Al kirchnerismo nunca le gustó que le marquen la agenda. Mucho menos que le adelanten las primicias. Si se rememora lo sucedido con sus principales hitos de gobierno e informativos, como el pago al FMI, el fin de las AFJP o, más cerca, la elección del vicepresidente, queda claro cuál es el manejo interno de la información. Por eso, lo sucedido esta semana con YPF estuvo fuera de su manual de estilo. El “adelanto” a la prensa del gobernador neuquino Jorge Sapag del pasado martes, cuando deslizó el ingreso del Estado a la actual Repsol YPF, cayó como un balde de agua fría entre los funcionarios nacionales. Con sus dichos, Sapag blanqueó una de las hipótesis que, se sabía, manejaba el Gobierno para tomar el control de la petrolera española. La sorpresa fue que la noticia la adelantó un gobernador que, según dicen quienes manejan la estrategia nacional, se encuentra entre los más díscolos frente a la decisión de recuperar YPF.

Sapag había dado antes otro paso solitario: le quitó la concesión a una tercera empresa, Petrobras, para mostrar que la cosa no era sólo con YPF. Sin embargo, la situación de la petrolera española no es comparable con la del resto de las empresas. Y no sólo porque se trata de la principal firma del sector, sino porque es la que proporcionalmente menos invirtió y la que registra una mayor caída de sus reservas comprobadas. Entre 2002 y 2009, las reservas de gas de Argentina cayeron el 42 por ciento en volumen, pero las de YPF lo hicieron el 68. La YPF argentina fue comprada por Repsol en base a endeudamiento, lo que determinó la maximización extractiva en un marco de desinversión.

Cabe preguntarse, entonces, por qué el mandatario neuquino resiste el avance del Estado nacional para conformar una nueva empresa en la que las provincias tendrán una participación proporcional. Un dato no del todo conocido por quienes están fuera del sector petrolero es que, siguiendo la reforma constitucional de 1994, reglamentada por Néstor Kirchner en 2006 a través de la llamada Ley Corta (Nº 26.167), el dominio del subsuelo se transfirió a las provincias. La reforma transformó a un negociador único, la Nación, en una pluralidad, las provincias, lo que debilitó el poder de negociación del sector público frente a empresas con una gigantesca capacidad de lobby. Por ello a partir de 2006 se asistió a un continuo de renegociaciones de áreas petroleras con resultados muy dispares en las distintas provincias en función de las diferentes capacidades de negociación.

La revitalización de la Organización Federal de las provincias productoras de hidrocarburos (Ofephi), impulsada por CFK, apuntó al doble objetivo de asumir la nueva legalidad post Ley Corta y de aglutinar el poder de negociación estatal. Desde que Página/12 adelantó en exclusiva la voluntad del Estado de ingresar total o parcialmente a YPF se pudo observar a una Ofephi coordinada avanzando progresivamente en la reversión de áreas subinvertidas de la petrolera española, decisiones que, con otras relaciones de poder, las provincias jamás habrían tomando por sí solas.

Hoy existe una mayoría que supera holgadamente al 54 por ciento de los votantes que apoyaron al Gobierno, ansiosa por ver el final de una de las privatizaciones más oprobiosas de la década del ’90, una medida que el kirchnerismo no tenía en su agenda original y un rubro en el que, además, ensayó una variante fracasada: el ingreso de la “burguesía nacional” de la mano del grupo Eskenazi. Como se sabe, peor que el error es persistir en él. La no noticia de esta semana, seguramente lo será en las próximas, aun en un marco de presiones y estertores residuales de la soberbia española y sus aliados europeos.

Amén de las expectativas creadas en esta mayoría, que hacen difícil imaginar una vuelta atrás, los datos económicos admiten pocas alternativas. La matriz energética local depende en un 85 por ciento de los combustibles fósiles, pero la extracción (“producción”) de petróleo comenzó a caer en 1998 y la de gas en 2004. Desde 2003, en tanto, la economía nunca dejó de crecer. Si dos curvas tienen pendiente de distinto signo a lo largo del tiempo, se genera entre ambas una brecha cuyo crecimiento puede ser exponencial. 2011, con importaciones de combustibles cercanas a los 10.000 millones de dólares, marcó un límite. La brecha será difícil de revertir en el mediano plazo por tres razones principales: el PIB probablemente crezca más despacio, pero seguirá una evolución positiva, los precios internacionales de los hidrocarburos también seguirán una tendencia alcista y la sustitución de importaciones energéticas será, en el mejor de los casos, un proceso lento que demandará ingentes inversiones de larga maduración. En los próximos años, las importaciones de Combustibles y Energía se contarán entre los rubros más molestos de las cuentas públicas. Otro punto interno no tocado, el downstream (la capacidad de refinación local), también se encuentra al límite al menos desde 2005.

Quienes defienden la continuidad del statu quo sostienen que se llegó a la situación actual por culpa de políticas de precios regulados que no incentivaron las inversiones. Creen que si los precios hubiesen sido los “de mercado”, las mayores inversiones habrían evitado la pérdida del autoabastecimiento. La argumentación es rebatida por la historia reciente. Fueron muchos los años en que rigieron precios internacionales, apertura y completa liberalización y el único balance fue la potenciación de la extracción y las exportaciones sin la concomitante reposición de reservas. También argumentan, descontextualizando, que la propiedad estatal no garantiza las inversiones, argumento que también es puesto en duda por la historia: el grueso de las reservas explotadas en la post privatización fueron incorporadas por la YPF estatal. La experiencia muestra que la intervención pública es central si el objetivo es el desarrollo y no la predación de recursos no renovables.

Sigue pendiente la razón de la resistencia del gobernador Sapag, en la que no hay sólo ideología. Tratándose de una actividad extractiva como la petrolera, el éxito no depende sólo de las inversiones, sino de la existencia de los recursos. Neuquén se asienta sobre las formaciones geológicas Los Molles y Vaca Muerta, dos áreas de la Cuenca Neuquina que albergan una de las reservas de recursos “no convencionales” más grandes del mundo, dato que surge tanto de estudios de la ex YPF estatal y la propia provincia en años recientes, como del Departamento de Energía estadounidense. Estas formaciones contienen recursos que podrían transformarse en reservas para los próximos 50 años, pero por su carácter no convencional: gas y petróleo de arenas compactas y rocas arcillosas que demandan un reticulado de pozos donde antes bastaba uno solo, más fisuras hidráulicas del subsuelo para que drenen los fluidos, también demandan inversiones mucho más importantes. El convencimiento de Sapag es que el Estado nacional por sí solo no puede hacer frente a las inversiones necesarias.

El panorama presente deja unas pocas conclusiones. Revertir el modelo de los ’90 requiere cambios más radicales que los ensayados en la última década. Una acción más decidida del Estado es indispensable y cuenta, además, con un elevadísimo consenso político interno. Por último, la sola presencia del Estado no garantiza por sí sola la reversión en el corto plazo de la brecha energética externa

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