Si usted integra, por militancia o simpatías, las filas de la oposición, su lectura de la realidad económica se concentrará en el conjunto de contradicciones presentes en la actual administración. Sucede que si bien el Gobierno avanza en el mismo sentido que su discurso, el del crecimiento del Producto con mejora en la distribución del ingreso, son muchas las materias pendientes y no son pocos los aciertos que se demoraron. Pendientes son, por ejemplo, el cambio de raíz el modelo de transporte de los ’90, o transformar la educación y la salud públicas hasta que se vuelvan verdaderos bienes extrasalariales. Decisiones demoradas fueron, por ejemplo, el fin del régimen de las AFJP y la recuperación de YPF.

Si usted milita en el oficialismo, optará en cambio por ver todo lo bueno realizado. La necesidad de destacar los logros propios es inmanente a la militancia, pero se vuelve imprescindible cuando se trata de una administración asediada por los medios hegemónicos. Luego, la organización de la militancia contiene un fuerte componente de obediencia, lo que sumado a lo anterior se traduce en falta de autocrítica, una de las causas de los pendientes y demoras.

Después existe una razón instrumental: “no se puede –como enseña la militancia– abrir todos los frentes al mismo tiempo”. La afirmación vale si se recuerda la crisis política desatada en 2008 ante el mero intento de adecuar un arancel. Pero existen tres explicaciones adicionales que se vinculan con el propio funcionamiento del Estado. La más fuerte es que “el Gobierno”, aunque tenga una estructura jerárquica, no es uno solo: a nivel nacional suelen existir disparidades de criterio entre los distintos ministerios y entre Nación y las provinciales. La segunda explicación, directamente vinculada con la anterior, es que el partido de gobierno es un movimiento policlasista que también está integrado, infiltrado, por buena parte de las oligarquías locales y provinciales. El tercer elemento es un dato técnico: falta planificación. El Gobierno parece creer ciegamente en el repetido apotegma de Keynes según el cual en el largo plazo todos estaremos muertos. Su política siempre fue resolver sobre la marcha.

Esta falta de unidad en la administración y de marcos de planificación sectorial da lugar a efectos indeseados. Uno de ellos es que, muchas veces, las políticas que se aplican en los territorios no sólo no están en línea con los marcos globales del gobierno nacional, sino incluso en contra.

La mejor manera de verlo es con un ejemplo. Esta semana, el Ministerio de Agricultura difundió los ejes de un “Plan” para la fruticultura norpatagónica, actividad que se de-sarrolla, principalmente, en la provincia de Río Negro. El caso importa porque muestra lo que sucede cuando distintos ministerios nacionales, en este caso Economía y Agricultura, no coordinan sus políticas.

Durante 2012 el Ministerio de Economía hizo una propuesta muy clara para la producción frutícola. Frente a reclamos cambiarios y de costos ofreció la posibilidad de un plan “audaz” para mejorar la competitividad sistémica del circuito. A cambio, pidió a los funcionarios provinciales que desarrollen un marco institucional para evitar que los beneficios potenciales a otorgar “no terminen siempre en manos de los mismos”. La oferta fue de beneficios y recursos nacionales a cambio de una mejora en la distribución del ingreso en la propia región: esencialmente se trataba de mejorar la distribución al interior de la cadena de valor entre productores independientes y empacadores. Se entendía que así podría lograrse el objetivo más amplio de aumentar el Producto Bruto Geográfico. Aumentar el PBG no sólo es una condición necesaria para el desarrollo económico, sino uno de los ejes centrales del Plan Agroalimentario Nacional propuesto por Agricultura: “Aumentar el valor agregado en origen”. Sin embargo, el “Plan” presentado por Agricultura para Río Negro sostiene exactamente lo contrario: no apuesta al aumento de la producción, sino a su achicamiento. Literalmente habla de “reconvertir plantaciones frutícolas, de acuerdo con los resultados de un relevamiento económico financiero. Para luego determinar las variedades con perspectivas comerciales según mercados y oferta máxima que pueda ser colocada con fluidez”.

Para entender el párrafo debe articularse con las declaraciones de funcionarios que sostienen que el problema en la región es que “sobra fruta” más la propuesta de reemplazar montes frutales por cultivos de ciclo anual. La pregunta inmediata es por qué, si no hay mercados para “colocar fruta con fluidez”, competidores hemisféricos como Chile aumentan año a año los kilos producidos frente a las tres décadas de estancamiento, en kilo de frutas, que acumula la fruticultura norpatagónica.

Difícilmente se pueda hacer un diagnóstico económico más erróneo. Probablemente sea la primera vez en la historia, al menos en democracia, que un plan productivo propone explícitamente reducir la producción en vez de aumentarla y, adicionalmente, reconvertir hacia cultivos de menor valor agregado a pesar de un plan nacional que propone exactamente lo contrario.

¿Cómo se llegó a este punto? La alianza de la oligarquía agromediática provincial con el gobierno rionegrino se tradujo en el nombramiento, al frente del Ministerio de Producción, de un empleado, hasta el momento de ser nombrado, de la cámara de exportadores frutícolas. El actual secretario de Fruticultura, uno de los autores intelectuales de la propuesta, se desempeñaba, hasta el momento de ser nombrado, como integrante del “Equipo Territorial” del Ministerio de Agricultura en la región. Antes de ser nombrados, el secretario y el ministro, amigos personales, propugnaban políticas que favorecían a los exportadores en un “observatorio de precios” que nunca arrojó resultados y que funcionó como entretenimiento durante años. Ambos ingresaron a la administración provincial como resultado del acuerdo entre la provincia y el Ministerio de Agricultura, cartera que, vía el área de Emergencia Agropecuaria, conserva facultades para bajar fondos a las regiones por fuera de cualquier plan. Todo ello sin hacer ningún ruido con el establishment local y continuando con el uso de los subsidios directos a los productores primarios como subsidio indirecto a los empacadores-comercializadores, es decir como parte del precio que estos últimos no pagan por la primera venta de la fruta. La propuesta del Ministerio de Economía, en tanto, fue archivada

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