Luego de cierta inactividad en los meses previos a las elecciones, la actual administración se sacudió la modorra y avanzó en dos frentes con medidas que adelantan direcciones y ejes de gestión. Estos frentes son el cambiario y el fiscal. Comprender ambos frentes demanda aclaraciones. En lo económico el modelo kirchnerista nunca fue explícito, sino tácito. Nunca existió, por ejemplo, algo parecido a un plan de desarrollo. Aunque con lineamientos muy marcados “el modelo” fue, antes que nada, resultado del pragmatismo. La materia original fueron las necesidades acuciantes de la salida de una de las peores crisis de la historia económica argentina. Los lineamientos fueron el crecimiento conducido por la demanda y la recuperación del empleo y el salario. El resto fue construcción y, en origen, supuso tipo de cambio competitivo, segmentado vía retenciones, y desendeudamiento.

Pero en el presente algunas variables muestran signos de agotamiento. Por ejemplo: la puja distributiva generó aumentos del índice general de precios. Pero la inflación no sería un problema si no fuese por su interacción con el tipo de cambio. La inflación también se registró en dólares. La primera consecuencia fue la más conocida para los casos de revaluación: la pérdida de competitividad. Tras el superdólar de la inmediata posconvertibilidad, era esperable una reducción de márgenes, pero la reducción no puede ser infinita. A medida que el dólar se hace más barato aparecen algunos problemas. El principal es la “restricción externa”. Primero el superávit de divisas se reduce, luego desaparece y finalmente reaparece el déficit. Si esto último ocurre pueden suceder dos cosas: se evaporan las reservas internacionales o se recurre al endeudamiento externo. Pero conviene no exagerar, por ahora la economía está sólo en el primer escalón de la restricción: la reducción del superávit externo. Esta reducción responde a por lo menos tres razones. La primera es que el abaratamiento del dólar alienta las importaciones. La segunda es que reduce la competitividad de las exportaciones, y la tercera es que fomenta la salida de capitales. Esta tiene varias formas. La primera son los ahorristas pasándose a dólares en busca de reserva de valor, la segunda es la fuga propiamente dicha y la tercera es que las filiales locales de las multinacionales giran al exterior más utilidades porque sus ganancias en dólares son mayores. Estos elementos sirven para comprender las alianzas sociales que se generan a favor de este statu quo.

El sector financiero, las multinacionales y el capital importador se encuentran cómodos con la revaluación, mientras que los sectores productores de bienes, en relación directa con la cantidad de mano de obra empleada, no.

Luego está la dimensión fiscal. Una de las tantas complicaciones con que se encontraron los hacedores de política durante la salida de la convertibilidad fue que el grueso de las tarifas de los servicios estaban dolarizadas, no sólo por el régimen económico del 1 a 1, sino contractualmente tras las privatizaciones. Ello motivó dos cosas: en muchos casos la ruptura de aquellos contratos, lo que dio lugar a juicios en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial (no debe olvidarse que en los ‘90 se renunció hasta a la soberanía jurídica), y en segundo lugar a la necesidad de subsidios para mantener el funcionamiento de muchos de estos servicios. Adicionalmente, los subsidios, que tuvieron no pocas desprolijidades (como suele suceder con este tipo de instrumentos en el marco de un aparato de Estado en reconstrucción), cumplieron una doble función para los consumidores. La primera fue una transferencia extrasalarial para las familias, y la segunda una reducción de costos para las empresas. Las transferencias fueron gasto público con una orientación social y estructural muy clara. Dicho de otra manera: el sistema funcionaba como un relojito; por un lado se diferenciaban tipos de cambio en una estructura productiva desequilibrada vía retenciones, y por otro, con el ingreso de las retenciones se financiaban transferencias a los consumidores que beneficiaban a la oferta de bienes vía menores costos empresarios e incentivaban la demanda al generar ingresos extrasalariales.

Pero la realidad económica es dinámica. Por un lado la puja distributiva con revaluación cambiaria redundó en un aumento de la nominalidad de la economía, con deterioro del frente externo, por otro, el aumento de nominalidad con congelamiento tarifario supuso como contrapartida el aumento constante de los subsidios, con deterioro del frente fiscal. No son desastres apocalípticos, sólo frentes que deben ser atendidos. Las medidas conocidas tras el triunfo en las elecciones apuntan a esas cuestiones.

En el frente cambiario, sin embargo, las medidas parecen trabajar más sobre los efectos que sobre las causas. La primera medida fue terminar con el privilegio de mineras y petroleras para dejar parte o la totalidad de sus divisas de exportación en el exterior. La segunda, conocida esta semana, fue desalentar la dolarización a través de un monitoreo más estricto sobre la compra de divisas. La llamada fuga de capitales, que en los primeros nueve meses del año sumó 16.000 millones de dólares, se constituyó también con el pasaje a dólares de los “ahorristas”. En los primeros tres trimestres quienes compraron divisas fueron, según informó este diario, 3 millones de personas físicas y jurídicas, de las que sólo 6000 (el 0,2 por ciento) adquirieron más de 250 mil dólares cada uno por un total de 5600 millones (37 por ciento de “la fuga”). Los números indican una gran dispersión de los compradores, lo que supone que muchos “actores no especializados” pasaron sus pesos a divisas. Esto fue lo que se quiso comenzar a desalentar. Lo más probable es que se consigan dos cosas, que algunos pocos descarten pasarse a dólares y que el pasaje a divisas del dinero del circuito no registrado, se encarezca. No es otra cosa que la conocida historia de la ley seca. En las economías mercantiles, y por ahora no se conocen otras, las restricciones sobre la oferta generan mercados negros. Marginalmente puede esperarse un poco de blanqueo. Son medidas necesarias, que debían tomarse, pero que apenas representan un primer paso. Y por supuesto, no son medidas que atacan el problema de fondo, que es el nivel del tipo de cambio.

En materia de subsidios, la bola creció muy rápidamente. De acuerdo con un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en el Presupuesto 2012 tales subsidios suman 75.273 millones de pesos. De este total, unos 42.000 millones, el 55 por ciento del total, son los subsidios al sector energético: entre ellos a la generación eléctrica a través de Cammesa, alrededor de 21.800 millones destinados a mantener la estabilidad tarifaria, y otros 11.600 millones a Enarsa para la importación de combustibles. En segundo lugar en importancia se encuentran los subsidios al transporte, que representan unos 19.000 millones. Dejando de lado los subsidios para Aerolíneas Argentinas y Austral, unos 2500 millones, el resto se destinan al poco federal sostenimiento del transporte urbano e interurbano de colectivos y trenes en el área urbana de Buenos Aires. Las empresas públicas, en tanto, recibirán unos 10.000 millones, la mitad irán para AySA, otro de los gastos heredados, junto con Aerolíneas, de la necesidad de hacerse cargo del ruinoso resultado de muchas privatizaciones.

Las iniciativas anunciadas esta semana apuntan a la reducción de apenas 600 millones de estos subsidios, pero se supone que serán sólo un punto de partida y vale notar que afectan a sectores privilegiados que registraron superganancias en los últimos años, como las empresas extractivas, la actividad financiera y bancaria, casinos y telefonía celular, entre otros. La medida va en el camino correcto en tanto quedó demostrado que el carácter universal de los subsidios a las tarifas energéticas, agua y transporte provocaba no pocas injusticias, empezando por los 600 millones que se borrarán a partir de esta semana. Sin embargo, del detalle surge que la eliminación de otra parte de estos subsidios podría tener efectos estructurales, es decir, multiplicar mayores costos sobre el conjunto de la economía y retirar ingresos extrasalariales de la demanda efectiva. De aquí la necesidad de crear un cuerpo especial que estudie globalmente los efectos de cada poda que se decida en adelante

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