El primer resultado tangible del Diálogo Político y Económico fue la elevación del piso del Impuesto a las Ganancias. El anuncio presidencial satisfizo uno de los principales reclamos de la dirigencia sindical.

Los sindicatos también plantearon la necesidad de disminuir los índices de informalidad laboral. Esa temática será debatida por una comisión integrada por representantes sindicales, empresariales y funcionarios del Ministerio de Trabajo.

La tasa de empleo “en negro” registró en Argentina una tendencia ascendente desde la década del ochenta. El deterioro del mercado laboral se mantuvo tanto en fases económicas expansivas como recesivas.

La explicación neoliberal de ese fenómeno era que la informalidad estaba causada por una excesiva regulación estatal. En otras palabras, el empleo “en negro” era resultado de los elevados costos laborales. Sin embargo, la flexibilización laboral de los noventa provocó un aumento del desempleo y del trabajo no registrado. La tasa de asalariados sin descuentos jubilatorios pasó del 25,2 por ciento en mayo de 1990 al 49,1 por ciento en el tercer trimestre de 2003.

El patrón de crecimiento inaugurado en 2003 revirtió, por primera vez en más de dos décadas, esa tendencia. En la actualidad, el porcentaje de empleados informales alcanza el 32,8 por ciento. Los trabajadores más afectados son las mujeres y las franjas etarias extremas (hasta 24 años y más de 60 años). Por su parte, las actividades con mayor porcentaje de empleo no registrado son la construcción (63,6 por ciento), hoteles y restaurantes (47,5 por ciento) y el servicio doméstico (82,8 por ciento).

La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, en “La crisis mundial y la experiencia argentina” (Revista de Trabajo, Año 5, Nro. 7) sostiene que “el notable crecimiento económico que experimentó la Argentina desde mediados del año 2003 es el factor que mejor explica el crecimiento del empleo registrado, pero la recuperación de la capacidad de inspección del Estado Nacional, sin dudas, contribuyó al descenso de una tasa de no registración que daba cuenta de la extrema precariedad del escenario laboral de fines de los años ’90 y principios del 2000”.

En ese sentido, las fiscalizaciones enmarcadas en el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) alcanzaron a 1.047.506 establecimientos durante el período 2003-2012. Esas inspecciones detectaron que el 41,1 por ciento de las empresas fiscalizadas tenían al menos una persona trabajando en condición irregular.

La intensificación de las inspecciones laborales se revela como una medida necesaria aunque insuficiente para avanzar sobre el núcleo duro de la informalidad.

Los funcionarios reconocen que ese universo también incluye pequeños establecimientos cuya viabilidad económica descansa sobre la evasión de las cargas previsionales.

Los economistas Ariel Lieutier, Sergio Woyecheszen y Gustavo Ludmer, en “Empleo no registrado: de la distinción conceptual a la diferenciación de políticas”, sostienen que “se requiere del sostenimiento del esquema macroeconómico que priorice el crecimiento de la actividad económica en general, y de los sectores de mayor dinamismo tecnológico y productivo, en particular. En nuestro país, este esquema se ha configurado desde el año 2003 basado en un tipo de cambio competitivo y estable y en la expansión del consumo interno y la demanda agregada, que traccionaron la producción nacional y la inversión productiva... Ello implica, en esencia, trabajar en una agenda de desarrollo que suponga la mayor densidad del entramado productivo nacional y la creación y fortalecimiento de complementariedades, incrementando la generación de puestos de trabajo formales. Por otra parte, también abre la posibilidad de intervenir con políticas focalizadas sobre estas cadenas de valor en la que exista una mayor incidencia de trabajo no registrado a partir de estrategias microeconómicas del tipo de desarrollo de proveedores locales”.

La existencia de un tercio de trabajadores informales da cuenta de la inmensa tarea pendiente.

El menú de alternativas que barajan los funcionarios del Ministerio de Trabajo para enfrentar esa cuestión incluye: creación de un registro de empleadores que incumplen con sus obligaciones previsionales, conformación de un equipo especial de investigación del fraude laboral, intensificación de las inspecciones y diseño de una serie de incentivos dirigidos a pequeños y microempresarios tendientes a facilitar la registración laboral

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