Los economistas ortodoxos demandan enfriar la economía. Desde al ágora proclaman que si el crecimiento fuese más lento, las tensiones, como por ejemplo las inflacionarias, serían menores. Tienen razón. Cualquier proceso de crecimiento económico implica tensiones. Una de las más famosas es la expresada por la Curva de Phillips: cuando disminuye el desempleo aumenta la inflación.

Esto es así porque el aumento del empleo supone una suba global de ingresos y, en consecuencia, un incremento de la demanda de bienes. Esta expansión motoriza dos procesos: 1) aumento de la producción y 2) alza de los precios. La producción crecería más que los precios cuanto mayor sea la disponibilidad de “factores productivos” como el capital y el trabajo. Esto explica que en los primeros años de la post convertibilidad, con abundantes factores ociosos, la inflación no haya sido un problema. A medida que la economía se aproxima al pleno empleo del trabajo y el capital, puede aparecer el problema de que los precios aumenten más rápido que la producción. Pero en cualquiera de los dos casos, 1 y 2, se retroalimentan los ingresos, y con ellos la demanda y así sucesivamente. Agréguese también que instrumentos como la Asignación Universal por Hijo o el ajuste positivo de jubilaciones tienen también efecto ingreso. Luego, y este es el punto, la inflación de demanda afecta la competitividad cambiaria. No es matemáticamente posible una mejora de los ingresos reales de los trabajadores que no afecte el tipo de cambio efectivo para los exportadores.

En estos razonamientos está implícita la existencia de dos relaciones: una directa entre nivel de salarios y nivel de inflación y otra inversa entre nivel de salarios y “tipo de cambio competitivo”. En otras palabras, técnicamente no es posible bajar la inflación sin afectar salarios reales y tampoco es posible aumentar salarios sin afectar la competitividad externa.

Lo que en el fondo discuten los economistas ortodoxos no es entonces la inflación –el efecto–, sino la causa de esta inflación: la mejora en la distribución del ingreso. No lo explicitan, pero resulta tácito.

Lo expuesto sobre el ciclo crecimiento-inflación de demanda-más crecimiento, no significa haber encontrado la fórmula de la felicidad. Por purificador que sea el crecimiento con mejora en la distribución del ingreso, la inflación y el deterioro cambiario pueden, llegado cierto punto, dejar de ser efectos para convertirse en causas, esta vez del freno de la expansión.

La mejor manera de comprender dónde está el punto de inflexión es a través de la observación de la puja por la distribución del excedente en un caso concreto. La previsión teórica es que si la inflación de demanda, con mejora de los salarios reales, afecta inevitablemente la competitividad cambiaria, esto se notará primero en aquellas economías exportadoras con alta demanda de mano de obra. Este es el caso de muchas de las economías regionales de la Argentina.

La semana que pasó no sólo protestó la Mesa de Enlace, por razones políticas y de distribución de la renta al interior del circuito triguero, sino que hubo cortes de ruta en la Norpatagonia, asiento de un circuito frutícola donde alrededor de la mitad del costo de las exportaciones son salarios. Los actores de este circuito son tres: trabajadores, productores primarios y empacadores-comercializadores.

Los empacadores-comercializadores fueron los primeros en reclamar al gobierno nacional por el “retraso cambiario”. Sostuvieron que, a pesar de la bonanza de los mercados internacionales, el aumento de costos internos en dólares les licuaba las ganancias. Para defenderse hicieron dos cosas: 1) le demandaron a Nación medidas por 80 millones de dólares consistentes en eliminación del 5 por ciento de retenciones, aumentos de los reintegros por exportaciones, reembolsos, subsidios al gasoil y control de los aumentos salariales y 2) ofrecieron a los productores primarios precios en dólares inferiores a los del año pasado. Dicho de otra manera, demandaron a Nación una mejora del tipo de cambio efectivo y, haciendo uso de su poder de mercado, ajustaron el único costo flexible: el pagado por la fruta.

Los chacareros se quejaron por los precios recibidos por su fruta, pero extrañamente muchos reclamaron lo mismo que los empresarios. De todas maneras cortaron las rutas durante casi una semana sin un reclamo unificado, aunque sobresalía la demanda por los precios recibidos. Los trabajadores, en tanto, reclaman por mantener el poder adquisitivo del salario y, si es posible, recomponerlo. Los rurales, uno de los tres gremios del circuito junto al personal de empaque y de frigoríficos, firmaron un acuerdo de suba del 25 por ciento con los representantes locales del Ministerio de Trabajo, pero desde Nación lo bajaron al 22. El resultado, con la fruta madurando en las plantas y perdiendo calidad de exportación, fueron cortes de ruta en toda la región que se mantenían el pasado viernes.

Visto desde la perspectiva nacional lo que interesa analizar sobre el caso, pensando en la evolución futura de la economía, es cuál fue la intervención pública en un circuito regional que experimenta pérdida de competitividad cambiaria. Las provincias de Río Negro y Neuquén, sin capacidad de intervenir en la determinación de los lineamientos globales de la política económica, delegaron las soluciones en Nación. En el mejor de los casos, fueron portavoces de los reclamos del capital exportador. A nivel nacional no hubo respuestas durante todo el año. Sólo se bajaron con demora fondos comprometidos con anterioridad de los que se hizo uso clientelar, con beneficio extra para municipios oficialistas. Cuando llegó el conflicto de los chacareros en las rutas, el Ministerio de Agricultura ofreció a las empresas empacadoras una línea de crédito del Banco Nación de 100 millones de pesos a 5 años con una tasa subsidiada del 6 por ciento. El Ministerio de Economía prometió estudiar la baja de retenciones y aumentos de reintegros, Industria ofreció líneas de los créditos del Bicentenario con tasa del 9,9 por ciento anual y Trabajo la posibilidad de poner algún coto a los aumentos salariales. A los chacareros, Agricultura les ofreció subir de 20 a 40 millones de pesos un fondo rotativo para créditos a tasa cero a un año, del que se debate si será o no subsidio puro en vez de créditos. La provincia de Río Negro ofreció por su parte 1 millón de litros de gasoil. Nación propuso también la creación de un observatorio de precios para determinar los “verdaderos” números del negocio.

La sumatoria de medidas parece mostrar un Estado activo y voluntarioso. El vaso medio vacío indica que no se atacaron los problemas estructurales, se reincidió con los subsidios y se esperó una crisis y el inicio de la cosecha para una intervención tardía. Los insumos que puedan surgir de un “observatorio de precios” ya deberían existir en los ámbitos ministeriales. La información de primera mano sobre los circuitos regionales debería ser un insumo básico de la política económica.

Como en el futuro situaciones como las de la Norpatagonia se repetirán en otros circuitos exportadores vale considerar que, a partir de cierto momento, los lineamientos macroeconómicos requieren complementarse con una gestión más pulida

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