INFRACCION

Cuando el Correo estaba privatizado, en manos de Macri y familia, el Estado les reclamaba por haber subido sin autorización el costo de los envíos, por ejemplo de las cartas documento. Pero el precio abusivo sigue en vigencia, aun ahora que el Estado tiene el control de la empresa. O sea, el Estado está en infracción. Total, ¿quién va a multar al Estado?

Gustavo Bolotti
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IDEAS

Soy empresario pyme y tuve dos malas ideas: una, poner una industria con máquinas y personal (aclaro, todos en blanco), y otra, que esas máquinas funcionaran con electricidad. La primera mala idea la dejo para otro correo. La segunda mala idea es porque recibo factura de Edenor cuenta 794018679728 y por haber consumido 3800 kw por valor de 408 pesos me multan por un valor exactamente igual o sea 408 pesos (Res. Sec. Nº 745/05) que más impuesto y cargo fijo, etc., se me fue a 1100 pesos. Me lo hacen jugar con el mismo período del año anterior. Pero el año anterior, este lugar tuvo un consumo 0 kw porque estaba desocupado. Aclaro que el establecimiento es propiedad mía. Atención: busco máquinas a GNC. Ya mandé al ENRE el reclamo y sigo esperando que alguien se apiade de mí, per cortesia, addio.

Ricardo Scali
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SEGURO

Al excelente resumen de situación ilustrado por el Dr. Fernández López en El Baúl de Manuel (Cash del 23//10/05), le falta una pata. ¿Dónde está el control del Estado cuando deja funcionar estas compañías de “seguros”? ¿Qué hace la Superintendencia de Seguros cuando recibe denuncias contra las pseudo compañías aseguradoras? ¿Será, quizá, que los poderes políticos son cómplices y socios de esta organización cuasi delictiva? Vale recordar, nomás, el incidente reproducido en algunos medios donde el ministro de Economía, que el 3 de diciembre de 2001 instauraba el “corralito financiero”, estaba más preocupado por pedirle la renuncia al superintendente de Seguros que intentaba liquidar una aseguradora de absoluta insolvencia, con más de 800 denuncias y 120 irregularidades comprobadas, sin perjuicio de los pedidos de quiebra que detentaba. El ministro no está más, el superintendente renunció ese día, la compañía siguió funcionando un año más y hoy, con otro nombre, sigue en el mercado asegurador, y los grupos económicos que la manejan se hallan vinculados fuertemente al negocio del transporte. Entonces, hay muchos funcionarios que, vaya uno a saber por qué razón, permiten la estafa organizada bajo la forma de empresa. El poder político no es ajeno a esto, conoce de estas irregularidades y las permite, lo cual lo convierte, como tantas veces, en curioso socio del delito.

Marcelo Rubin