Nadie está exento. A todos puede ocurrirles alguna vez encontrarse en un universo cerrado en el que se construye una realidad que afuera no existe. La creencia en la realidad imaginaria se refuerza si, a la razón consentida entre propios, se suma la prensa hegemónica reproduciendo como válidos los sinsentidos. Tal es hoy el mundo del oficialismo y sus satélites. Pero la economía tiene una característica: se puede camuflar por algún tiempo, trabajar sobre las expectativas, pero al final la realidad siempre se manifiesta.

Primero fue la inasible recuperación del segundo semestre, le siguió la poco feliz luz al final del túnel y, luego, los prematuramente marchitados brotes verdes. Ahora se habla de la mejora del consumo y la obra pública como los factores que tirarían del carro en el año electoral. Pura imaginación. Aun en el mejor de los casos estas variables no alcanzarán para contrarrestar la caída global de la demanda. Los ingresos seguirán sin recuperarse frente a la inflación y la inversión pública del Presupuesto 2017 ronda los 2 puntos del PIB.

Mientras tanto, el gobierno que cuando era oposición reclamaba políticas de largo plazo, ya antes de completar su primer año recurre a las recetas más cortoplacistas: mantener déficit elevados y tomar deuda desaforadamente para atrasar el tipo de cambio respecto a la inflación. Con ello probablemente logrará frenar transitoriamente la caída de la economía sobre la base de la leve mejora de la masa salarial medida en dólares, pero será a costa de empeorar tremendamente la situación estructural. Sus hasta ayer austeros economistas despertaron súbitamente a la realpolitik y hacen la vista gorda porque “no se puede perder las elecciones”, maravillas del neopopulismo financiero.

Lo que hoy vive la economía local, con déficit comercial creciente y proyectado hasta fin del actual mandato presidencial, es el equivalente a quedarse sin ingresos laborales e hipotecar la casa para fingir que nada sucede. Mientras dura el crédito está todo bien, pero en el camino sólo se produce una pérdida patrimonial que agrava la situación. La Alianza PRO consume a una velocidad inusitada la herencia de desendeudamiento recibida a la vez que carga los nuevos costos a las generaciones futuras. En sólo dos años la deuda se acrecentará en alrededor de 100 mil millones de dólares. Resulta llamativo que estas prácticas destructivas, cuyos resultados ya se experimentaron en el último cuarto del siglo XX y eclosionaron en la crisis de 2001-2002, vuelvan a suceder en medio del silencio generalizado de quienes comprenden los ciclos económicos. Un muy reconocido consultor de la city lo reconoció off the record a este columnista: “el modelo no es sustentable, pero tienen resto de crédito para dos años más”. La frase, créalo lector, es literal.

Los nuevos irresponsables cuentan a su favor con el manto de olvido de la población evidenciado por la historia. Si hasta el fallido ex presidente Fernando de la Rúa, que escapó en helicóptero después de teñir las calles con sangre y muerte de sus compatriotas, reapareció impune en las reuniones públicas y en las recepciones de la embajada estadounidense. No parece extraño cuando muchos de quienes fueron sus funcionarios y ministros hoy ocupan lugares de alta responsabilidad en el gobierno PRO. Los pueblos que no tienen memoria, dicen, están condenados a repetir la historia.

Algunos datos puntuales complementan la nueva época. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno al asumir fue dibujar el déficit fiscal heredado y cargar contra la “grasa militante” en el Estado. Más allá del revanchismo, parece lógico. Se sabe que los gobiernos neoliberales, al menos discursivamente, son enemigos del empleo público. Según el ministro Alfonso Prat Gay, el objetivo central era que el Estado recupere el “músculo” perdido. En lo que va de la actual administración, según relevó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los despidos en los tres niveles del sector público sumaron 70.000. Sí se recorta sólo el Estado nacional los echados fueron 12.000. Al mismo tiempo se amplió considerablemente la planta política. Se crearon 4 nuevos ministerios, 15 secretarias y 29 subsecretarias con sus respectivas direcciones nacionales, una expansión de la estructura jerárquica de alrededor del 20 por ciento sin ponderar los significativos aumentos salariales.

Pero las transformaciones no terminan aquí. En el último informe de seguimiento del empleo del sector público del Ministerio de Trabajo, se observa, efectivamente, una fuerte caída del empleo en el primer trimestre del año, el momento pico de los despidos. Sin embargo, a partir de abril de abril la tendencia cambia. Para junio, el último dato publicado, el Estado nacional ya contaba con 3000 trabajadores más que en noviembre de 2015. Dicho de otra manera; si se suma la variación del empleo público neto y los despidos, se tiene que la Alianza PRO contrató en apenas siete meses a 15.000 nuevos empleados públicos. No parece un Estado muy austero. Para Emiliano Bisaro, director de la Fundación Germán Abdala, de ATE, estos números son “la demostración de que el proceso de despidos no puede vincularse a una estrategia de presunta eficientización, sino que fue, lisa y llanamente, una persecución política”. En léxico Prat Gay, en cambio, se trató del reemplazo de una grasa militante por otra todavía más gorda, lo que con un poco más de seriedad invita a reflexionar sobre la situación de desprotección de los trabajadores públicos frente a los vaivenes del ciclo político.

El balance provisorio, entonces, muestra multiplicación del endeudamiento, transferencias al capital y persecución política, pero también déficit, inflación y mucha “grasa militante”. Todos los defectos del neoliberalismo, pero ninguna de sus virtudes supuestas. La realidad más dura, hasta ahora, es que el gobierno que suceda a la Alianza PRO encontrará un panorama desolador: las arcas vacías y vueltas a endeudar, los presupuestos seriamente comprometidos por generaciones y una planta estatal acrecentada y partidizada.