Dicen los que saben que si el cuerpo humano recibe varias heridas al mismo tiempo, sólo siente dolor por la más intensa. Se trata, muy probablemente, de lo mismo que le sucede al observador de las transformaciones económicas disparadas por el acelerado cambio de régimen. Lo primero que se percibe es lo más rutilante; devaluación, cambios de precios relativos, caída del empleo, avances sobre el patrimonio público y megaendeudamiento. Quizá por ello pasó inicialmente desapercibida la fuerte caída de las transferencias a la mayoría de las provincias, aunque no a todas.

A simple vista la redistribución de ingresos en marcha no fue solo entre clases sociales y sectores económicos, sino también entre Buenos Aires y unas pocas aliadas en detrimento del resto “del interior”. Para las provincias desfavorecidas el problema se agudizó dado el marco de caída global de los ingresos coparticipables provocado tanto por las reducciones de impuestos y aranceles como por la fuerte contracción de la actividad económica.

El resultado provisorio es el inicio de un desfinanciamiento generalizado que empujará a muchos estados provinciales a tomar deuda externa, una estrategia funcional al proyecto económico del poder central. Para los objetivos del Estado nacional resulta prácticamente indiferente que el endeudamiento en divisas sea tomado por él mismo, una empresa pública o una provincia, ya que antes o después, si los fondos se usan internamente, los dólares terminarán en las arcas del BCRA a cambio de pesos.

Los números principales son contundentes. Según los datos oficiales en la primera mitad del año los ingresos totales del Estado nacional fueron de casi 698 mil millones de pesos, lo que significó un aumento interanual del 28 por ciento en el marco de una inflación que promedió el 45, es decir una caída de ingresos reales de casi el 12 por ciento. Este resultado, predecible cuando comenzó a conocerse el plan económico de Cambiemos, invita a insistir y recordar los errores teóricos con la ilusión de que no se persista en el engaño permanente: las metas de déficit no pueden separarse de la evolución del producto. Si se toman decisiones económicas que hacen caer el PIB, también caerán los ingresos y aumentará el déficit aunque al mismo tiempo se contraiga el gasto. Se trata de una de las tantas diferencias entre el análisis macroeconómico y la simple observación de una hoja de balance.

Luego, una de las consecuencias sincrónicas de los menores ingresos nacionales es la caída proporcional de los recursos provinciales atados a ellos, tanto los de la Coparticipación Federal de Impuestos como los de las leyes especiales que reglamentan los distintos fondos específicos. Según se reseña en el último Informe de Coyuntura mensual del ITE-Fundación Germán Abdala, en los primeros seis meses del año las transferencias a las provincias sumaron poco más de 262 mil millones de pesos, un aumento nominal del 35 por ciento interanual y una caída real de alrededor del 7 por ciento.

A estas cifras se suman las transferencias directas del Estado nacional a las provincias y municipios que se realizan por fuera de la coparticipación, las que según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) sumaron casi 40 mil millones de pesos en el semestre, una suba nominal interanual de apenas el 3,2 por ciento, pero una caída real del 29 por ciento. Si se mira lo que hay dentro de estas transferencias se encuentra que caen especialmente las que financian inversiones, mientras que las financieras también se contraen durante los primeros cinco meses pero se recuperan en junio.

El punto crítico es que la mayoría de las provincias, con escasos matices, tienen presupuestos altamente dependientes de los recursos coparticipables. A ello se suma que el grueso de sus recursos están vinculados a gastos corrientes e inelásticos, principalmente salarios, lo que implica que la baja en las transferencias nacionales se traduce inmediatamente en escasez presupuestaria. El segundo punto, cuando se trata de procesos de largo plazo como el iniciado en diciembre pasado, es la baja más que proporcional de la obra pública.

El efecto de las políticas nacionales contractivas es entonces inmediato y devastador para las provincias. Quizá esta conciencia llevó a muchos gobernadores al “pragmatismo” de acompañar las políticas del nuevo gobierno pensando que podrían escapar al maleficio de la escasez. Hoy muchos de estos dirigentes comienzan a darse cuenta que la única salida para las penurias actuales será iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento. Y muy probablemente sólo para financiar gastos corrientes. No son procesos novedosos para la historia económica local.

No obstante, la contracción de ingresos provinciales no es un hecho de mera proporcionalidad vinculada a la caída de ingresos nacionales y a la decisión de recortar la inversión pública. También hay transferencias interprovinciales. Entre ellas se destaca el fallo de la CSJ de fines de noviembre de 2015 que obligó a devolver el 15 por ciento de recursos coparticipables que se destinaban a la Anses y el 1,9 a la AFIP a Córdoba, Santa Fe y San Luis. Luego siguió en enero el fuerte aumento de la coparticipación a la CABA, que pasó del 1,4 al 3,75 por ciento. Con ambas medidas estos 4 distritos recibieron una proporción mucho mayor de la ya menguada masa coparticipable. Finalmente se sumaron las provincias que por cercanía ideológica o necesidades legislativas del gobierno nacional recibieron adelantos de coparticipación por casi 12.500 millones de pesos. A la cabeza y con el 70 por ciento de los adelantos se encuentran Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Neuquén.

El nuevo mapa federal con eje en CABA-PBA y sus satélites ideológico-legislativos rememora el centralismo unitario de los tiempos en que las oligarquías del interior se quejaban amargamente de “los piratas de Buenos Aires”.