El azoramiento que provoca el acelerado cambio de régimen económico genera discusiones poco habituales entre los economistas. Una muy recurrente, ya tratada aquí, es la pregunta acerca de si los funcionarios macristas realmente creen que las medidas que aplican conducen a la recuperación económica o persiguen solamente beneficios de clases o de sectores específicos. No se abundará nuevamente en la cuestión, pero el análisis de la voluntad de los actores no alcanza. Como se dijo muchas veces, la economía es una ciencia con leyes que suponen relaciones causa efecto, pero en la que conviven también distintas escuelas de pensamiento para explicar los mismos fenómenos, como la inflación, la inversión o el crecimiento. Cada escuela, además, tiene sus propias recomendaciones de política. ¿Debe concluirse entonces que todas sus verdades son relativas y dependen de la biblioteca que se consulte? Decididamente no, pues es posible establecer algunos parámetros de evaluación muy elementales. Existen dos muy indicativos: a qué sectores beneficia cada política y que tiene para decir la historia en tanto único laboratorio conocido de las relaciones causa efecto de las políticas.

El problema, como casi siempre, se entiende mejor recurriendo a ejemplos concretos.

Uno muy característico es la inversión. A fines de marzo el gobierno nacional aumentó exponencialmente el valor de las tarifas del gas, pero en paralelo también duplicó el valor del fluido en boca de pozo. Como resultado de esta decisión, el consumidor pagará no sólo la actualización de las tarifas, sino la potente transferencia a las petroleras resultado de otorgarles al gas uno de los precios más altos del mundo. Los economistas del gobierno, no sólo el ministro de Energía y Minería, creen que eso es bueno para la actividad, porque si las empresas tienen mayores ganancias entonces invertirán más. El ejemplo es interesante porque cuenta con todos los componentes. Primero se produce una reorientación de las transferencias. Con el gobierno anterior era desde el Estado a los consumidores vía subsidios y parcialmente de las empresas a los consumidores vía precios, especialmente en tiempos de burbuja de los precios internacionales. Ahora la dirección de los transferencias cambió y va de los consumidores a las petroleras y sólo parcialmente al fisco. De acuerdo al primer parámetro de análisis hay ganadores y perdedores. La previsión de la corriente de pensamiento económico en la que se sustentan las decisiones justifica las transferencias a las petroleras porque presupone que la clave de la inversión son las mayores ganancias. En este punto ingresa el segundo parámetro de validación: la historia. En la segunda mitad de la década del 90 y comienzos de los 2000, las empresas petroleras tuvieron rentabilidades muy elevadas, los consumidores locales pagaron tarifas dolarizadas y precios de los combustibles por encima de los que se cobraban en los países más desarrollados, algo similar a lo que sucederá a partir de ahora con el gas. La misma ideología y las mismas políticas ya fueron aplicadas y el resultado no fue, como hoy se prevé, el aumento de la inversión y la producción. Lo que sucedió fue muy diferente. Las petroleras se limitaron a extraer al máximo la producción de pozos que ya habían sido desarrollados por la YPF estatal, lo que inicialmente se tradujo en un aumento transitorio de la producción y el crecimiento de las exportaciones, para después, frente a la maduración de los yacimientos combinada con la falta de inversión de reposición, iniciar una inexorable caída. Las mayores ganancias del período no alimentaron la inversión, sino la remisión de utilidades. ¿Pueden esperarse en el presente resultados diferentes?

Para ver si la metodología de validación propuesta funciona pueden considerarse más ejemplos, como la inflación. El titular del Ejecutivo se mostró convencido. Dijo que era un problema muy fácil y de rápida resolución. El Ministro de Hacienda no ahorró en previsiones e informó un 20 ó 25 por ciento para 2016. El nuevo titular del Banco Central acompañó la visión. Se sabe, todo es una cuestión de cantidad de dinero. Mucho dinero, precios desbocados, poco dinero, precios contenidos. Pura y bella oferta y demanda. Como diría un marxista de Milton: entre las mercancías generales y la mercancía dinero. Bueno, no tan simple, también hay que regular el tipo de cambio con la tasa de interés y tratar de mantener las paritarias por debajo de la inflación, no por desliz teórico hacía la inflación de costos, sino para quitar presión a la demanda. Fin del credo.

Así, con completa tranquilidad, la moneda se devaluó el 40 por ciento, se eliminaron retenciones sobre bienes salario, se hicieron explotar las tarifas y comenzaron a desmontarse los controles de precios ¿Qué podía salir mal si se acompañaba con una política monetaria restrictiva y la creencia en que el Banco Central regula la cantidad de dinero? Sin embargo hoy, en medio del apagón estadístico, ninguna consultora, incluidas las más oficialistas, estiman una inflación por debajo del 40 por ciento para fin de año, con picos del 45 llegando octubre frente a los ajustes de segunda vuelta por costos de servicios y paritarias. Mientras tanto, todas las expectativas de un freno inflacionario post shock se aferran a condiciones ajenas a la teoría con la que se pensaba obtener una reducción: los menores precios llegaría por vía de la caída de la actividad económica, no de la cantidad de dinero. Para el año el piso estimado de caída ya ronda el 2 por ciento del PIB. Otra vez los dos parámetros: Las medidas implementadas afectaron el ingreso de los trabajadores provocando una contracción del consumo a la vez que beneficiaron al capital financiero y especulativo. En su último informe la consultora Contexto calculó que entre octubre y abril el ingreso de los asalariados cayó el 11 por ciento. Luego, en múltiples momentos de la historia se intentaron políticas similares pero, como en el presente, sólo consiguieron afectar el nivel de actividad.

Una conclusión preliminar de los dos casos considerados, inversiones e inflación, debería ser descartar las teorías fallidas que están por detrás de las decisiones políticas. Sin embargo, en tanto la economía funciona –en el marco de la lucha de clases– como una de las formas de la ideología, no es solamente la validación científica la que sustenta los paradigmas en uso. La segunda conclusión preliminar es que las decisiones políticas de la actual administración parecen basarse en un mix de beneficios a sectores particulares y fallas teóricas. Lo primero es función de su ideología, lo segundo un fenómeno más complejo.