Algunos gobernadores argentinos sostienen desde hace tiempo un reclamo para que la Nación distribuya una mayor cantidad de recursos hacia sus provincias. Esas voces han tenido, en las últimas semanas, una mayor presencia a raíz del deterioro fiscal de las cuentas provinciales, que ha encontrado su expresión más crítica en el desdoblamiento del pago del aguinaldo en la provincia de Buenos Aires.

Ese reclamo está acompañado de un silencio absoluto por parte de las autoridades provinciales sobre la política fiscal y la gestión tributaria en los territorios que gobiernan. Esto no permite que quede de manifiesto que los ingresos provinciales se componen de transferencias del Estado nacional y de ingresos propios. ¿Cómo es la gestión de los ingresos provinciales propios?

En la Argentina, la suma de impuestos provinciales de las 24 jurisdicciones en 2011 alcanzó el 4,7 por ciento del PBI. En el año 2000, ese porcentaje era del 3,8 por ciento. Es decir que el crecimiento en el período 2000-11 fue del 23,6 por ciento. En el mismo período en la Nación la presión fiscal pasó de un 17,3 por ciento a un 27,3 por ciento del PBI. Esto implica un incremento del 57,8 por ciento. Es decir que en dicho período el incremento de la recaudación nacional más que duplicó al crecimiento de la recaudación provincial.

Veamos también cómo recaudan las provincias: según datos de 2011, en la provincia de Córdoba el Impuesto a los Ingresos Brutos representó el 80,7 por ciento de la recaudación total provincial. En Santa Fe, ese porcentaje fue del 70,9 por ciento y en la provincia de Buenos Aires, del 75,2 por ciento. Queda claro que estamos hablando de un impuesto indirecto trasladable a los consumidores y con un impacto regresivo sobre la distribución del ingreso.

En contrapartida, los impuestos de base patrimonial (el inmobiliario –urbano y rural– y patentes), que son impuestos progresivos porque tributan más los que más tienen, en Córdoba han representado en 2011 el 10,5 por ciento del total de los recursos propios, en Santa Fe, el 16,7 por ciento y en Buenos Aires, el 12,4 por ciento.

No sólo las provincias incrementaron mucho menos la recaudación que lo que lo hizo la Nación, sino que ese incremento se produjo especialmente sobre la base de impuestos indirectos y regresivos. Entre 2003 y 2011 la importancia de la recaudación de impuestos progresivos sobre la recaudación total se redujo en un 65 por ciento en Córdoba, en un 40 por ciento en Buenos Aires y en un 12 por ciento en Santa Fe.

En otras provincias argentinas, como las patagónicas y las del norte, una parte significativa de sus recursos provienen de las regalías petroleras, gasíferas, mineras y pesqueras. Y el peso del Impuesto a los Ingresos Brutos es muy inferior al observado en la “pampa gringa”. En estas provincias existe un mecanismo para captar la renta extraordinaria que se produce a partir de la existencia de recursos naturales estratégicos y de un alto valor en el mercado internacional.

A nadie escapa que la tierra de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe presenta el mismo atributo en los últimos años: la productividad del suelo se encuentra en los más altos valores históricos, el precio internacional de los cereales y oleaginosas desde hace más de un lustro está por las nubes y la renta ha sido más que significativa. Y todos recordamos el conflicto político que se generó cuando se pretendió desde el Estado nacional que los productores de soja contribuyeran impositivamente en forma proporcional a los incrementos de los precios en el mercado internacional. Por lo menos dos de los tres gobernadores involucrados se alinearon, en dicho conflicto, del lado de los productores con rentas extraordinarias y no del Estado. A nuestro juicio, el problema del financiamiento provincial actual tiene por lo menos dos aristas convergentes: una política y otra fiscal.

La primera es producto de la falta de voluntad de los gobernadores de esa tríada de provincias en exigirles una mayor contribución a los propietarios urbanos y rurales en el período de “vacas gordas” del crecimiento de la actividad económica nacional. Han optado por sostener el crecimiento del gasto público, cada vez en mayor medida, con los fondos aportados por la coparticipación federal, a partir del aumento de la presión fiscal nacional, que no implicó ningún costo político para ellos. Incluso oponiéndose a una mayor recaudación del Estado nacional cuando los sujetos de imposición son los propietarios de tierras y productores de sus propias provincias.

La segunda tiene que ver con una manifiesta incapacidad para, en un contexto económico nacional e internacional favorable, haber encarado las reformas tributarias que dotaran al sistema de mayores recursos y de un mayor equilibrio entre impuestos progresivos y directos versus los regresivos e indirectos.

La conjunción de esas dos variables determinó que tres de las provincias más ricas de la Argentina sostengan tres cuartas partes de sus ingresos públicos provinciales en base al Impuesto a los Ingresos Brutos, que tiene la característica de ser regresivo, indirecto y con un alto nivel de elasticidad. Es decir, que sufre de manera lineal los vaivenes coyunturales de la actividad económica. Al mismo tiempo desprecian o menosprecian la recaudación a través de impuestos al patrimonio que son progresivos, permanentes y menos dependientes de los ciclos económicos.

Ahora, la solución no pasa solamente por reclamarle al Estado nacional que “ayude” a cubrir las obligaciones fiscales, sino también por hacerse cargo de las “imprevisiones del ayer” para que en un plazo razonable podamos contar con sistemas impositivos provinciales que contribuyan al logro de estados más justos, equilibrados e integrados socialmente. Este objetivo también forma parte del federalismo.

* Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento.