La economía atraviesa una etapa de contracción. Frente a la nueva circunstancia, predecible luego de un salto devaluatorio, el debate más interesante sería profundizar qué parte del freno al crecimiento es cíclica o estructural y qué parte puede haber sido provocada por errores propios. Sin embargo, también predecible por la historia reciente y los poderes en juego, el debate económico continúa atravesado por el rol y peso del Estado en la economía.

La derecha económica y sus brazos mediáticos, ese periodismo que necesita constantemente afirmarse como independiente, aprovechan el momento de declinación para describir paisajes apocalípticos y repetir la necesidad de viejas recetas, las que predominaron en el último cuarto del siglo XX y contribuyeron a abortar un proceso de industrialización incipiente, tarea que, dicho sea de paso, no habría sido posible sin recurrir a los republicanos e institucionales recursos de la sangre y el fuego.

El fantasma del reflujo del campo popular, de volver atrás con los principales logros conseguidos, ayudó a que lo mejor del oficialismo se abroquelara tras uno de los polos que propone este debate. Una opción que permite no apartarse de lo que la oposición denomina “el relato”, esa muletilla que descalifica el credo oficial. Sucede que reconocer errores no suma mística ni votos. Sin embargo, los cambios iniciados en Economía a partir de octubre de 2013 fueron un indicativo de la existencia de autocrítica interna. El proceso supuso el desplazamiento, aunque con premio consuelo, de los principales responsables, no todos, de los daños autoinfligidos. El problema remanente es que el momento de las decisiones correctas parece haber llegado demasiado tarde. El parámetro para juzgar la magnitud de la tardanza es la pérdida de grados de libertad de la política económica.

Algunos datos: esta semana el Banco Central publicó el balance cambiario del primer trimestre del año. A diferencia del balance de pagos, el cambiario permite aproximarse, en los datos que se difunden públicamente, al detalle de los déficit comerciales sectoriales. Según el BCRA, en el primer trimestre del año se realizaron pagos por importaciones de bienes por poco más de 14.500 millones de dólares, lo que significó una reducción interanual del 7 por ciento, explicada tanto por el freno de la economía como por la “administración” de estas compras. Ello permitió, aun en un contexto de caída de las liquidaciones de exportaciones, en particular del complejo sojero, mantener un superávit de la cuenta de mercancías de 570 millones, luego de dos trimestres consecutivos de déficit.

Por el lado de las ventas, los cobros por exportaciones cayeron en todos los sectores y en algunos por encima de lo que permite explicar el menor dinamismo de la economía, lo que reflejaría un fenómeno de “postergación” de las operaciones previsible en un contexto de turbulencia macroeconómica como la del período. Por ejemplo, la caída de cobros fue del 22 por ciento interanual en el sector automotor, acorde con el freno sectorial, pero del 31 por ciento en minería y del 20 en la industria química.

Regresando a las importaciones, se destaca el rubro energético. En un contexto de baja generalizada, los pagos por importaciones petroleras y de electricidad fueron los únicos que crecieron, 19 por ciento los primeros y 13 los segundos. Si se los considera conjuntamente, los pagos por energía fueron cercanos a los 3000 millones, un 33 por ciento más que un año antes y un record histórico para un primer trimestre (frente a cobros algo menores a 1400 millones).

Aunque reduciéndose, los pagos por importaciones automotrices superaron los 2900 millones de dólares, lo que marcó un déficit sectorial en torno de los 1000 millones. Otros sectores con peso importador fueron la industria química, con poco más de 2200 millones, y maquinarias y equipos, con pagos por 1430 millones. Del agregado del balance cambiario no pueden discriminarse los regímenes específicos, como la electrónica fueguina.

Dejando los bienes, en el trimestre se registraron gastos por turismo por 1550 millones de dólares. Otro dato significativo fue que sólo ingresaron inversiones extranjeras netas por 207 millones. Aunque la IED nunca fue significativa en los últimos años, para encontrar un ingreso tan bajo es necesario remontarse al primer trimestre de 2003. De este total, 91 millones se destinaron al sector minero y 51 al petrolero.

Los números no muestran datos estructurales nuevos, pero sí tendencias preocupantes en materia de escasez de divisas: la profundización del déficit energético y la persistencia, aun en un contexto de contracción económica, de una industria muy deficitaria. Todo ello en un contexto de caída de las reservas internacionales al que se suma una reducción al mínimo de los ingresos por inversión extranjera.

Se trata de la reaparición, con nuevos ropajes, de un problema clásico de la política económica local: la pérdida de grados de libertad. La diferencia es que hasta la reestructuración de 2005, cuando comenzó el período de desendeudamiento, la limitación estaba dada por las obligaciones de la deuda pública, mientras que en el presente responde a la escasez relativa de divisas para sostener políticas de demanda. Que la búsqueda de financiamiento en divisas aparezca como la principal salida de corto plazo para recuperar el crecimiento es la muestra más cabal de esta pérdida de grados de libertad.

En este marco seguir atribuyendo los problemas a la maldad intrínseca de las burguesías locales y sus multinacionales aliadas, incluida la globalización en todos sus colores, es apenas un recurso retórico. Aunque se trata de asechanzas reales para cualquier gobierno popular, son factores que también estuvieron presentes en la etapa ascendente del ciclo. Los malos no lo son hoy más que ayer. Por ello, otorgarles centralidad a los grados de libertad de la política económica facilita las respuestas, tanto a la pregunta de cómo se perdieron, como a la de cómo recobrarlos. En el primer caso para que no vuelva a suceder, en el segundo para identificar los núcleos de gestión.

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