idea: Si puede coincidirse que la causa central de la pobreza es la falta de ocupación productiva eficiente, que sea retribuida dignamente, ¿por qué el tema de la generación de trabajo en la sociedad argentina ni siquiera aparece cuando se pasa a discutir el ingreso universal para la niñez?
Después de mucha reflexión, me parece que ninguna de las preguntas presentadas tiene una respuesta lógica. Y no la tiene, porque aquí está operando una negación colectiva, a escala de buena parte de la dirigencia política y social. Se están negando a admitir la profunda crisis del sistema vigente de producción de bienes y servicios, del capitalismo concentrador y excluyente que triunfó a escala mundial y nos tiene presos de él, a pesar de sus crisis, sus fracasos sistémicos y el enorme dolor social que ha generado.
Si sostenemos que asignar 180 pesos por hijo a todo padre –200 o 300, no importa la cifra– elimina la pobreza, no hace falta cuestionar nada más del sistema. Y no tenemos por qué sentir más culpa. Sólo queda discutir de dónde sale el dinero. Si encontramos la ecuación impositiva, bien. Si no la encontramos, la responsabilidad la tendrá el gobierno de turno, que no le preocupa la pobreza. Quienes dicen eso están escondiendo la basura bajo la alfombra. Y nada menos que ocupándose de los niños pobres.
¿Creemos que el ingreso universal por niño debe ser un derecho ciudadano? Sea. Pero no afirmemos a continuación –como hace parte de la dirigencia– que con eso el niño come, se viste, se educa, puede creer en una vida mejor. Podríamos decir que no se muere, que subsiste. ¿Ese es el objeto de la medida? Si es un derecho valioso, digamos que por eso lo propiciamos, pero no por otra cosa. ¿Creemos que la renta financiera debe ser gravada? Creemos, por supuesto. Adelante, hagámoslo.
Ahora discutamos la pobreza.
Hay al menos cuatro millones de empleos en negro en el país. Establezcamos un duro régimen penal para los empleadores que violen las leyes laborales, con tribunales especiales de evaluación de situaciones críticas, con capacidad de decidir la reducción o eliminación de impuestos al trabajo en casos puntuales. Establezcamos la obligación de todo contratista del Estado, de todo receptor de beneficios o subsidios públicos, en industria, en servicios o en el agro, de demostrar a ultranza que cumple con las leyes laborales. El blanqueo del trabajo asegura a la vez que se paguen los salarios familiares, que se cumplan los salarios de convenio y que se financie a la Anses. Hagámoslo.
Para acercarnos a la plena ocupación hace falta crear unos 400.000 puestos de trabajo en la industria. Por el encadenamiento hacia la producción primaria, el transporte y los servicios, eso asegura entre 1,5 millón y 2,0 millones de ocupados dignos. Aquellos 400.000 puestos requieren una inversión de unos 30.000 millones de pesos en 3 a 5 años. Cifras factibles. Ese monto relativamente bajo por puesto ocupado tiene que ver con que un programa de esta dimensión debería empezar por producir alimentos, vestimenta y materiales de construcción para consumo local, en las regiones más pobres del país. Y seguir por todo el denso menú de ocupaciones necesarias y posibles para mejorar la calidad de vida a escala de cada comunidad.
La pobreza se elimina generando trabajo para los pobres. Esa es la única verdad definitiva.
* Presidente del INTI.
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