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El análisis del discurso de los medios suele interesar más a los periodistas que a los lectores. Pero en el presente, el fenómeno mediático es inseparable del discurso político. En el plano económico en particular, el esfuerzo de algunos medios se supera día a día en travestir resultados. La economía, mal que les pese a quienes miran desde la vereda de enfrente, es el punto fuerte de la actual administración. Por supuesto que no es el mundo perfecto y de crecimiento multidimensional que exaltan los apologistas. El de la economía es el espacio del conflicto, de las tensiones, de las luchas por la apropiación del excedente, de las contradicciones en el reparto del valor agregado en la producción. Pero algunos números presentados en el discurso de la Presidenta en la apertura de sesiones del Congreso son incontrastables.

El crecimiento económico sostenido en el tiempo es, sin dudas, “el más importante de la historia”, con 9,1 por ciento en 2010 y un promedio en torno del 7 desde 2003. A esta altura, y luego de la crisis internacional, no hace falta aclarar que la expansión no fue sólo una consecuencia de las condiciones externas favorables: el famoso “viento de cola” introducido como concepto en 2003 por los economistas especializados en pronósticos fallidos. Las fuertes turbulencias internacionales sólo se sintieron localmente por su coincidencia con la caída de la cosecha de granos por razones climáticas. En paralelo, el proceso de desendeudamiento llevó la ratio deuda/PIB de más del 150 al 36,5 por ciento actual. La deuda pública es gravosa, pero dejó de ser un condicionante de la economía local.

Las reservas internacionales, una acumulación virtuosa del modelo, que para la ortodoxia es un vulgar efecto de “la política monetaria expansiva” y la inflación, están por encima de los 52.000 millones de dólares. La Presidenta destacó que entre 2003 y 2010 el crecimiento industrial fue del 87 por ciento. En un gobierno acusado de populista por su modesta pretensión de no dejar afuera de los beneficios de la expansión a los asalariados, al sector financiero nunca le fue mejor, quizás un exceso que debería revisarse con urgencia. Cualquier economista puede decir que los agregados esconden infinitos matices, pero estos números son demasiado contundentes para esconderlos detrás de la infeliz intervención del Indec.

En el sector agropecuario, en tanto, la cosecha de los principales granos ya se encuentra en el umbral de los 100 millones de toneladas. Bajo un gobierno señalado de tener “políticas anticampo” por atacar, vía retenciones, los tradicionales problemas de “estructura económica desequilibrada” de la economía local, al agro nunca le fue mejor. Alcanza con ver lo que siempre se destaca: el crecimiento de la producción, el valor de la tierra, la expansión del área sembrada y la explosión del comercio exterior. El campo resulta menos luminoso cuando se analizan otros indicadores, como el valor agregado local, el efecto multiplicador extrainmobilidario, la generación de empleo y el pago de impuestos internos.

Hoy el agro es noticia por sus dimensiones menos virtuosas: el trabajo precario, “semiesclavo” y la evasión y la elusión impositivas; internas en Ganancias y externas vía triangulaciones con paraísos fiscales, con multinacionales cerealeras sancionadas por la AFIP.

El Estado es corresponsable de la existencia de estos fenómenos por déficit de fiscalización, pero si el problema sale a la luz, es precisamente porque dicho déficit comienza a reducirse. “Por primera vez la Argentina supera los 100 mil millones de dólares de recaudación impositiva. Para ser más exactos 104.754 millones de dólares, como también un record de facturación (...) estamos hablando, obviamente, de la facturación declarada, de la facturación en blanco, porque no podemos ignorar –seríamos muy hipócritas– que todavía resta un gran desafío que es vencer a la evasión fiscal. (...) El sector que más ha participado en esta recaudación ha sido el de la industria manufacturera, con un 21,4 por ciento, siguiéndole el sector financiero, el sector bancario, con un 17,9 por ciento, casi un 18,0 por ciento de la recaudación; en tercer término el comercio al por mayor y al por menor, con un 10,6; 9,5 por ciento los servicios inmobiliarios; 8,4 por ciento comunicaciones y servicios de transporte y una curiosidad: el sector de agricultura y ganadería –uno de los sectores más dinámicos de nuestro país, en cuanto a productividad y rentabilidad– solamente ha participado en esa recaudación en 2,8 por ciento, casi igual que lo que ha recaudado la enseñanza privada en la Argentina , con el 2,1 por ciento”, destacó la Presidenta. El dato, aunque irrite al lobby campero, es realmente notable. Uno de los principales sectores de la economía local medido por su aporte al PIB paga menos impuestos que la educación privada. Es más, está casi último en el ranking. Por supuesto, Cristina Fernández no incluyó las retenciones, que son un arancel, un desdoblamiento cambiario, y no un impuesto. Lo que en cualquier país “serio” –como gusta ponderar la prensa “seria” o los economistas “serios”– sería un escándalo de proporciones fue titulado por la pata mediática del bloque agromediático como un “nuevo ataque de la Presidenta al campo”.

Al día siguiente, el pasado miércoles, y previo llamar por teléfono a la Presidenta, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, asistió a la feria Expoagro que organizan los diarios Clarín y La Nación. Desde su creación, y en particular a partir de 2008, la feria se convirtió en un tradicional espacio de amplificación de los reclamos sectoriales. También de la imagen de los políticos que quisieran acompañarlos. Pero una de las características de la gestión del ministro Domínguez fue haber cumplido con el mandato con el que llegó al ministerio: mejorar las relaciones con la siempre crispada dirigencia agropecuaria. Obviamente, en la visita ministerial a Expoagro no pasó nada. No hubo declaraciones altisonantes, ni abucheos, ni silbidos. Fueron todos buenos modales. Tanto que La Nación insinuó una presunta desinteligencia entre Domínguez y sectores “ultrakirchneristas”. Algo había que escribir, pero la realidad fue el fracaso mediático de volver a tensar las relaciones campo-gobierno. Los problemas reales del sector agropecuario no son hoy con en el Poder Ejecutivo, sino en el Judicial, más concretamente con los fueros Laboral y Penal tributario

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