La discusión sobre el alza de los precios ha ganado la coyuntura política y económica. Sobre las explicaciones del actual proceso inflacionario, se percibe a los economistas del establishment sin lograr un consenso básico. Mencionan explicaciones monetaristas, de atraso cambiario, de excesivo gasto público y, más recientemente, asumen que quizás se trate de un problema de expectativas. Esos economistas no ofrecen otras salidas para el problema inflacionario por fuera de las fórmulas recesivas y de enfriamiento de la economía, sacrificando, en mayor o menor grado, el crecimiento del conjunto. Por este motivo, los controles de precios de Moreno, con toda su “tosquedad” e innegables efectos sobre lo concreto (este año la inflación se mantendría con un techo del 25 por ciento), se muestran como el “mal menor” frente a la sorprendente falta de ideas del establishment, que repitiendo consignas remiten al abismo oscuro y ya conocido del pasado reciente argentino.

Esa incapacidad debe leerse como un síntoma de falta de hegemonía de un proyecto fuerte y surgido del interior del empresariado argentino capaz de dar una “salida” propia. Esto es, disciplinadora a la creciente y constante participación de los asalariados en la arena políticosindical. Y por el otro, que garantice el mínimo esperado y deseado de rentas por los actores económicos, en un contexto donde la política –el caso del paro agropecuario apunta en esa dirección– se va legitimando como herramienta de disputa.

En la actualidad, con un mundo que se derrumba, la lección argentina desde el período iniciado en 2003 es que, en condiciones de alta pobreza, el crecimiento y el desarrollo deben y pueden hacerse a tasas de inflación “moderada”. La discusión –fuertemente política– es qué se entiende por “moderada”. Si un piso de 15 por ciento y un techo de 25 por ciento son “moderados” o “excesivos”. Aquí es donde hace su entrada el aspecto netamente político del problema.

Si bien el proceso inflacionario tomado en abstracto es regresivo –por el deterioro del poder adquisitivo–, no resulta plausible para explicar las tasas actuales de pobreza, donde el factor empleo informal posee la mayor importancia. En un artículo reciente, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman advierte, en referencia al caso estadounidense, que hay que cuidarse de los “profetas de la inflación” que, blandiendo el fantasma alcista, pretenden mantener y profundizar, vía enfriamiento, las altas tasas de desempleo que posee la “gélida” economía del Norte.

De ese modo, la conjunción de aquellas fórmulas surgidas de los “modelos” abstractos, con las muy concretas condiciones de alta informalidad de nuestra economía, lejos de tener efectos positivos sobre la inflación, traerían consecuencias desastrosas para la enorme masa informalizada, donde enfriamiento sería un eufemismo para legitimar un liso y crudo desempleo, una de las formas con las que se ha disciplinado el trabajo. Como se sabe, a la escolástica económica el esquema le cierra, pero la realidad no.

El principal problema de la economía argentina no parece ser el crecimiento excesivo. Sí, en cambio, la enorme cantidad de evasión y de fuga interna, dados los altos márgenes de informalidad, que alimentan el círculo vicioso de la desinversión y presionan al conjunto hacia la dinámica de un patrón redistributivo regresivo. Medidas como la asignación universal –que ha demostrado tener un fuerte impacto sobre la reducción de la pobreza– ayudan sobre los efectos, pero no resuelven una de las patas estructurales del subdesarrollo nacional, que es la anteriormente mencionada informalidad.

La sostenibilidad del modelo, y su proyección a mediano y largo plazo, depende en gran medida de comenzar a establecer sus pilares en agentes económicos sólidos. El asalariado formal es un ejemplo puntual. Siguiendo el camino de la formalización progresiva de la economía se contribuye a dar una base fiscal más de sustentación, esta vez endógena, y por fuera del importante –pero históricamente volátil– frente externo.

Visto en perspectiva histórica, y desde un punto de vista político- social, parecería que la economía se encamina hacia un régimen de inflación con movilización social. Proceso similar a los tiempos vividos durante los años ’60 con “puja distributiva” como una constante conflictual, que pasa a ser estructural e inherente al modelo, sólo que esta vez, afortunadamente y más allá de lo que deseen ciertos analistas del establishment, una ruptura institucional no se muestra en el horizonte. Durante el proceso del desarrollismo hasta el golpe militar del ’76, se creció con una inflación promedio anual de 30 por ciento, sin representar un problema en sí mismo, por lo menos hasta la llegada del “stop” a mediados de los ’70, con la abrupta apreciación cambiaria y el quiebre del flanco externo, iniciando el camino de la desindustrialización.

Como señaló Aldo Ferrer, sin la restricción externa, es decir, manteniendo las exportaciones en alza permanente y con las importaciones bajo control, el modelo actual no presenta peligros mayores. Con respecto al futuro inmediato, las actuales proyecciones de crecimiento para 2010 indican un piso de 6 por ciento. Si a ese efecto general “de derrame”, se suma una actualización de la asignación universal, es posible llegar a diciembre de 2010 con los mejores indicadores de pobreza e indigencia desde la recuperación democrática.

La batalla contra la inflación sólo podrá ser dada satisfactoriamente en el campo de la política: accionando sobre la informalidad, sumado al camino de la transferencia directa de ingresos con la asignación universal, y el fomento del ahorro interno con objetivos de inversión productiva y desendeudamiento. En esta perspectiva, el problema inflacionario con su consecuencia directa sobre la pobreza y la desigualdad puede dejar de serlo más pronto que tarde

* Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (Geenap Mendoza). www.geenap.com.ar