Muchos ciudadanos hemos observado con enorme sorpresa cómo un sector de trabajadores ha podido obtener beneficios impositivos utilizando como amenaza la huelga, que produciría el desabastecimiento de energía en todo el país. El Gobierno reaccionó concediendo esos beneficios porque sintió que existía una amenaza real. Para resolver el conflicto violó la Constitución nacional que en su artículo 16 establece que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Este privilegio adquirido se basa en la desgravación impositiva de los denominados “tickets de comida” que sólo son concedidos al personal que trabaja en empresas pertenecientes a los sectores de petróleo y gas. Los demás ciudadanos “de segunda” que también trabajamos en relación de dependencia y que recibimos “tickets” de diferentes tipos debemos luchar cívicamente para reparar esa discriminación. Este hecho debería también abrir un debate sobre la distribución de las cargas impositivas. Los jubilados que cobran 500 pesos no pueden amenazar con dejar al país sin energía, pero tienen derecho a cobrar haberes dignos. También los sueldos de maestros, médicos, enfermeros de hospitales y otros trabajadores deben ser adecuados y dependen de los impuestos que cobre el Estado. Seguramente las huelgas de maestros para solicitar 150 pesos de aumento mensual serán tildadas de antisociales por las mismas autoridades que han desgravado a algunos trabajadores con mayor poder corporativo. ¿Cómo se aumenta el presupuesto de salud, educación y las jubilaciones sino a través de los impuestos? ¿Quiénes deben pagar las cargas impositivas? En las sociedades más igualitarias, los impuestos personales son altos. Debemos ser conscientes de ello. Los ciudadanos que más ganan, más pagan. Dar beneficios impositivos sectoriales irrita a la sociedad. ¿Cuándo habrá un debate sobre la conveniencia de que la renta financiera sobre acciones, bonos, esté gravada? El tipo de sistema impositivo de un país define el tipo de sociedad en la que se vive. Algunos sectores pretenden menor gasto, pero si aspiramos a contar con un sistema social de calidad debe existir un sistema impositivo justo y un Estado que no despilfarre. No me cabe duda de que, para el caso en cuestión, la reivindicación debe ser por mayor salario y no por menores impuestos. Igualmente considero que los “vales de comida” no deben estar incluidos dentro de los montos imponibles, pero esa exención debe incluir a todos los asalariados. Hasta el momento, ni el Gobierno ni la oposición se han mostrado interesados en debatir sobre el sistema impositivo al que aspiramos. La situación económica del país permite ese análisis. ¿Habrá llegado la hora?

Daniel Geler
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